Opinión
Los destinos que se plantean para estos recursos a nivel territorial se resumen en: Fondo de Comunas Mineras, que recibirá una inyección de 55 millones de dólares anuales y cuyo foco es compensar las externalidades de la actividad económica; Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, que contará con recursos por 170 millones de dólares anuales, enfocado en las comunas más vulnerables; Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, que recibirá un aporte anual de 225 millones de dólares, y se distribuirá de acuerdo a las reglas del Fondo Nacional por el Desarrollo Regional. Estos tres fondos de beneficio comunal y regional totalizan una inyección de 450 millones de dólares anuales, elevando los recursos propios de gobiernos regionales y municipios en un 17% y cuadriplicando los aportes fiscales a municipios.
En los últimos años se ha intensificado el debate sobre el concepto de desarrollo y cómo medirlo. Cuán justa es la economía y cómo lograr que esta pueda beneficiar a partes más amplias de la sociedad y hacerse cargo de sus externalidades negativas. Del mismo modo, en una mirada hacia los territorios se han realizado esfuerzos más o menos sostenidos para avanzar en descentralización como instrumento para abordar las enormes desigualdades territoriales. En Chile, dependiendo del lugar donde nacemos, vivimos o trabajamos, nuestras condiciones de vida están bastante determinadas por las grandes diferencias en las oportunidades, en el bienestar y en la posibilidad real de ejercer derechos, básicamente porque no todas las regiones crecen al mismo ritmo, ni cuentan con las mismas capacidades de infraestructura, acceso a mercados, capital humano, accesos a bienes y servicios públicos, entre otros.
Ante eso, una herramienta mediante la cual se amplía la base social de los beneficios, junto con hacer posible el apoyo financiero, a través de descentralización fiscal con foco en las brechas de desarrollo de los territorios, es a través del proyecto de royalty minero que próximamente se votará en el Parlamento. Esta, además ser una medida de justicia económica en el sentido amplio, no representa en ningún caso un desincentivo a la inversión.
La carga tributaria de la gran minería del cobre en Chile se ubica en niveles en torno a 33% y 35%, por debajo de la carga tributaria observada en competidores como Perú y Australia, con cargas tributarias entre 40% y 46%. De esta manera, desde el punto de vista comparado, la carga tributaria resultante del proyecto de royalty permite niveles de rentabilidad acordes con el de otros competidores.
Los destinos que se plantean para estos recursos a nivel territorial se resumen en: Fondo de Comunas Mineras, que recibirá una inyección de 55 millones de dólares anuales y cuyo foco es compensar las externalidades de la actividad económica; Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, que contará con recursos por 170 millones de dólares anuales, enfocado en las comunas más vulnerables; Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, que recibirá un aporte anual de 225 millones de dólares, y se distribuirá de acuerdo a las reglas del Fondo Nacional por el Desarrollo Regional. Estos tres fondos de beneficio comunal y regional totalizan una inyección de 450 millones de dólares anuales, elevando los recursos propios de gobiernos regionales y municipios en un 17% y cuadriplicando los aportes fiscales a municipios.
Así, la repartición más equitativa de la renta económica del cobre con foco en el desarrollo territorial propuesta por el Gobierno no solo es compatible con que el país mantenga su posición de liderazgo a nivel mundial, preservando los incentivos para el desarrollo de proyectos existentes y nuevos proyectos, sino que también apunta a reducir las diferencias económicas y sociales entre territorios.
