Libre comercio: ¿cómo queda nuestra producción agroalimentaria?

La liberalización del comercio agroalimentario ha sido un proceso largo, arduo y aún incompleto. No se inicia voluntariamente. Más bien, ha sido el resultado de diferentes necesidades y demandas económicas y políticas de algunos países avanzados (principalmente, Estados Unidos) que vieron amenazados sus intereses comerciales, por la consolidación y expansión de la Unión Europea y su política agrícola (CAP / PAC). Inicialmente, también contribuyeron las presiones del Grupo Cairns, en el que se entremezcla un pequeño número de países en desarrollo, con los intereses comerciales de exportadores agrícolas tradicionales. Chile ha sido miembro del Grupo Cairns desde su fundación en 1986.

Podría argumentarse que el proceso de “liberalización” de la producción y comercio agroalimentario –y de las negociaciones correspondientes– comienza con la Declaración de Punta del Este, en septiembre de 1986. Esta marca el inicio de la Ronda Uruguay y –años más tarde– el nacimiento de la OMC (OMC, “La Ronda Uruguay”). Esta fue una larga negociación –tal vez las más compleja y completa ronda multilateral de negociaciones comerciales– que logró avances importantes en materia de liberalización en varios sectores. Sin embargo –y por la forma en que se ha negociado e intentado proteger los intereses agroalimentarios de algunos países– ha sido un proceso “opaco” y poco inclusivo. Al comienzo, la negociación solo “abrió espacio” a la participación parcial de países en desarrollo y por ello favoreció a los países más avanzados, que han “liberalizado selectivamente” sus mecanismos de protección, manteniendo por décadas, parte de sus sistemas o redes de protección agroalimentaria. Por muchos años, he argumentado lo “truncado” y “sesgado” que ha sido este proceso de “liberalización selectiva” (“La internalización de la Producción Agro-alimentaria y el Comercio Agrícola Mundial”, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1992).

Actualmente, la producción y el comercio silvoagropecuario y alimentario mundial son solo parcialmente “libres”. Creo que este nunca será un comercio libre de barreras, debido a una combinación de factores técnicos, de desarrollo rural y medioambientales, económicos y políticos. En contraste, en Chile hemos profundizado substancialmente la liberalización del comercio agroalimentario a partir de los TLC bilaterales negociados en los años 90, en particular, con los tratados firmados con el Mercosur, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Pero ¿somos conscientes del enorme desequilibrio que existe en las “reglas” con que conducimos nuestro comercio agroalimentario? Creo que no, y no podemos seguir ignorando esta situación. No obstante, parece que nuestras autoridades económicas y comerciales lo desconocen o podría ser que, simplemente, hagan “vista gorda”. Esto es lo que intento ilustrar en los próximos párrafos.

Creo haber revisado todos los informes (catastros) que han sido publicados por la Direcon / Subrei y que a la fecha de escribir esta columna se encontraban disponibles en el Portal oficial del Servicio. Estos, supuestamente, describen (todas) las barreras que enfrentan nuestras exportaciones agroalimentarias. Y, lamentablemente, me veo en la necesidad de reiterar lo indicado en el párrafo anterior: al parecer, en la Subrei desconocen o hacen “vista gorda” de las barreras que enfrentan las exportaciones agrícolas y alimentarias chilenas. La desprolijidad que me pareció encontrar en la entrega de esta información es tal, que hace virtualmente imposible darle continuidad al seguimiento de las medidas o barreras que impiden y dificultan nuestras exportaciones. En esta columna es imposible hacer un examen exhaustivo de todos los catastros publicados, pero en términos generales, los informes disponibles ni siquiera utilizan la misma metodología, formato y presentación. En algunos años, por ejemplo, el informe es preparado y presentado a nivel de países, en otros no se publicó, mientras que –en algunos– la presentación se realiza por grupos de productos. Los países, productos o grupos de productos no siempre son los mismos.

En el caso de los “informes por países”, no existe ninguna priorización en los países incluidos. Así, en diversos casos se pierde información relevante. En otros, se incluye a países que tienen escasa o ninguna importancia comercial para Chile. En los catastros de 2018 y 2019 se incluye, por ejemplo, en el Capítulo de Asia, a Kazajistán y Kirguistán, países a los que según la Edición 19ª del Catastro exportamos solo US$4 millones y US$0.07 millones, respectivamente. Y, en la Edición 2022 del catastro, en el Capítulo de Asia, se excluye a India, al mismo tiempo que la Subrei insiste en la necesidad de “profundizar” el TLC con ese país. Más importante, en América del Norte no se incluyó a Canadá ni a los Estados Unidos. ¿Acaso no hay barreras, trabas o medidas que nos impidan competir libremente? NO, no es así.

