Opinión
La relevancia del compliance toma fuerza para que se supervise que se cumplan las políticas y procedimientos de prevención de delitos, se apliquen controles como el due diligence –para saber con quién se está haciendo negocios o verificar la información proporcionada–, se conozcan los beneficiarios finales, se implementen canales de denuncia y se dé protección al denunciante, se pongan límites a las operaciones en efectivo, que los empleados sean capacitados sobre cómo detectar y reportar actividades sospechosas, y denunciarlas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto último debiera correr no solo para las empresas supervisadas por este organismo, sino para todas.
La escalada del narcotráfico y el crimen organizado ha traído diversos impactos a nuestras vidas, porque genera una cultura de ilegalidad, inseguridad y temor, afecta los principios y valores de nuestra sociedad, potencia la economía informal, aumenta la corrupción, el deterioro de las instituciones, la polarización social, el debilitamiento de la democracia y agrega una enorme presión para el Estado, que busca medidas efectivas para hacer frente a este problema.
Ese es el poder del narco y todos somos vulnerables ante él. Y si bien –con justa razón– exigimos al Estado hacer frente a esta realidad con medidas potentes y concretas, no podemos dejar de lado el rol que tenemos cada uno en esta materia, partiendo por las empresas.
En muchos casos, estas pueden verse involucradas en actividades relacionadas con el narcotráfico sin saberlo, ya sea porque los carteles de drogas las utilizan para blanquear dinero, comprar insumos o transportar drogas.
Un ejemplo ilustrativo es el de Mexstone, dado a conocer por Ciper Chile en 2022. En concreto, se trata de una empresa creada en nuestro país por narcos mexicanos que utilizó a un agente de aduana, abogados y transportistas nacionales para su operación. Aparentaba traer piedras decorativas desde México, pero enviaba droga al Puerto de San Antonio. La empresa fue constituida sin mayores impedimentos por abogados chilenos en representación de los mexicanos, bajo un giro amplio y con el poder para representarlos en nuestro país. Lo insólito es que los abogados dijeron no conocer con quiénes estaban haciendo negocios, y explicaron que fueron derivados de un estudio jurídico peruano.
Pero además de Mexstone, figuraba otra empresa fantasma mexicana que estaba a cargo de transportar la droga a Chile. Ya en suelo chileno, los cargamentos fueron recepcionados por una agencia de aduanas, almacenados en un recinto de depósito aduanero en San Antonio, retirados por una empresa de transporte, y luego derivados a una bodega en Pudahuel. Es decir, hablamos de cuatro empresas chilenas, además del estudio jurídico, involucradas con el narco “sin saberlo”. De hecho, el dueño de la compañía de transportes dijo que le pagaron desde México a través de una cuenta en dólares que mantiene en su banco, lo que no fue impedimento para seguir adelante.
De esta manera, vemos lo fácil que puede ser para las personas naturales o jurídicas caer en las redes del narcotráfico, verse involucradas inconscientemente en el lavado de activos y ser usadas como testaferros, en especial empresas que proveen servicios y suministros, de transporte, logística, tecnología y bienes raíces.
En este contexto, la relevancia del compliance toma fuerza para que se supervise que se cumplan las políticas y procedimientos de prevención de delitos, se apliquen controles como el due diligence –para saber con quién se está haciendo negocios o verificar la información proporcionada–, se conozcan los beneficiarios finales, se implementen canales de denuncia y se dé protección al denunciante, se pongan límites a las operaciones en efectivo, que los empleados sean capacitados sobre cómo detectar y reportar actividades sospechosas, y denunciarlas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto último debiera correr no solo para las empresas supervisadas por este organismo, sino para todas.
Estamos en un punto de inflexión, y lo que se haga en esta materia marcará el futuro. Ya conocemos la realidad de otros países donde el narcotráfico es una industria más desarrollada y las empresas locales han tenido que adaptarse para sobrevivir, a veces optando por colaborar con los carteles de drogas o ceder ante la extorsión.
En la Enade 2023 el sector privado dejó claro que la seguridad es una de sus principales preocupaciones, porque no solo afecta la integridad de las personas, sino también las inversiones. Por lo mismo, las empresas son parte de la solución.
La reciente Encuesta Nacional Bicentenario UC muestra un aumento en la confianza de la ciudadanía hacia las empresas, pasando de 11 puntos en 2021 a 14 en 2022. Esto debe ser un impulso para que las empresas sigan demostrando su compromiso con el país, operando con integridad y ética empresarial, cumpliendo con las leyes y regulaciones para prevenir su participación en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado y, de paso, aportando al crecimiento y estabilidad.
