Opinión
Existe gran expectativa respecto a que la conducción de la política internacional del país encontrará su cauce. A nivel curricular, el país entiende que las tres nuevas máximas autoridades de la Cancillería tienen, de sobra, los méritos para hacerlo. No obstante, y como en la práctica lo que cuentan son los porfiados hechos, por ahora lo que corresponde es esperar y desear al nuevo equipo de Relaciones Exteriores la mejor de las suertes en la reconstrucción de un sector de vital importancia para la seguridad, el bienestar y las oportunidades de desarrollo del conjunto de la sociedad.
Luego de un año de continuo canibalismo político entre autoridades designadas y clanes de funcionarios progresistas de carrera, justo un día antes del primer aniversario de su Gobierno, el Presidente de la República se vio –en todos los hechos– obligado a decapitar la cúpula del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Más allá de cualquier consideración o explicación de forma o de fondo, la inviabilidad del tridente Urrejola-Fuentes-Ahumada era, desde hace meses, un hecho conocido y reconocido por el conjunto de la opinión pública.
Más allá de la ahora anecdótica colección de errores y chapuzas del primer año de relaciones internacionales de la actual administración, lo concreto es que, de todo aquello, la principal perjudicada ha sido la diplomacia profesional.
Además de que –para la mayoría de los ciudadanos– la política internacional del Gobierno no ha sido turquesa (ni de ningún tono), como una ventana indiscreta el episodio del audio filtrado con opiniones de algunos altos funcionarios de carrera ofreció acceso libre a un espectáculo que no le gustó a nadie.
Desde esa óptica, el alegato post facto de algunos respecto a que esto no pasaría si todos los embajadores fueran de carrera no es solo inoportuno, sino que claramente divorciado de la realidad. Opiniones de este tipo no aportan a la solución del problema, pues suponen negar la evidencia que demuestra que nuestro servicio diplomático atraviesa por una preocupante crisis de credibilidad (y por una igualmente grave crisis de unidad).
El Presidente de la República parece haber entendido y asumido estas circunstancias, y ha dispuesto un restart para la política exterior de su Gobierno.
Toda vez que existe consenso respecto a que, en lo principal, la acción internacional del Gobierno debería ajustarse a una política de Estado (trasversal y de largo plazo), las circunstancias indican que, para ese fin, el nuevo canciller y sus subsecretarias deberían, entre ellos mismos, consolidar un equipo de trabajo con lealtades personales que hasta hace poco estuvieron ausentes en la Cancillería. Solo ello podrá asegurarles una plataforma que, en lo inmediato, les permita enfrentar dos tareas que, a nuestro juicio, son impostergables.
La primera y más evidente consiste en reordenar la asignación de puestos de responsabilidad de la Cancillería (especialmente en Santiago), e imponer orden y tranquilidad en un servicio que se sabe dividido, y que el observador externo aprecia falto de mística para servir y para hablar por Chile.
Para los efectos –en realidad una exigencia de la ciudadanía– el nuevo canciller y su equipo deberían sobreponerse a simpatías, antipatías o cercanías políticas, y privilegiar la práctica del mérito profesional.
El Servicio Exterior aún cuenta con numerosos funcionarios de experiencia y talento intelectual que, si por razones de sensibilidad política o ideológica siguieran marginados del análisis y de la toma de decisiones, no solo se agravaría la crisis que afecta a dicho servicio, sino que el Gobierno terminaría contribuyendo al debilitamiento de su propia acción y posicionamiento en el exterior.
Para que ello no ocurra es, sin embargo, necesario que el propio Presidente y las coaliciones políticas que lo apoyan estén dispuestos a privilegiar el mérito profesional por sobre consideraciones de corto plazo. Si el Presidente optara –como el interés permanente del país lo merece– por privilegiar el mérito en lugar de las militancias, entonces todo el resto del espectro político debería garantizarle su apoyo. Solo así podremos aspirar a una política exterior de Estado.