Esto me lleva a temas que conozco en algo más de detalle: Estados Unidos y Canadá. De los 8 informes hoy disponibles en el Portal de la Subrei (publicados entre 2016 y 2022), solo cinco fueron presentados con el título de “Catastro (Nacional) de Barreras no Arancelarias …” que afectan a nuestras exportaciones. Los catastros entregan la información a nivel de países, pero el formato y contenido de la información difiere de año en año. Nuevamente, a modo de ejemplo: la información publicada sobre EE.UU. en el año 2016 (catastro 2015) es relativamente completa. Sin embargo, la información publicada en el 2017 es muy incompleta, sin que se haya registrado cambios en EE.UU. Y, sorprendentemente, los catastros correspondientes a 2018 y 2019 informan que … No se registraron “barreras comerciales relativas a MSF y OTC aplicadas por EE.UU.” El próximo catastro es el correspondiente al 2022, que –como ya se destacó arriba– no incluyó a Estados Unidos. ¿Qué cambió durante todo este período? Poco y nada.

Lo único importante fue la publicación del Systems Approach para arándanos, realizada por USDA – APHIS, publicación que fue demorada injusta y burocráticamente por mucho tiempo (aclaro, no fue demorada por APHIS). Parecería que la larga lista de temas “por resolver” informados en 2016, ya los habríamos “normalizado”. Destaco que, aun cuando “perdemos terreno en el mercado norteamericano”, nuestras exportaciones agrícolas y alimentarias a los Estados Unidos aún funcionan, pero en ningún caso podríamos afirmar que es un “comercio sin barreras”. No podemos ignorar, tampoco, la enormidad de los recursos que asignó su “Farm Bill 2018” (“Agriculture Improvement Act of 2018”, USDA – ERS) en apoyo del sector agrícola y alimentario durante el periodo de duración de la presente ley, 2018 a 2023 (US$428.000 millones).

Respecto de Canadá, los “catastros” no son mejores y parecen “obsesionarse” con las restricciones (fidedignas, por cierto) existentes para la comercialización de bebidas alcohólicas y vino. Pero –al mismo tiempo– parecen haber olvidado la existencia de “cuasiestancos” –por ejemplo– en el mercado avícola y de lácteos. Así, en el caso del sector avícola, la producción está regulada por el “Agricultural Products Marketing Act”, que autoriza a las agencias federales de Canadá a asignar “cuotas de producción” a las provincias, remover excedentes y regular el comercio. A su vez, los Marketing Boards provinciales, asignan cuotas de producción a granjeros y promuevan las ventas (“What is Supply Management?”; Chicken Farmers of Canada; y  “Poultry Farming”, Canadian Encyclopedia).

Tampoco vi mencionadas las numerosas medidas de apoyo anunciadas por el Gobierno canadiense para proteger a productores agrícolas de los efectos de la mayor apertura comercial (CUSMA, CETA o el CPTPP). Estos “programas” financian diversas medidas de apoyo, por ejemplo, a productores vitivinícolas, avícola o de lácteos y facilitan la apertura de nuevos mercados. Esto programas de “compensación comercial” tendrían un costo cercano a los 5.000 millones de dólares canadienses ¡Así, cualquiera quisiera practicar el libre comercio! ¡Que viva el libre comercio! (“Agricultural programs and services”; “Supporting Canada’s supply-managed sectors”, Agriculture and Agri-food Canada).

¿Qué nos ocurre? La falta de prolijidad de los catastros antes mencionados es: ¿Sólo falta de prolijidad? ¿Desconocimiento del trabajo a realizar? ¿Falta de recursos y tiempo? O ¿realmente no nos interesa ni nos importa que esté ocurriendo? Difícil saberlo. Pero, de hecho, no estamos haciendo bien la “pega” y, en mi opinión, creo que es una mezcla de todo ello. Y, más importante, ocurre porque nunca nos hemos dado el tiempo de tomar seriamente en consideración los efectos negativos de una apertura comercial  “por la nuestra”, que ha sido impulsada “con todo”. Y creo que no le interesó revisarlo a ninguno de los gobiernos anteriores. Tenía la esperanza de que –por su Programa de Gobierno– esta administración tendría otra actitud, pero hasta ahora no se ha materializado. Creo que tampoco apreciamos (o tal vez ignoramos) los desafíos futuros que deberá enfrentar (y posibles oportunidades) nuestro comercio agroalimentario, en la incierta globalización y cambiante orden internacional. Los cambios hechos en la Cancillería renuevan mis esperanzas.

Hagamos una pausa y reflexionemos. Mejoremos y consolidemos los logros alcanzados, y no sigamos improvisando. Que no nos “pillen volando bajo” nuevamente. El Presidente lo dijo hace unos días: el cambio de gabinete permitirá mejorar la gestión del Gobierno. Tenemos un experimentado canciller con una enorme “pega” por delante. Y, afortunadamente, ya mencionó a América Latina como una de las tareas pendientes. Prioricemos las oportunidades de integración regional con los vecinos, y no con Asia.