Opinión
A pocos días de iniciarse el segundo año del Gobierno encabezado por el Presidente Gabriel Boric y luego de haber nombrado como nuevo subsecretario de Educación Superior al académico e investigador Víctor Orellana en reemplazo de Verónica Huencho, vale la pena mirar de manera critica pero constructiva, lo realizado en el sector en 2022 y las perspectivas y desafíos para 2023 y los años que restan de la actual administración.
Sin duda el actual gobierno se inició en un escenario complejo para el desarrollo de su programa, con minoría en ambas cámaras y una difícil situación económica, con un presupuesto restrictivo, alta inflación y desempleo, y bajo crecimiento.
Al mismo tiempo, en su primer año debió avanzar en la consolidación de un trabajo conjunto entre su diversa base de apoyo política, conformada por dos coaliciones, apruebo dignidad y socialismo democrático.
Tener claridad en este escenario es fundamental para realizar un escenario objetivo de lo realizado y lo pendiente.
Aun así el balance de este primer año no resulta positivo. El gobierno se impuso una ambiciosa agenda que entre otros proponía: condonación universal de las deudas estudiantiles y creación de un nuevo sistema; reconstrucción y expansión de la educación pública; mejoras a la gratuidad y políticas de financiamiento; y reconceptualización y mejoras a la calidad integral en la educación superior.
Cuesta encontrar avances en alguno de estos temas. En el caso de la condonación de deudas, el Presidente Boric anunció en junio su inicio parcial en 2023, sin embargo, a la fecha se desconocen detalles y no existen partidas de presupuesto destinadas a ello. Mientras que sobre el diseño de un nuevo sistema, en 2022 no se conoció ningún detalle.
En lo relativo al fortalecimiento y expansión de la educación pública, ello tiene una medida central que ni siquiera estuvo en el debate de 2022, y que consiste en el aumento de la matrícula de las universidades estatales, sin ello no hay expansión posible.
En cuanto a gratuidad y financiamiento los Rectores del Consorcio de Universidades Estatales han sido claros al señalar el abandono en que se encuentran sus universidades, lo que se vio ratificado con un presupuesto público para 2023 que no abordó ninguna de las urgencias de estas instituciones. El país debe resolver cuál será el rol de las universidades públicas y si avanzará en un sistema de financiamiento institucional acorde con sus funciones. Al menos este primer año de gobierno siguió postergando este debate, que por cierto requiere revisar un modelo de gratuidad insostenible no solo para las universidades, sino también para el país y que vino a profundizar aún más la misma idea de financiamiento a la demanda.
Por otra parte si vemos el crecimiento del presupuesto para el sector de educación superior este fue del 3% muy por debajo del 8,7% del sector educación en general y también por debajo del 4,2% del crecimiento total del presupuesto público.
Finalmente, la calidad fue un tema totalmente ausente, lo que se puede entender porque la agenda del sector en esta materia se encuentra bastante completa con la implementación de nuevos estándares y de los cambios aprobados en la última reforma. Aun así existen desafíos en la materia que urgen abordar desde la política pública y no solo desde los esfuerzos específicos de cada institución.
Se suma a este escenario de pocos o nulos avances, una agenda legislativa que podemos calificar al menos de escasa, pues en 2022, no existió ninguna iniciativa específica para el sector, salvo una muy menor relativa a los requisitos para el ingreso a carreras de pedagogía y aquella que postergó la entrada en vigencia de los nuevos aranceles vinculados a la gratuidad, requerida para evitar que se cayera en un incumplimiento de la ley.
Para 2023 el escenario no permite prever cambios ni avances concretos, por cuanto como señalamos, no existen recursos destinados a la implementación de cambio alguno y a la vez, porque el Mineduc optó por la estrategia de establecer mesas de trabajo que permitan construir acuerdos mínimos.
Se trata de 3 mesas, dos de ellas concordadas en los procesos de discusión del presupuesto y de la ley de reajuste del sector público. La primera, destinada al análisis de materias laborales de las universidades estatales y que estará integrada por las asociaciones de funcionarios académicos y no académicos de las universidades estatales y las autoridades Universitarias. La segunda, entre el Mineduc y las autoridades universitarias, para el análisis de modificaciones más estructurales. Y la tercera de carácter permanente con el movimiento estudiantil.
El nuevo Subsecretario no tiene un escenario fácil, pues las condicionantes del inicio del gobierno se mantienen. Las expectativas del ejecutivo de contar con mayores recursos a partir de la reforma tributaria sufrieron un duro revés con su rechazo hace pocos días en la Cámara de Diputados, lo que hará aún más difícil asumir desafíos que requieran recursos.
El sistema de educación superior chileno vive un momento fundamental para dar un salto que le permita asumir los desafíos no solo de innovación y creación de conocimiento, sino también aquellos políticos y sociales de responder a las demandas de un país cuyas nuevas generaciones exigen con justicia oportunidades reales de una formación que permita una real movilidad social y una mejor calidad de vida individual y colectiva.