Nuestra verdadera primera línea de defensa debe recobrar sus capacidades y su mística, para estar a la altura de los desafíos y amenazas que –mucho más allá de consideraciones feministas o de derechos humanos en el habitual sentido abstracto– en el mundo real (y como Nación) debemos todos juntos enfrentar.
El segundo asunto impostergable lo constituyen las relaciones vecinales y la defensa de la intangibilidad del territorio.
Este es un desafío trascedente y complejo, que exige un análisis renovado en el que el cálculo político incorpore, de una vez por todas, el elemento geográfico. Ello porque, como en años recientes el mismo progresismo se encargó de establecer, Chile cambió.
Además de gobernadores y gobiernos regionales elegidos por votación popular, en las regiones –especialmente en las extremas– hoy existen prensa y capacidades propias de análisis crítico sobre el actuar (o la inactividad) de la Cancillería, en cualquiera y todos los temas que afectan la administración de los territorios terrestres, polares y marítimos, con sus respectivos recursos naturales.
Hoy los gobiernos y las opiniones públicas regionales no están dispuestos a no ser consultados en materias tales como el manejo de sus recursos hídricos, la apertura o cierre de pasos fronterizos, el uso de su borde costero, o la postergación ad eternum de los límites de la plataforma continental hasta y más allá de las 200 millas marinas.
Tal como parece haber sido concebida durante el Gobierno Bachelet 1, en la actualidad resulta inaceptable e impracticable cierta política vecinal de apaciguamiento, plagada de omisiones y gestos con impacto sobre los tratados vigentes y los territorios regionales.
No hay espacio para, entre varios ejemplos, ejercicios inconsultos del tipo agenda de los 13 puntos con Bolivia, con sus sombras de promesas que pueden afectar la intangibilidad del territorio nacional. Menos aún si Bolivia insiste en emplear el tráfico de inmigrantes ilegales y el contrabando (con su componente de crimen transnacional organizado) como armas arrojadizas en contra de Chile. Tampoco queda paciencia con la cartografía oficial argentina que, a pesar de los compromisos vigentes, describe al Campo de Hielo Sur totalmente delimitado conforme con su propia tesis maximalista.
Este último ejemplo indica que la relación con Argentina constituye, sin duda, el desafío más complejo para el nuevo canciller y su equipo.
A fines del Gobierno Bachelet 1 –y en el marco de los preparativos para la firma del Tratado de Maipú (2009)–, Argentina declaró sus pretensiones de plataforma continental extendida que, atravesando las Falkland/Malvinas y otros archipiélagos bajo administración británica, reclamó parte sustantiva de la Antártica Chilena.
No solo eso. Argentina también reclamó una extensión de territorio submarino al sur del cabo de Hornos más allá de lo pactado en 1984, extendiendo unilateralmente el límite con Chile. De esa forma nuestros vecinos terminaron por imponernos una nueva disputa territorial. Para entender la complejidad de este desafío, solo basta estudiar los mapas y cartas marinas respectivas.
Si en este último asunto las nuevas autoridades quieren –como esperamos– permanecer fieles al Decreto Antártico de 1940 y al Artículo 2 del Estatuto Antártico de 2020, entonces, sin demora, les convendría construir un análisis de conjunto y prospectivo para disponer de lineamientos claros y sólidos para enfrentar los próximos años de relación bilateral con nuestro vecino del Este.
Se trata de desafíos complejos y complicados, pero también fascinantes.
Existe gran expectativa respecto a que la conducción de la política internacional del país encontrará su cauce. A nivel curricular, el país entiende que las tres nuevas máximas autoridades de la Cancillería tienen, de sobra, los méritos para hacerlo.
No obstante, y como en la práctica lo que cuentan son los porfiados hechos, por ahora lo que corresponde es esperar y desear al nuevo equipo de Relaciones Exteriores la mejor de las suertes en la reconstrucción de un sector de vital importancia para la seguridad, el bienestar y las oportunidades de desarrollo del conjunto de la sociedad.
