Opinión
Para nosotros esta legislación es una prioridad y valoramos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno por avanzar en este proceso. De esta forma, podemos contar con más recursos para hacer frente a temas tan importantes como la seguridad pública, la salud, las viviendas y tantas otras políticas públicas que son prioritarias para nosotros como parlamentarios y para las que necesitamos más financiamiento. Este es un paso muy importante en el desarrollo económico del país, porque avanza en equidad territorial y justicia social, por cuanto permite revalorizar la explotación de recursos naturales no renovables, mitigar las externalidades negativas que genera en los habitantes de territorios mineros y contribuir al bienestar y futuro de nuestra gente.
Siendo senadores de los dos distritos mineros más importantes de Chile, donde se encuentran los yacimientos de cobre más importantes del país, donde Codelco tiene la principal producción y existen importantes inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras, nos preocupa mucho la minería como herramienta para el desarrollo de nuestras regiones y de nuestro país.
Para Chile el cobre representa su principal ingreso, y es por eso que ha sido llamado el sueldo de Chile, la viga maestra de la economía nacional. Su aporte al PIB nacional alcanza el 14% y su aporte al fisco el 2022 fue de más de 4.500 millones de dólares, de los cuales Codelco aportó casi la mitad, lo que permitió financiar parte importante de nuestro presupuesto nacional en salud, educación, pensiones, viviendas sociales y otras políticas públicas.
Nuestro cobre ha sido y seguirá siendo vital y estratégico para nuestro país. Las energías limpias son el futuro y la electromovilidad nos presenta una gran oportunidad y un tremendo desafío: cómo producir más, mejor, de manera más eficiente y menos contaminante.
Como senadores, creemos que es posible el desarrollo de una minería eficiente, rentable y verde y que siga aportando al desarrollo de Chile y, especialmente, al desarrollo de sus regiones mineras. Nos interesa el cuidado del medioambiente, de sus regiones, de las poblaciones aledañas y, por supuesto, de sus trabajadores, respecto de quienes nos preocupa su salud y sus relaciones laborales.
Es por esto que estamos trabajando intensamente en el Senado en un nuevo royalty minero, que, tenemos la certeza, contribuirá significativamente al desarrollo de nuestras regiones y de nuestro país.
Pero, primero, ¿en qué consiste el proyecto de ley de Royalty Minero?
El royalty minero es una compensación por la explotación de un recurso que, por lo general, es no renovable, cuya propiedad es del Estado –en este caso el cobre–, lo que nos permite concluir que este no es un impuesto propiamente tal, sino más bien es una especie de retribución que recibe el Estado por la pérdida de oportunidad (concesión a un privado) en la explotación de un recurso natural que les pertenece a todas y todos los chilenos y por todas las externalidades negativas que representa.
Consideramos que este proyecto de ley es esencial, ya que es un avance significativo en la medida que, a través del cobro ad valorem –1% de las ventas netas y el componente variable de las utilidades (Rentabilidad Operacional Minera)–, permitirá recaudar cerca de USD 1.500 millones al año, lo que se traduce en un aumento del financiamiento para los gobiernos regionales, municipios y también para el Estado.
De estos USD 1.500 millones que recaudará el royalty propuesto, USD 450 millones serán distribuidos en tres fondos: 1) Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, de un monto directo de USD 225 millones; 2) Fondo de Comunas Mineras, de un monto directo de USD 55 millones; y 3) Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial de un monto de USD 170 millones, destinado a aquellas comunas que dependen del Fondo Común Municipal. Los USD 1.050 millones restantes, ingresarán a las arcas fiscales.
Este aporte beneficiará a más de 300 comunas y a más de 10 millones de personas a nivel nacional.
Quisiéramos destacar como un gran logro el Fondo de Comunas Mineras, como una compensación a los 2 millones de personas que serán beneficiadas directamente, pertenecientes a 29 comunas mineras de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
En efecto, legislar el royalty minero constituye un cambio en nuestra relación con la industria de los recursos naturales no renovables, mejora la legislación previa y representa un gran apoyo para nuestras comunas mineras, que se beneficiarán directamente con las modificaciones propuestas.
Para nosotros esta legislación es una prioridad y valoramos el esfuerzo que está haciendo el Gobierno por avanzar en este proceso. De esta forma, podemos contar con más recursos para hacer frente a temas tan importantes como la seguridad pública, la salud, las viviendas y tantas otras políticas públicas que son prioritarias para nosotros como parlamentarios y para las que necesitamos más financiamiento.
Este es un paso muy importante en el desarrollo económico del país, porque avanza en equidad territorial y justicia social, por cuanto permite revalorizar la explotación de recursos naturales no renovables, mitigar las externalidades negativas que genera en los habitantes de territorios mineros y contribuir al bienestar y futuro de nuestra gente.
