Opinión
No hay posibilidad de que se produzca la construcción de “empoderamiento ciudadano”. Para la evaluación ambiental, lo que hay es la misma mirada asistencialista, vertical, del mismo Estado neoliberal-subsidiario existente desde los 80, profundizado desde los 90. Desde este paradigma no es posible pensar la existencia de comunidades que puedan llevar adelante soluciones colectivas; las soluciones siempre las da el Estado y sus “especialistas” –sobre todo si son abogados–. Es decir, según esta perspectiva, el componente para resolver los problemas siempre es técnico, las comunidades no tendrían la capacidad para que la participación ciudadana tenga un componente político, es decir, abrirse a la posibilidad de pensar siquiera que la sociedad, expresada localmente, pueda resolver sus problemas sociales de manera colectiva, desde el ámbito territorial.
Así como el Presidente Boric señaló, en su programa y en su campaña, que su gobierno tendría un sello feminista, también enfatizó que sería ecologista. Por eso, transcurrido un año, cabe preguntarse si las expectativas que existían respecto a esta declaración de principios se están cumpliendo o no.
De la misma manera que las señales en materia de género han sido contradictorias, también lo han sido en el tema medioambiental.
Desde la óptica de la institucionalidad medioambiental, el gobierno ha flotado en la misma dinámica que lo han hecho los anteriores. Y en esa dinámica, no hay forma de salir del ámbito de comparación respecto de si los que administran la institucionalidad ambiental lo hacen mejor que los administradores anteriores. Es decir, que si la diferencia entre un gobierno y otro va a estar radicada en ese ámbito, en la gestión y el management, el juego es peligroso, porque incluso el saldo puede ser negativo y muy favorable a los gobiernos de derecha, pero, además, nada de novedoso para poder impulsar los cambios que le permitan llamarse “gobierno ecologista” o, por último, de impulsar políticas públicas que vayan abriendo una huella para que dicho objetivo pueda ser alcanzado a futuro.
Luego de un año de gobierno, y con las expectativas puestas en que diera un salto importante en la gestión de la política medioambiental, la situación sigue en la misma dirección e inercia que en las de las administraciones anteriores. Más allá de las campañas diarias, mediáticas y falaces de los grandes medios de comunicación acerca de los montos de inversión estancados y proyectos paralizados y/o rechazados, el SEA sigue siendo una máquina de producir Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Es cierto que el proceso se ha tecnificado, que existen más y mejores criterios, pero nada de eso es diferente a lo que se venía realizando hace años, más bien desde siempre.
Es decir, se continúa poniendo la mirada de la evaluación en la simplificación de trámites y en el aumento de los indicadores de eficiencia, sin intentar manejar una agenda que permita instalar un discurso centrado en la protección del medio ambiente. Como si el problema de la evaluación estuviera en la “gerencia del proceso”, en la mejora de sus procedimientos, dejando de lado la reflexión y el impulso de mecanismos para aumentar la legitimidad del sistema. ¿Es la cantidad de guías que se saquen lo que permitirá dar un giro a la apreciación que las personas tienen respeto de la evaluación ambiental? ¿Acaso el objetivo de tener certeza jurídica no ha sido un deseo recurrente de las administraciones anteriores (se le ha llamado también “Reglas Claras”)?
Si este gobierno tiene (¿tenía?) la convicción de que la dinámica del sistema social y político chileno es cada vez más compleja, no se entiende que la mirada no se haya enfocado en darles más protagonismo a la sociedad civil y los grupos de apoyo ambiental y de defensa de los territorios. La falta de foco y no darles mayor protagonismo a esos actores, ha hecho que el gobierno vaya perdiendo credibilidad y legitimidad en los espacios de sustentación en materia ambiental. Se agradece Escazú, pero tampoco es este tratado internacional. y su implementación, el que va a generar un giro en el sentido de la legitimidad de la institucionalidad ambiental.
Y es que, como hace rato es sabido, la multiplicación de conflictos socioambientales es expresión, entre otros, de factores que dan cuenta de la existencia de ciudadanos más críticos e informados, con mayor conciencia medioambiental, pero también de la necesidad de políticas más distributivas y democráticas en materia de desarrollo. Nuevamente, al igual que la vieja Concertación, en vez de fomentar que la sociedad civil sea un factor gravitante para determinar e influir en la agenda medioambiental (y no solo en esta materia), el gobierno no ha desplegado ninguna acción, ni política pública, que permita dar representatividad a las políticas medioambientales en los territorios. Por el contrario, la sociedad civil es invisibilizada no solo en la acción sino también en el discurso, y no ha sido considerada como un elemento gravitante e incidente en la política pública para implementar el programa de gobierno.
