Opinión
La violencia en la primera infancia es una experiencia adversa que repercute significativamente en la vida de las personas y que tiene gran impacto en su salud. Estudios neurocientíficos evidencian que el ser humano tiene un desarrollo cerebral significativo en los primeros 1.000 días de vida, por lo cual, corresponde a un periodo “crítico” en el que es especialmente vulnerable y donde se conforman las bases de un bienestar futuro. Bajo esta premisa, la violencia en la primera infancia debe ser considerada un problema de salud pública prioritario.
Crecer en entornos de violencia y abuso puede tener repercusiones negativas debido a la gran plasticidad neuronal que ocurre en esta etapa. Así, frente a experiencias de estrés, los distintos sistemas biológicos se deben adaptar a estas amenazas y, de esta manera, crean alternativas funcionales para la sobrevivencia, que a largo plazo se despliegan en una serie de afectaciones negativas para la persona a través de conductas de riesgo, depresión, ansiedad, autolesiones y bajo rendimiento escolar. Se ha observado de forma sistemática que niñeces que han sufrido violencia, poseen patrones alterados de desarrollo cognitivo, emocional y social, con cambios en la progresión y ritmo del desarrollo neuronal. Estas vivencias dolorosas y estresantes derivan en problemas relacionados con habilidades socioemocionales, comportamiento, victimización, deserción escolar, abuso de sustancias, entre otros daños.
Desde el año 2007, Chile ha implementado el Subsistema de Chile Crece Contigo (ChCC), Sistema Intersectorial de Protección Social, el cual se considera una de las políticas públicas más importante a nivel nacional, y que ha desarrollado intervenciones enfocadas en la violencia hacia la primera infancia. Sin embargo, los datos son complejos. Según la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) del año 2017, se demuestra que el 62,5% de los cuidadores principales reconocen usar métodos de disciplina violentos en la crianza de las niñeces y adolescencias, nivel de violencia que no ha tenido cambios desde el año 2012.
En este contexto, el Estado de Chile ha desarrollado lineamientos que abordan esta problemática. Así, en el año 2022 se publica la “Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2030”, que simboliza la carta de navegación a nivel sanitario y en donde se priorizan los principales desafíos para la década. No obstante, esta estrategia, a pesar de abordar el problema de la violencia, no evidencia la real importancia que tiene la prevención de esta en los primeros 1.000 días de vida. Las acciones prioritarias para el milenio se enfocan en una perspectiva de “respuesta a la violencia”, es decir, desde un enfoque de reacción y no de prevención.
¿A quién afecta este problema de salud pública? A todos y todas. A niñeces y adolescencias, cuidadores, actores políticos, trabajadores estatales y del ámbito privado, y a la comunidad en general. Es fundamental actuar tanto a nivel familiar, comunitario como institucional. De este modo, áreas como el sector salud, educativo y de desarrollo social, deben tomar medidas sobre este problema nacional, que permita situar la prevención de la violencia en un espacio prioritario con un enfoque de justicia social. La promoción en la elaboración de medidas preventivas en todos los sectores responsables de evitar la violencia, es vital.
Se deben intensificar las acciones tanto en Atención Primaria de Salud, como en el sistema escolar y en aquellas instituciones que cumplen funciones de protección estatal. Para esto es necesario prestar apoyo permanente a las familias, evitando individualizar las responsabilidades, es decir, el Estado debe tener una participación activa y responsable del cumplimiento de los derechos de la infancia, que fortalezca el rol de la crianza y que comprenda un enfoque de protección hacia las personas y comunidades. La prevención de la violencia en la primera infancia es una necesidad que debe ser instalada y abordada de manera apropiada, desde un espacio situado, considerando aquellos determinantes que les afectan directa e indirectamente, con decisiones que promuevan un desarrollo adecuado a lo largo del curso de vida. Esto exige un compromiso estatal con la primera infancia y un espacio de cooperación intersectorial que cuente con equipos multidisciplinarios fortalecidos.
