Opinión
Todos hemos escuchado que la migración ha traído nuevas formas delictivas al país, y dentro de ellas el sicariato o asesinato por encargo, que es la mayor novedad, por lejos.
Todos hemos escuchado también acerca del asesinato de imagen, que es una forma delictiva criolla cada vez más común en la crónica del crimen local.
La mezcla de ambas -el asesinato de imagen por encargo– es la máxima sofisticación “made in Chile” de las nuevas formas que ha adoptado la criminalidad nacional.
Las potenciales víctimas de esta nueva criminalidad, son todas aquellas personas postulantes a los más diversos cargos vacantes en las reparticiones públicas, ya sean de elección popular o de otras formas de provisión, como son los cargos al interior del Poder Judicial.
Los últimos concursos para proveer los cargos de miembros de la Excma. Corte Suprema han contado con escasos postulantes. Tan sólo 10 personas de un universo de más de 160 postularon al cupo interno. Sólo 40 postulantes, de un universo de más de 400 hubo para el cargo de Ministro de Corte de Apelaciones de Santiago.
¿Cómo se explica que hayan tan pocas personas interesadas en postular a los cargos? ¿Cómo se explica que jueces, por ejemplo, no quieran ascender en sus carreras? ¿cómo se explica que ministros de Cortes de Apelaciones no quiera ser supremos, o que jueces no quieran ser ministros?
La explicación parece estar precisamente en no querer ser víctima de este nuevo delito de asesinato de imagen por encargo, pues el costo humano de la exposición, personal y familiar, independientemente del resultado, está siendo un costo demasiado alto, que no vale, literalmente, la pena.
Nadie pone en duda el importante rol de los medios de comunicación que nos informan sobre los diferentes aspectos de los postulantes, y sobre todo en aquellos casos en que hay cuestionamientos acerca de sus trayectorias profesionales, pues ello coloca una verdadera y a veces necesaria lupa sobre los procesos de selección y nombramientos.
El problema jamás será la transparencia, sino precisamente lo contrario; la opacidad de meros trascendidos sin respaldo que, publicados en ciertos medios de comunicación, son posteriormente citados como fuentes por otros medios de comunicación, que con el legítimo afán de informar, terminan siendo funcionales a espurios intereses.
Recientemente, este mismo medio que publica las columnas que escribo, dio a conocer en un “Sin Editar” la existencia de una investigación criminal que se lleva en el Ministerio Público sobre eventual prevaricación de jueces, incluyendo entre los investigados al magistrado Mauricio Olave, cuestión que ya había aparecido, con anterioridad, en otros medios de prensa. Y es del caso que el juez Olave está postulando al cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y se señala que tendría la calidad de imputado en dicha investigación, lo que no es efectivo, según aclaró el mismo magistrado Olave, en carta posterior, publicada también en este diario. Esta sola circunstancia de mencionarlo como imputado , aunque no sea efectiva, y aunque en teoría el imputado goce de la presunción de inocencia, hiere en el ala al postulante, en razón del reproche social que existe a esa condición jurídica.
El problema mayor, es que las personas que tienen capacidades, experiencia y conocimientos ya no están optando por el servicio público, precisamente para no exponerse a estas situaciones, y el día de mañana nos preguntaremos ¿por qué tenemos a los que tenemos?
