Países y violencias

Ksenia Bolchakova y Veronika Dorman son dos periodistas rusas que han publicado recientemente un libro sobre su país y hecho un programa de TV sobre el mismo tema en Francia. Exploran los resortes de la sumisión voluntaria del individuo ruso, en una sociedad en la que las jerarquías en siglos de historia repiten que este no es nada, y en todo caso no un ciudadano sino a lo más parte de un engranaje. Reflexionan las autoras sobre la omnipresencia de la violencia, que señalan no esperó la guerra con Ucrania para penetrar cada intersticio de la sociedad rusa, desde las prisiones hasta la intimidad de los hogares. Reseñan que la violencia, la dominación, la ley del más fuerte rigen no solo la relación entre el Estado y la población, sino también las relaciones entre individuos en la empresa, la escuela o el hospital.

Guardando las distancias, algo de esto se puede reconocer en nuestra realidad. Por momentos pareciera que no logramos tampoco salir de la dominación oligárquica ancestral y del patriarcado en Chile, que no deja de concebir el modelo de la hacienda como el único modo de constituir las relaciones sociales. Y su consecuencia: la violencia que se proyecta en el Estado, las instituciones y las empresas, con el trasfondo del modelo de la ley del más fuerte en la vida cotidiana.

La tesis de la mano dura y del gatillo fácil como respuesta al clima mediático exacerbado sobre la delincuencia, más o menos asimilada a la inmigración y con la pretensión de extenderla a todo “desorden” y a todo lo distinto de lo tradicional, encuentra un amplio eco no solo en la llamada opinión pública sino también –y cada vez más– en la elite política posmoderna de distinto signo. Se trata de aquella que ya no sorprende con su ausencia de convicciones y de visión de país más allá de las encuestas y de los matinales de TV, en un contexto en que se han debilitado los muros de contención cultural a las respuestas bárbaras a las barbaridades. Pocos se atreven a impugnar la violencia constituida en ideología del orden como cimiento de popularidades efímeras. En esta lógica, el paso siguiente será una nueva degradación: la manipulación masiva de la xenofobia, de la que ya existen signos preocupantes. Según la encuesta Bicentenario 2022 de la UC, un 71% de la opinión pública cree que “hoy en Chile existe un gran conflicto entre chilenos e inmigrantes”, al tiempo que paradójicamente solo un 7% declara haber tenido frecuentes “malas experiencias” con esos mismos inmigrantes.

Mientras, demasiada gente manifiesta hoy una absoluta ausencia de sentido de la proporcionalidad en la acción punitiva del Estado y un desprecio a la idea misma de Estado de derecho y de debido proceso ante las infracciones a la ley. Olvidan esas personas que es una garantía de preservación de la dignidad humana, incluyendo la suya propia. La ceguera punitiva y la idea de una sociedad con una supuesta delincuencia cero e inmigración cero es estimulada irresponsablemente desde los grandes medios de comunicación. El fondo del asunto es que sus dueños, la oligarquía dominante conservadora, no se resigna a aceptar la rebelión social de 2019, las evoluciones culturales globales y la existencia persistente de alternativas que impugnan su dominio ilegítimo sobre las instituciones, los medios y la economía. Es lo que quisieron hacer desaparecer hace 50 años. Y ahora se empeñan en debilitar al Gobierno del Presidente Boric con el pretexto de un supuesto desborde de la delincuencia y la mayor presencia del crimen organizado, como si esta fuera de responsabilidad de quienes gobiernan desde hace solo un año y Sebastián Piñera no hubiera estimulado la inmigración venezolana sin límites.

Esta ceguera de los grupos dominantes, con una capacidad de influir en la sociedad que ha vuelto a demostrar el 4 de septiembre de 2022, pretende impedir que la sociedad pondere suficientemente la relevancia fundamental de la democracia, del Estado de derecho y de su extensión necesaria a un Estado social. Con ello se cultiva la acumulación de confusiones en la interpretación de las diferencias y conflictos en la vida social, que entre otras cosas terminaron por provocar los hechos de 2019, y se esconde el funcionamiento inadecuado de las instituciones y de las estructuras económicas y sociales. A su vez, destaca la creciente ausencia de ideas y formulaciones sólidas en diversos grupos dirigentes, que han sido reemplazadas progresivamente por la cultura de la liquidez y la adaptación irreflexiva, y con frecuencia irresponsable, a los humores y circunstancias del día.

El problema es que, cuando se cruzan ciertos umbrales, se avanza aceleradamente a una regresión hacia una ciudadanía inexistente y al individuo inexistente en los engranajes de las estructuras de dominación. Sus promotores usuales son los que en la extrema derecha recogen sin escrúpulos la reivindicación de la violencia estatal y aprovechan la confusión discursiva y práctica de las fuerzas democráticas. Pero también hay espejos miméticos en una cierta izquierda circunscrita a consignas y banderas autosatisfactorias y en aquella que, al defender Estados agresores como el ruso y regímenes democráticamente inaceptables como el venezolano o el nicaragüense, no termina de encajar con el temperamento democrático, que es la condición de existencia y oxígeno cotidiano de toda izquierda y humanismo verdaderos. Las ambigüedades al respeto no son una apertura a la complejidad, sino a debilitar la médula de la capacidad de convencer establemente a la mayoría de la necesidad de la democracia política y social-ecológica como alternativa al desorden individualista y desigual de la sociedad de mercado.

Siempre se puede, frente a esta situación, caer en el pesimismo y la inacción. Pero también se puede pensar que hay suficientes rasgos culturales de respeto a la dignidad humana y los valores democráticos en al menos una parte del espectro político y social chileno, como para que funcionen como antídotos eficaces frente a la degradación que se respira cada vez más en el país.