Opinión
Diversos indicadores dan cuenta de que, como órgano encargado de la investigación de los delitos y la protección de las víctimas y testigos, la Fiscalía no está logrando sus objetivos con efectividad. En efecto, en el 2022 la proporción de imputados desconocidos alcanzó el 59%, el 56% de los casos fueron archivados, la tasa de judicialización bajó a un 33%, y los tiempos de tramitación (en días) de las salidas judiciales y no judiciales aumentaron en un 166% y 118% desde el 2012, respectivamente. Si analizamos estas cifras por tipo de delito, el escenario es aún más desolador, sobre todo con respecto a los homicidios y robos.
Esta semana la Cámara de Diputados aprobó diversos proyectos de ley en materia de seguridad ligados al secuestro, el sicariato, el control de armas, la inmigración, el auxilio de Gendarmería en las investigaciones y las leyes Naín-Retamal. Si bien varias de estas medidas son necesarias para abordar la crisis de seguridad que se vive en nuestro país, urge que la mirada sobre estos problemas sea extensa e integral, incluyendo no solo reformas a las policías, sino también al Ministerio Público.
Diversos indicadores dan cuenta de que, como órgano encargado de la investigación de los delitos y la protección de las víctimas y testigos, la Fiscalía no está logrando sus objetivos con efectividad. En efecto, en el 2022 la proporción de imputados desconocidos alcanzó el 59%, el 56% de los casos fueron archivados, la tasa de judicialización bajó a un 33%, y los tiempos de tramitación (en días) de las salidas judiciales y no judiciales aumentaron en un 166% y 118% desde el 2012, respectivamente. Si analizamos estas cifras por tipo de delito, el escenario es aún más desolador, sobre todo con respecto a los homicidios y robos. El primero ha crecido en un 110% en la última década y sus imputados desconocidos han aumentado en un 205%. Con respecto a los robos, actualmente en más del 90% de los casos no hay identificación del imputado, razón por la que la víctima no recibe justicia a pesar de hacer la denuncia (Fiscalía, 2023).
Estos datos revelan parte de la profunda crisis en el sistema penal. ¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar su desempeño? En primer lugar, urge elevar la cantidad de fiscales. Actualmente cada fiscal se debe hacer cargo de, en promedio, 1.771 casos al año. Así también, es necesario que las futuras discusiones legislativas que creen o modifiquen las leyes penales incluyan igualmente una estimación de los recursos que necesitará la Fiscalía y las policías para investigar y tramitar los delitos contemplados en las nuevas tipificaciones.
Por parte de la coordinación intra e interinstitucional, si bien es un paso importante, no basta con crear nuevas fiscalías supraterritoriales con el objetivo de superar la lógica localizada y segmentada con que se enfrentan los delitos, sino que también se deben reorganizar las unidades especializadas y facultar al ente persecutor para fijar la política criminal de Carabineros y Policía de Investigaciones (Fundación Paz Ciudadana, 2022). Por último, en materia de eficiencia y efectividad de la Fiscalía, es necesario que se definan criterios de éxito en la investigación penal y relacionarlos con indicadores y metas de desempeño para fiscales y fiscalías (Ídem, 2022), resguardando que no se produzcan incentivos perversos que a la larga deterioren su trabajo.
El Ministerio Público es una institución clave para el Estado de Derecho y la democracia. Su rol es garantizar que los delitos no queden impunes y que las personas afectadas por ellos reciban justicia. Para cumplir con esta misión, el Ministerio Público debe adaptarse a los nuevos desafíos que plantea la realidad social y contar con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios.
