Opinión
En realidad, hemos seguido un camino erróneo al continuar desarrollando principalmente una Política Militar y no de Defensa ni menos de Seguridad, basada en una Fuerza Militar poderosa, según una obsoleta doctrina del siglo XIX, para operar en el siglo XXI, con tecnología del siglo XX, que olvida que el éxito del pasado es el origen de la derrota del futuro.
Durante las últimas décadas seguimos observado un baile de máscaras, donde las autoridades políticas hacen como que mandan y los militares como que obedecen, encubriendo una autonomía militar que ha facilitado el desarrollo de un monstruoso programa de renovación militar en que los militares no han estado solos, pues nuestras autoridades y particularmente algunos ministros de Defensa se han contagiado con el “Síndrome de Estocolmo”, mostrando una actitud complaciente y adoptando posturas de “prudencia” para no afectar la sensibilidad militar.
En este contexto, y después de un año de espera, es muy importante retomar el programa de gobierno del Presidente Boric, que propone la “Elaboración participativa de una nueva Política de Defensa para el período”, que debiera iniciar a la brevedad su desarrollo, considerando que la Ley N°20.424 –Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa– en su artículo N°15 letra a) dispone que a la Subsecretaría de Defensa le corresponde: “Sugerir al ministro la política de defensa nacional y la política militar y encargarse de su actualización y explicitación periódica”.
Conceptualmente la Política de Seguridad se refiere al control de los riesgos (vulnerabilidad frente a un peligro) que afecten los intereses principales del Estado (población, territorio y soberanía nacional) y la Política de Defensa se ocupa de las amenazas (riesgos no controlados). De acuerdo a ello, la evolución de la política internacional y del escenario estratégico sudamericano muestran que el riesgo de guerras nacionales ya no es relevante, pero la crisis será la expresión recurrente de sus conflictos, para las cuales nuestra postura disuasiva resulta ineficaz e infinanciable, debido a que requiere mantener una fuerza lista para el combate en tiempos de paz, que poco o nada colabora para la solución política y jurídica de nuestros diferendos.
En realidad, hemos seguido un camino erróneo al continuar desarrollando principalmente una Política Militar y no de Defensa ni menos de Seguridad, basada en una Fuerza Militar poderosa, según una obsoleta doctrina del siglo XIX, para operar en el siglo XXI, con tecnología del siglo XX, que olvida que el éxito del pasado es el origen de la derrota del futuro.
Esta nueva Política de Defensa deberá sustituir el enfoque militarista de la oscura propuesta elaborada en la administración anterior y disponer que la misión principal de nuestras Fuerzas Armadas sea la protección de nuestra población y sus derechos humanos, a través del principio de Legítima Defensa establecido en la Carta de Naciones Unidas, reconociendo que, a diferencia de otros continentes que algunos pretenden mostrar como ejemplo, la única amenaza tradicional a una zona de paz regional es la colonial anexión de las islas Malvinas por el Reino Unido y que su respuesta será una arquitectura colectiva que deberemos construir mediante la cooperación.
Con una visión de futuro, desde el retorno a la democracia los gobiernos de centroizquierda presentaron a los chilenos cuatro exitosos Libros de la Defensa (1997, 2002, 2010 y 2017), que son ejemplos para impulsar una nueva Política de Defensa que considere:
• Que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 51 establece que: “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas…”, norma que refuta las militaristas posturas de seguridad nacional y disuasión.
• Que este proyecto debe ser dirigido por la Subsecretaría de Defensa, considerando lo dispuesto en los artículos 14° y 15° de la Ley N°20.424 – Estatuto Orgánico del Ministerio de defensa Nacional, para lo cual se debiera organizar una secretaría técnica.
• Que el artículo 97° de la Ley N°21.174, que Establece nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, señala que la Política de Defensa Nacional, entre otras, “serán la orientación superior para elaborar la planificación del desarrollo de la fuerza”.
• Que las actividades a desarrollar para este trabajo deben considerar la mayor transparencia posible, incluyendo talleres regionales. Para ello deberíamos invitar a instituciones y personas que constituyen la Comunidad de la Defensa, tales como parlamentarios y sus asesores, especialistas de los Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores y de otras reparticiones públicas, Estado Mayor Conjunto, Fuerzas Armadas, Anepe, instituciones descentralizadas, centros de estudio civiles y militares y otras reparticiones, como Cenapred (ex Onemi), Defensa Civil, universidades, ONG, académicos y especialistas civiles, reparticiones regionales, organizaciones civiles, etc.
• Que para materializar esta nueva visión deberemos responder preguntas tales como: ¿de qué defendernos?, ¿de qué queremos defendernos?, ¿cuánta Defensa es suficiente?, ¿cómo defendernos?, ¿cuánta Defensa podemos financiar?, ¿cómo organizamos la Defensa?, ¿roles y misiones de la Fuerza Militar?, ¿con qué estrategia?, ¿qué tipo de Fuerza Militar?, ¿qué carrera militar?, ¿con qué sistemas de armas?, ¿cuánta industria nacional de Defensa?, ¿con qué marco legal y financiero?, etc.
• Que para la implementación de esta Política de Defensa Participativa se requerirá el diseño y desarrollo de un Sistema de Defensa Nacional bajo el mando supremo del Presidente de la República y la participación efectiva del Congreso Nacional, donde la Fuerza Militar será un instrumento que actuará mediante la cooperación y según el principio de legítima defensa establecido en la Carta de las Naciones Unidas y formará parte orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, según una estructura y mando conjunto para su desarrollo y empleo.
Nuestra Fuerza Militar ha evolucionado desde un puño fuerte a un puño inteligente, opción natural en un mundo que se encandila con el espejismo de la tecnología, que parece resolverlo todo y significa que hoy se pretenda seguir desplegando organizaciones militares inteligentes con avanzados sistemas de armas, que requieren personal muy calificado de alta expectativa económica. Asimismo, comparando la cantidad y alistamiento de los despliegues militares vecinales, se observa que esta Fuerza Militar resulta absolutamente sobredimensionada para enfrentar nuestras demandas estratégicas.
Con este fin deberemos implementar una Reforma Militar al año 2030 que resuelva armónicamente el dilema entre mantequilla o cañones. Su ejecución requerirá desarrollar una reingeniería de la Defensa destinada a enfrentar las incertidumbres del futuro a través de una reducida fuerza conjunta, calibrada para estos riesgos, pero capaz de regenerar un potencial suficiente para su empleo en legítima defensa y relevante para cooperar por un mundo global seguro. Esta revisión deberá generar una sinergia efectivamente conjunta, cuyo incremento de productividad nos permita un rediseño programado del desarrollo de la fuerza, sin poner en riesgo nuestra seguridad.
En el marco de los escenarios descritos, deberemos considerar que al nivel estratégico no hay verdades absolutas, sino solamente alternativas, con diferentes riesgos y costos asociados. De esta forma, la planificación militar deberá reorientarse desde el actual modelo de una infinanciable y obsoleta fuerza lista para el combate del siglo XX, hacia la identificación participativa de soluciones creativas para el financiamiento prioritario de algunos programas que permitan mantener el alistamiento de un reducido núcleo básico de Defensa para el siglo XXI, de capacidades conjuntas incrementales, incluyendo weekend warriors, que faciliten su oportuna expansión ante los escenarios estratégicos emergentes que lo requieran.
Llegó la hora de rescatar y priorizar lo permanente y evitar lo accesorio, iniciando a la brevedad la construcción de una nueva Política de Defensa Participativa para el siglo XXI.
