¿Podemos darnos por satisfechos quienes abogamos por corregir la aberración jurídica de la inconcesionabilidad del litio –con la que cargamos hace más de cuatro décadas– y permitir la participación de los que saben, como con cualquier otro mineral en Chile o cualquier otro distrito litífero del mundo?
El inminente anuncio de la Política Nacional del Litio, que venimos esperando desde diciembre, nos recuerda los capítulos finales de la teleserie La Madrastra. Era tal el nivel de expectación por conocer al asesino de Patricia que La Tercera contrató a un exinvestigador de la Brigada de Homicidios para adelantarse. Hoy no involucramos detectives, pero leemos cada señal en busca de atisbos.
El primer adelanto vino a fines de 2021, cuando el actual oficialismo puso el grito en el cielo ante la licitación llevada a cabo en las postrimerías de Piñera II. “Sobre mi cadáver”, parecía ser el mensaje respecto a cualquier participación privada. Por esos mismos días se lanzó el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, cuyo plato fuerte en esta materia era la creación de la Empresa Nacional del Litio (N° 50).
Sin embargo, con el paso del tiempo (y la juiciosa influencia de Mario Marcel, cabe especular) la posición del oficialismo se ha matizado. El ministro de Hacienda afirmó en diciembre que “habrá espacio para sector privado”, y su par de Minería, Marcela Hernando, reconoció hace unos días que el Estado no tiene las condiciones para avanzar solo, “ni siquiera estamos en condiciones, porque no hemos desarrollado las competencias de explotarlo en el nivel 1”.
¿Podemos darnos por satisfechos quienes abogamos por corregir la aberración jurídica de la inconcesionabilidad del litio –con la que cargamos hace más de cuatro décadas– y permitir la participación de los que saben, como con cualquier otro mineral en Chile o cualquier otro distrito litífero del mundo?
No necesariamente. El anuncio puede operar en varios niveles, asociados a distintos grados de eficacia para aprovechar el boom histórico del más liviano de los metales.
A juzgar por las señales recientes, no necesitamos de los servicios de un ex PDI para descartar el nivel 0: monopolio estatal para toda nueva faena. Buena noticia, sin duda.
Luego está el nivel 1, un joint venture en que los privados acceden a porcentajes minoritarios. Este modelo pone a inversionistas en una posición incómoda, porque deben invertir cifras enormes e implementar su tecnología y sus patentes en una empresa de la que carecen del control. La presidenta de Eramet, una empresa francesa capaz de desarrollar extracción directa de litio con mucho menor consumo de agua, ya anunció que para ellos el control es imprescindible. Usted me podrá rebatir: “Que en vez de andar poniendo condiciones se den con una piedra en el pecho que algo les permitimos participar de las riquezas de todos los chilenos”, pero recuerde que hay 58 salares con potencial productivo. Hay espacio para muchos, y la renuncia de cada actor es una renuncia a recaudación tributaria para todos a cambio de nada. Un posible resultado de un esquema de joint venture minoritario es la respuesta mayoritaria de empresas chinas, habituadas a tratar con Estados. Nada contra las compañías chinas, en serio, pero sí contra la incapacidad del país con las mejores condiciones geológicas del mundo de atraer a los mejores.
El nivel 2 es joint venture mayoritario. Esto puede atraer más participantes, pero de todos modos supone un desincentivo lidiar con la burocracia estatal.
El nivel 3 es otorgar una concesión, o algo equivalente a ello, pero en condiciones muy riesgosas. Por ejemplo, si el permiso goza solo de rango administrativo y no judicial, como las concesiones normales, deben invertirse cientos de millones de dólares que penden de un simple acto administrativo, revocable por la mera voluntad de un Gobierno mal inspirado.
El nivel 4 es la homologación del litio a todos los otros minerales. No se pide un tratamiento privilegiado, no. No se solicitan condiciones especiales, para nada. Tan solo tratar al litio con el mismo rasero con que se trata el cobre, la plata, el hierro y todos los demás, permitiendo su concesión y revocando de una buena vez una consideración atómica, por completo obsoleta, resuelta allá por 1979, una época tan lejana que lo que la rompía en el ranking Billboard eran los vinilos de My Sharona.
No nos conformemos con menos.