Opinión
Uno de los más elevados costos de la modernización capitalista, sumado a la ignominiosa desigualdad que ésta conlleva, es la delincuencia. Y que expone a toda democracia a enfrentar los más incómodos dilemas ético-políticos, más aún frente a una impaciente ciudanía que demanda del gobierno del Estado la mayor seguridad para su resguardo, al precio de sacrificar un ámbito importante de su libertad personal.
Una sociedad de mercado como la del Chile de las últimas décadas, se ha caracterizado por una creciente oferta de bienes de consumo, donde a mayor aspiración de los demandantes para adquirirlos, mayor es la frustración cuando ellos no logran ser obtenidos lícitamente. Frustración que acontece en todos los niveles socioeconómicos, desde los más indigentes a los más privilegiados.
Y en medio de esta transversal frustración, son cada vez más aquellos que se ven en la “necesidad” de recurrir a medios ilícitos o delictuales para satisfacer sus aspiraciones consumistas. Sobre todo, tratándose de sujetos provenientes de estratos medios, que por uno u otro motivo han sido o se han visto desplazados de la fuerza laboral y, por ende, de la oportunidad de satisfacer legalmente sus ambicionados bienes de consumo: automóviles todo terreno, ropas de marca, zapatillas de algún futbolista famoso, relojes de metales preciosos, fragantes perfumes de alto costo, televisores de alta tecnología, juegos tridimensionales, entre muchos otros.
En suma, la expansión del Joker, ese aterrador personaje de Batman que emerge de su propia frustración, bajo un entorno social que le ha sido canalla, es transversal a todos los niveles sociales. La delincuencia ya dejó de ser un problema vinculado exclusivamente a la pobreza y la marginalidad.
Hoy la delincuencia, pero sobre todo el crimen organizado, más bien se asocia a lo que Gilles Lipovetsky denomina “la estetización del mundo”, ese fetichismo estético subyacente en la globalización de los bienes de consumo, que perfectamente puede incluir a los medios de comisión que el delincuente profesional escoge para actuar. Mientras más ráfaga de fuego y más policías asesinados, más “viral” es la actuación.
Sin embargo, la impaciencia de la sociedad por su justificado temor a los actos perpetrados por este payaso armado, que parece no reconocer límites, sumado a la inoperancia de las instituciones del Estado por ponerle freno, han sido el caldo de cultivo para la emergencia de políticos faranduleros que, con pretensiones de comisionado Gordon, aplican soluciones simplistas e ineficaces (desde la óptica de los delitos perseguidos), pero que mediáticamente consiguen la glorificación popular (y la de algún columnista intelectual), y así logran dotar su legitimidad frente a los habitantes del territorio que dicen representar.
A esto se añade el fulminante bombardeo de los medios de comunicación social a través de lo que Agustín Squella denomina “la cadena nacional de la delincuencia”. Lo que potencia aún más la sensación de pavor ante la posibilidad de ser objeto de un asalto, un asesinato o un disparo casual.
Y mientras la farándula del Joker nos mantiene intrigados frente a las pantallas, autoridades del Estado como el gobierno, el congreso, la fiscalía y los tribunales de justicia, continúan pisoteándose los talones al precio del aumento de la impaciencia ciudadana
¿Qué hacer? ¿Conformarnos con el efectismo ineficaz de esta ciudad gótica “farandulizada” y esperar que los ciudadanos hagan justicia por sus manos propias ante la ausencia de un Batman que los socorra?
Por ello, no basta con que las autoridades del Estado proporcionen “buenas señales”. Eso tal vez fue válido en los primeros años del retorno a la democracia, cuando la delincuencia no pasaba de ser un “lumpen proletariado”. Hoy, en cambio, la privatización de la vida ha permitido toda clase de gobernantes en su propio feudo, y el crimen organizado es uno de ellos, el que mayor peligro encierra cuando se convierte en un poder fáctico-mediático que nos gobierna en paralelo.
De ahí la necesidad de que el gobierno y el congreso evalúen la propuesta del nuevo fiscal nacional de crear, por ley, una fiscalía “transregional”, que a nivel nacional se dedique a la exclusiva investigación y persecución del crimen organizado, de modo que las instituciones policiales sirvan de apoyo directo a sus fiscales responsables.
Tal vez esta propuesta no satisfaga las expectativas de un Batman, pero al menos le brindaría mayores posibilidades a un fiscal Harvey Dent para combatir al Joker con mayor eficiencia y eficacia, si lo comparamos con las “soluciones” que practican los faranduleros de la política, animados por el bombardeo sensacionalista.