El mismo patrón que siguieron los gobiernos de la Concertación se sigue reproduciendo en el “gobierno ecologista”. O sea, la falta de diseño y voluntad para que la política sea llevada adelante con y por la sociedad civil. En síntesis, la ausencia de una participación ciudadana (PAC) incidente y efectiva. A un año de gobierno, la inexistencia en el discurso de las autoridades de mecanismos que, por ejemplo, potencien la PAC (anticipada, vinculante u otra), para qué decir la ausencia de iniciativas que impulsen la soberanía territorial, son la mejor demostración de que nuevamente este tipo de política ha sido dejada de lado. Privilegiar y desarrollar solo la vía institucional, la política del lobby en los pasillos del Congreso, el pirquineo del voto disidente u otra similar, nos lleva a un escenario no solo desfavorable, sino también a un ámbito de la realidad política que hace cada vez más lejano e improbable el poder alcanzar los objetivos sociales que permitan siquiera avanzar hacia terminar con la desigualdad social, económica y medioambiental.
Porque, seamos francos, en materia medioambiental, la participación ciudadana existente es, prácticamente, la aplicación de un procedimiento, de una metodología. Peor aún, de una metodología sin teoría. O más bien de una metodología cuya teoría tiene como sustento al Estado Subsidiario: es decir, las personas, por ciertas condiciones sociales/económicas, son “vulnerables”; y como son vulnerables, necesitan apoyo y requieren que el Estado haga un diagnóstico y levantamiento de las necesidades de dichas personas. Entonces, en la actual PAC, se levanta información para que, en el caso del instrumento “evaluación ambiental”, los titulares incorporen la información que no habían considerado en sus proyectos.
Por consiguiente, en ninguna parte del proceso está contemplado que sean las comunidades las que ejerzan una participación efectiva, desde las bases ciudadanas. No hay posibilidad de que se produzca la construcción de “empoderamiento ciudadano”. Para la evaluación ambiental, lo que hay es la misma mirada asistencialista, vertical, del mismo Estado neoliberal-subsidiario existente desde los 80, profundizado desde los 90. Desde este paradigma no es posible pensar la existencia de comunidades que puedan llevar adelante soluciones colectivas; las soluciones siempre las da el Estado y sus “especialistas” (sobre todo si son abogados). Es decir, según esta perspectiva, el componente para resolver los problemas siempre es técnico, las comunidades no tendrían la capacidad para que la participación ciudadana tenga un componente político, es decir, abrirse a la posibilidad de pensar siquiera que la sociedad, expresada localmente, pueda resolver sus problemas sociales de manera colectiva, desde el ámbito territorial.
La lógica actual de la PAC solo puede dar cuenta de una mirada neoliberal acerca de las posibilidades de participación de las personas en la resolución de sus problemas de vida, de su cotidianeidad. A saber, una mirada “desde arriba”, verticalista, asistencialista, subsidiaria. No está en sus premisas entregar poder a la comunidad. En la lógica neoliberal es el saber experto el que conoce, el que les explica a las comunidades qué es mejor para ellas. Por eso, esa participación no puede ir más allá de lo que dice el DS 40 (Reglamento) sobre la PAC; porque bajo esa lógica, la participación solo puede ser Reglamento y Derecho.
Parece increíble que partidos de gobierno que tienen entre sus objetivos terminar con el modelo neoliberal, sigan pensando que solo haciendo política institucional, estatal, senatorial, se va a poder producir un cambio de modelo que permita alcanzar las transformaciones que el país requiere para terminar con la pobreza –una de las causas de la delincuencia–, la desigualdad económica y política. Por ello es tan necesario que la participación ciudadana sea un espacio de construcción de soberanía y empoderamiento de los territorios. Ello implica incorporar los saberes, significados, percepciones, es decir, las subjetividades de las personas en tanto actores sociales. En otras palabras, requiere de una PAC que privilegie/propicie la solidaridad (no el consumo) y el bien común (no la propiedad).
