Opinión
Chile es un país vulnerable ante catástrofes socio-naturales. Las experiencias traumáticas vividas, durante décadas, derivadas principalmente de fenómenos como terremotos, tsunamis e incendios de gran magnitud, son condiciones que forman parte de nuestra identidad y del imaginario colectivo de nuestro país.
Esta compleja situación la volvimos a sufrir durante la temporada estival, sin embargo, las consecuencias de los devastadores incendios que han aquejado a la zona centro-sur del país en las últimas semanas dará paso al proceso de reconstrucción que a su vez, será uno de los principales desafíos para el Estado en sus distintos niveles.
Las cifras son desalentadoras: 7.000 personas afectadas, 2.100 viviendas damnificadas —de las cuales cerca de 1.400 corresponde a primera vivienda— y más de 450 mil hectáreas quemadas. Sumado a esto, actualmente más de 3.000 personas no tienen acceso a agua potable en sus hogares a raíz de los incendios, donde un alto porcentaje corresponde a población de sectores rurales. Sin duda, muchos de estos problemas se han transformado en permanentes, entonces cabe preguntarse: ¿Qué lecciones podemos sacar de las catástrofes recientes y qué oportunidades tenemos en el abordaje del proceso que viene?
La reconstrucción que se llevó a cabo post 27F nos dejó muchas enseñanzas que han posibilitado ciertos avances en la materia y que valdría la pena recordar. Entre ellas, la planificación territorial del borde costero, la importancia de las barreras urbanas y naturales en las costas, así como el estándar y exigencias que requieren en las viviendas denominadas tsunami resilientes. Estos son algunos aprendizajes que podrían incentivar la planificación en las zonas afectadas por los incendios, muchas de las cuales son de producción forestal y que cuentan con problemas hídricos ya estructurales. De este modo, se podrán generan condiciones de resiliencia territorial. Junto con ello, creemos que para contar con un proceso de reconstrucción sostenible es relevante que este se realice de manera participativa y así recoger el conocimiento de las comunidades para generar soluciones con pertinencia territorial.
Desde el punto de vista institucional y para liderar de manera correcta este proceso, es relevante potenciar los liderazgos y las capacidades regionales y locales por sobre figuras centrales sin facultades administrativas ni equipos profesionales. Se requiere una coordinación activa y bidireccional con las entidades técnicas de los municipios y los Gobiernos Regionales con el gobierno central. Lo mismo debe ocurrir en el ámbito de los recursos y el financiamiento del proceso. Es necesario analizar la capacidad técnica de diferentes unidades del Estado y los municipios, muchos en situación de vulnerabilidad y carencia de equipos que puedan diseñar soluciones y proyectos de infraestructura para superar la contingencia. A eso se suman, los déficit estructurales que viven los territorios: agua potable, conectividad vial y el acceso a la vivienda.
Es primordial la coordinación intersectorial para catalizar la inversión. Para avanzar con la infraestructura y viviendas son relevantes las factibilidades técnicas dependientes de distintos sectores del Estado y servicios asociados, por lo que mesas regionales y locales pueden ser relevantes para tener avances relevantes en el corto y mediano plazo.
Por último, es relevante el rol que puede jugar la sociedad civil organizada para ser un aporte relevante. Existen buenos ejemplos de colaboración entre los gobiernos regionales y el tercer sector. Esto, gracias a la experiencia acumulada por instituciones en el desarrollo de proyectos de infraestructura, participación ciudadana y articulación de esfuerzos públicos y privados y, también, por la flexibilidad presupuestaria y facultades que los mismos Gobiernos Regionales han ido ganando desde su elección democrática el 2021, hoy reflejadas en la Ley de Presupuesto 2023.
Estamos viviendo un episodio dramático, sin embargo, es una realidad que se podría repetir en los años venideros. La emergencia se ha ido abordando de buena forma pero creemos que tenemos una oportunidad con lo que hemos aprendido y en la posibilidad de desarrollar un trabajo colaborativo que permita a las comunas y sus comunidades damnificadas avanzar hacia una mejor calidad de vida luego de la reconstrucción.
