Recado confidencial a los expertos II: Todo en todas partes al mismo tiempo

Pasó hace un muy poco y lo tenemos fresquito: Todo en todas partes al mismo tiempo ganó siete premios Oscar, incluyendo los apetecidos mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz principal y mejores actriz y actor de reparto… La película se inicia con una inmigrante china en EE.UU. con dificultades en su declaración anual de impuestos (¿cómo no?) y termina, ya sabemos, con un despliegue de universos paralelos, enrostrándonos la pregunta que sugiere su título: ¿cómo sería nuestra vida si todo el tiempo supiéramos cómo son nuestras otras vidas posibles?

¿Qué tiene que ver el multiverso con la Comisión Experta y la nueva Constitución? Ya voy, pero primero un rodeo. Paciencia, por favor.

En términos de los contenidos impuestos a este nuevo intento constitucional (me refiero a las doce bases institucionales acordadas por las fuerzas políticas representadas hoy en el Legislativo) y aparte del reconocimiento de los pueblos originarios, quizá la única verdadera conquista de la izquierda y centroizquierda es la quinta base institucional, que establece, recordemos, lo siguiente: “Chile es un Estado social y democrático de derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas”.

Un Estado social, que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con responsabilidad fiscal y sin excluir a los privados en la provisión de dichos derechos. Así, en términos generales, esto coincide con cuánto hemos deseado quienes creemos que es un deber ético del Estado garantizar que todos sus habitantes participen de una manera justa de los frutos de la cooperación social (sobre todo en un país donde el 1% más rico posee la mitad de la riqueza nacional y recibe además el 63% de los ingresos nacionales: datos del año 2021, según un estudio del World Inequality Lab). Y si esa promoción de los derechos sociales se hace de manera progresiva, no inmediata, con responsabilidad fiscal y sin excluir a los proveedores privados…, es también cuanto podrían desear las fuerzas de la derecha y centroderecha, ¿no?

La pregunta es cómo recoger este principio en el anteproyecto de Constitución que acordarán los expertos. Desde versiones descafeinadas (como se reconoce, por ejemplo, el derecho a la educación en la Constitución actual) hasta versiones cargadas de contenido (como se reconocía, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna en la fallida propuesta constitucional), pasando por la amplia vereda del centro.

Aquí viene el recado a los expertos y, finalmente, la conexión con los multiversos.

Chile necesita una Constitución que, de una manera decidida, tenga una preocupación especial por las personas y grupos más desaventajados en la sociedad, y que promueva de verdad la adopción de medidas concretas para compensar las diferencias sociales.

¿Cómo podrá la Comisión Experta producir un anteproyecto en esa dirección? ¿Cómo, si se trata de un grupo de 24 destacados profesionales, que por definición pertenecen a la elite del país, que se han educado en los mejores colegios y universidades, que disfrutan de un nivel de vida muy superior al grueso de la población y que, quizá, ven reflejada en sus propias vidas la virtud de la meritocracia?

Mi primera aspiración, modestamente, sería que los expertos reconozcan que las diferencias sociales no se relacionan (al menos, no únicamente) con el esfuerzo personal de los individuos, sino que surgen de manera más bien arbitraria. Todos los miembros de la Comisión Experta han leído a John Rawls, el filósofo político más influyente del siglo pasado, que enseñaba que la mayoría de las diferencias surge de la “lotería genética” (con qué genes nací) y de la “lotería social” (en qué entorno familiar y social nací y me desarrollé, qué profesores y mentores tuve, qué puertas se me abrieron, etc.) y que promovía que las instituciones sociales compensen las desigualdades que acarrean esas “loterías”, siguiendo lo que él denominó principio de la diferencia: que las desigualdades sociales y económicas solo son permisibles si con ellas se mejora la situación de los menos aventajados. Si no es mucho pedir, que relean a Rawls.

Mi segunda aspiración es que hagan un ejercicio radical de empatía y diseñen la norma constitucional tomando en cuenta cómo podrían ser sus otras vidas posibles, como en la película. En qué posición social estarían si no hubieran tenido la fortuna de tener los padres que tuvieron, o si fueran inmigrantes, o si tuvieran solo una inteligencia promedio, o si no tuvieran el carácter, la determinación y disciplina que tienen, o si fueran discapacitados, o si pertenecieran a grupos marginalizados o a disidencias sexuales, o si no hubieran tenido el profesor o el jefe que tuvieron, en fin, si ese enjambre de accidentes vitales que explican su vida actual no se hubiera tejido de la forma en que se tejió.

Aclaro que Rawls propone un ejercicio equivalente, aunque opuesto: que un (imposible) velo de ignorancia les impida, a quienes estén llamados a definir las normas sociales básicas, conocer sus condiciones particulares de vida, lo que los llevaría, por una cuestión de mera aversión al riesgo, a asegurarse que los más desaventajados (que podrían ser ellos mismos) disfruten de ciertos mínimos vitales. Rawls no pensó en los multiversos por allá en el año 1971 (obvio, el cine no había exhibido nada parecido todavía a Todo en todas partes al mismo tiempo). Pero quizá lleguemos a un resultado similar con este ejercicio que propongo que, de alguna manera, es mucho más realista: estimadas y estimados expertos, diseñen un anteproyecto constitucional que cree condiciones sociales que aseguren que todas sus vidas posibles sean vivibles, todas, al mismo tiempo.