Se agradece el proceder de la Tercera Sala, sobre todo en materias de abuso de posición dominante y colusión, donde ha sido la Exma. Corte la que ha reforzado la institucionalidad al confirmar, revertir fallos o bien aumentar penas con pleno apego al ordenamiento jurídico. Pero más importante aún, dando potentes señales al mercado y pronunciándose favorablemente respecto de los consumidores, en particular, reconociendo el rol activo que les cabe a las asociaciones respectivas.
Recientemente –marzo de 2023– se publicó un completo informe por parte del Centro de Competencia (CeCo) de la Universidad Adolfo Ibáñez, que da cuenta de la percepción que tienen abogados especialistas de países latinoamericanos, entre ellos Chile, de sus respectivos órganos de libre competencia.
A raíz de aquello, en su editorial del día 29 de marzo, el diario El Mercurio de Santiago planteó inquietudes en torno a la materia, al dar cuenta de que nuestro país cuenta con un buen diseño institucional, por una parte, pero una implementación algo equivocada, por otra.
Acto seguido, sugiere el editorial una velada crítica al funcionamiento de la Tercera Sala de la Excma. Corte Suprema en orden de libre competencia, por desautorizar a los órganos especializados en competencia.
Abstrayéndose ahora del artículo en cuestión, pero del que me sirvo para analizar la cuestión de fondo, es un dato que en el ambiente se ha ido creando ya, latamente y por los años, una percepción entre los distintos actores, léase abogados, economistas y agentes del mercado, que la Tercera Sala de la Corte Suprema hoy es un agente que debilitaría las actuaciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) o la Fiscalía Nacional Económica (FNE), dañando con eso la libre competencia. Así lo sugieren, por lo demás, encuestas que ratifican el obrar de la FNE y el TDLC y han criticado el actuar de la referida Sala.
Pues bien, quien suscribe esta columna no puede sino estar más en desacuerdo con dicha percepción. Es más, sugiero que es hoy la defenestrada Tercera Sala la que ha rectificado o enmendado a tiempo resoluciones que justamente no salvaguardan la libre competencia.
Se agradece el proceder de la Tercera Sala, sobre todo en materias de abuso de posición dominante y colusión, donde ha sido la Exma. Corte la que ha reforzado la institucionalidad al confirmar, revertir fallos o bien aumentar penas con pleno apego al ordenamiento jurídico. Pero más importante aún, dando potentes señales al mercado y pronunciándose favorablemente respecto de los consumidores, en particular, reconociendo el rol activo que les cabe a las asociaciones respectivas.
Lamentablemente, en lo que a operaciones de concentración dice relación, hoy no puede conocer de aquellas porque le fue sustraído de su conocimiento tras reformarse la ley años atrás, quedando en manos de la FNE y el TDLC el asunto. De ahí, quizás, el razonamiento reciente y fallo crítico en torno a la fusión de dos isapres.
Porque no han sido pocos los actores en la materia que, al amparo más bien del derecho procesal que de la libre competencia, han logrado imponer un criterio que, justamente, ha dañado esta última, siendo la Tercera Sala de la Corte Suprema, a mi humilde entender, la que ha logrado enrielar un sistema que ya está profusamente lesionado y donde las actuaciones de la misma FNE, en particular respecto de operaciones de concentración, o bien del TDLC, respecto de casos de abuso de posición dominante, no han sido, al parecer de esta minoría que yo suscribo, las adecuadas.
Finalmente, muchas veces la sensatez jurídica no va de la mano de la experticia específica. Y ese es, a mi juicio, el principal activo de la Tercera Sala: sentido común.