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Seguridad y salud: agenda urgente, a propósito del caso del Hospital Padre Hurtado Opinión

Seguridad y salud: agenda urgente, a propósito del caso del Hospital Padre Hurtado

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Alejandra Fuentes-García
Por : Alejandra Fuentes-García académica de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, del programa de Políticas, Sistemas y Gestión en Salud.
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La idea del hospital moderno, es decir, un recinto terapéutico, es bastante reciente en la historia de la humanidad. La concepción de hospital moderno surge a fines del siglo XVIII, cuando, como señala Foucault, se empieza a crear conciencia de que el hospital puede y debe ser un instrumento destinado a curar al enfermo (Foucault, 1978). Antes y por muchos siglos, el hospital fue un lugar para ir a morir. 

La lectura del reportaje sobre el Hospital Padre Hurtado a partir de la narración de las experiencias de las personas que trabajan allí, hace pensar en ese “ir a morir” en otro sentido, no aquel que históricamente tuvo hasta el siglo XVIII. Trabajar o estar internado(a) en el hospital puede ser un riesgo para la vida o integridad de las personas, no exactamente por el mayor contacto con personas portando algún virus o bacteria transmisibles. El hospital también puede ser objeto de un ataque delictual y blanco de bandas criminales. 

La gravedad de la situación que se está viviendo en ese recinto hospitalario hace, por supuesto, preguntarse cómo bajo esas condiciones y estructuras de funcionamiento tan inseguras, el hospital puede cumplir con sus funciones y objetivos. Claramente no cuenta con las condiciones y estructuras de funcionamiento suficientemente seguras. 

El hospital tiene que ser un lugar protegido y de protección, terapéutico y no de muerte o de riesgo para la integridad de las personas que trabajan allí y de la comunidad que es atendida en él. 

Para el Hospital Padre Hurtado, así como para cualquier otro recinto de salud, educación u otra instancia pública que actualmente estén funcionando en condiciones de alta inseguridad y riesgo a ataques, se requiere tomar medidas urgentes, con acción de todos los actores involucrados.

Podría argumentarse que el levantamiento de un muro es una medida de protección necesaria, aunque con altos costos simbólicos y de segregación. La protección de la estructura física es importante, aunque es necesario considerar que también divide y separa al establecimiento de la comunidad a la que busca servir, lo que incluso podría potenciar acciones o intentos de acciones irrespetuosas e ilegales en y hacia el recinto. 

La comunidad que habita el territorio que está bajo la atención del Hospital Padre Hurtado tiene que convencerse –y, actuar en consecuencia– de que el hospital es un recinto que no puede ser atacado, así como, y por sobre todo, tampoco las personas que trabajan allí. En el contexto de lo que se ha llamado la recuperación de los espacios públicos para la comunidad, el desafío es lograr que el hospital y las personas que en él trabajan recuperen el sitial de respeto que siempre han tenido. 

Lo anterior requiere un esfuerzo desde diferentes perspectivas. Por una parte, campañas de sensibilización, educativas, de contacto con la comunidad, son medidas que pueden ayudar.  Por otra parte, hay otras medidas urgentes que también requieren la acción del Estado y del Gobierno, con la actuación primordial de los ministerios de Salud y Hacienda. El trabajo bajo estrés y condiciones de seguridad riesgosas debiesen ser compensados económicamente y asegurados los mayores riesgos implicados. Mayores ventanas de descanso, soporte de salud mental reforzado para el personal del hospital, así como para la comunidad, debiesen implementarse también. 

El caso del Hospital Padre Hurtado debiese visibilizar la existencia de otros casos como este, e impulsar la acción en cualquier otro recinto de salud, educación u otro de función pública que actualmente estén funcionando en condiciones de alta inseguridad y riesgo a ataques. 

Como sociedad requerimos romper el clima de inseguridad, terminar con los territorios abandonados por el Estado y asegurar políticas y servicios de salud públicos garantizados para todo(as); independientemente del territorio en que este se emplace. La imposición de cambios estructurales en el contexto de un régimen dictatorial que generó las bases de una salud inequitativa en todos los sentidos, una educación cada vez más empobrecida, pensiones indignas e individualizadas, y una segregación social en el territorio, de nuestras regiones y provincias, nos ha llevado a perder cohesión social, esa especie de pegamento que hace que tengamos empatía, solidaridad, nos importe construir en comunidad y colaborativamente, queramos convivir respetando a los(as) otros(as) y a nuestras leyes y acuerdos sociales. La lógica individual es la imperante.

Es valorable, en ese sentido, que mejore la confianza y el respeto por la institución policial. Así como los cambios, esperamos reales, que se hayan comenzado a implementar en la institución policial después de los casos de corrupción ocurridos. Sin policías, sin una institución que dependa del Estado y sea financiada públicamente, no corrupta ni corrompida, actuando con respeto a los derechos humanos, y protegiendo a la ciudadanía, bien entrenada y equipada, no es posible construir las bases seguras y de diálogo que requerimos para llevar a cabo el cambio que urgentemente necesitamos para el bien de toda nuestra sociedad. 

Un hospital, así como todo recinto de salud, tiene que cumplir su función terapéutica, independientemente del lugar donde esté emplazado. Eso es un derecho que debiese asegurar el Estado y ser cuidado por todos(as) nosotros(as). La acción de todos es fundamental, el Estado, los privados, la comunidad organizada. 

La vida bien vivida, como señaló Butler hace poco, es aquella en la que nos cuidamos unos a otros. Esa es una sociedad sana.

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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