Opinión
El problema de la vivienda está indudablemente enlazado con la crisis económica que atraviesan cientos de miles de estas familias. La inflación galopante, las alzas de precios, el deterioro de los sueldos reales y la ausencia de medidas que defiendan el bolsillo de los pobladores evidentemente están arrasando con la posibilidad de acceso a la vivienda. A la gente que no le alcanza para llegar bien a fin de mes, mucho menos le alcanza para ahorrar. En las poblaciones, la inflación se traduce rápidamente en aumento del hacinamiento, ya que es cada vez más difícil pagar arriendo. Tampoco sabemos ni medimos cómo impacta el hacinamiento en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.
El notable agravamiento de la crisis habitacional que vive nuestro país debe ser visto como un proceso vivo y en pleno desarrollo, que, como toda crisis, muestra comportamientos inesperados y puede experimentar giros sin retorno. Como ha reiterado en varias ocasiones el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, la incapacidad del sistema para atajarla puede llevarnos a un abismo.
Los resultados del Catastro Nacional de Campamentos que entregó Techo ayer debieran estremecernos: desde el 2021 hasta la fecha, aumentó en casi un 40 por ciento el crecimiento de los campamentos. Según el informe, en Chile 113.887 familias viven en 1.290 asentamientos que carecen de los beneficios de la urbanización, como el agua, la luz y el alcantarillado.
Especialistas como Sebastián Bowen de Déficit Cero han reiterado que las tomas de terrenos son la punta del iceberg de la crisis de la vivienda. En el fondo, esconden una desconocida profundidad que se reconoce en los patios de atrás de las poblaciones y en los comedores convertidos en dormitorios de los blocks en altura. El Estado ha sido incapaz de medir estas cifras, no sabemos a ciencia cierta la magnitud del déficit habitacional en el país, evidentemente los datos del CENSO 2017 están desactualizados. Así como gracias a Techo podemos cifrar la cantidad de familias que viven en campamentos, también debiéramos saber cuántas viven allegadas y en arriendos precarios o abusivos.
El problema de la vivienda esta indudablemente enlazado con la crisis económica que atraviesan cientos de miles de estas familias. La inflación galopante, las alzas de precios, el deterioro de los sueldos reales y la ausencia de medidas que defiendan el bolsillo de los pobladores evidentemente están arrasando con la posibilidad de acceso a la vivienda. A la gente que no le alcanza para llegar bien a fin de mes, mucho menos le alcanza para ahorrar. En las poblaciones, la inflación se traduce rápidamente en aumento del hacinamiento, ya que es cada vez más difícil pagar arriendo. Tampoco sabemos ni medimos cómo impacta el hacinamiento en la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes.
Si los resultados del Catastro Nacional de Campamentos 2020 y 2021, que demostraron una poderosa alza de las tomas de terrenos y que 81.643 familias estaban viviendo en 969 campamentos, generaron una fuerte polémica y obligaron a las autoridades del gobierno anterior a realizar un giro de timón en materia habitacional, debiéramos esperar que el nuevo informe, al menos, despierte un debate sobre cómo se esta ejecutando el Plan de Emergencia Habitacional del Minvu y las medidas sociales del Gobierno que espera la población, como los reajustes salariales y el control de las alzas de precios.
