Opinión
Es clave avanzar y aprobar de una vez por todas el Ministerio de Seguridad Pública; dar vida a un nuevo sistema de inteligencia; reformar la Ley de Extranjería con el objeto de facilitar el procedimiento administrativo de expulsión de extranjeros en casos justificados; sancionar el proyecto que tipifica el delito de sicariato, y sin duda aprobar y elevar a rango de ley las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), lo cual es una deuda que tiene nuestro país tanto en materia de DD.HH., por un lado, como de protección del buen ejercicio de la función policial, por otro.
El país atraviesa por un complejo momento en materia de criminalidad que amerita seguir adoptando intensas medidas y alcanzar amplios consensos legislativos en seguridad para revertir los niveles temor, victimización e inseguridad que vive diariamente la ciudadanía.
La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) arrojó una preocupante alza en la percepción de inseguridad. De acuerdo a la medición la percepción de aumento de la delincuencia en el país llegó a 86,9 puntos porcentuales, superando el 84,3 informado el año pasado en este informe. En abono de lo anterior, un estudio de Paz Ciudadana indica que un 28% de los encuestados afirmaron vivir con “alto temor”, el máximo histórico de la medición. Además, en el 32% de los hogares chilenos algún miembro fue víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. Cifras nada alentadoras.
Debemos entender que la delincuencia cambió, en el sentido que se ha vuelto más violenta, irracional y letal, siendo imperioso adoptar nuevos instrumentos y medidas que vayan unidas a la construcción de políticas públicas en seguridad que apunten precisamente a cortar no solo el camino del delito, sino también la ruta de las armas y de las municiones.
Las cifras de la Policía de Investigaciones (PDI) dan cuenta de que un total de 960 personas fueron víctimas de homicidios en el año 2022, un 32% más que en 2021. A lo anterior se agrega la irrupción de nuevas organizaciones criminales con figuras delictivas contra las personas y la propiedad, impensadas en Chile algunos años atrás, como el sicariato, el secuestro, el tráfico de migrantes, descuartizamientos, y decapitaciones por una parte, y portonazos, alunizajes y encerronas, por otra, cuyo punto de conexión está dado por la creciente utilización de armas de fuego, elemento cada vez más recurrente en las estadísticas como dispositivos más usados en la comisión de delitos, registrándose su utilización en el 58,98% de casos investigados a la fecha. Mientras que, en el mismo lapso del año anterior, este porcentaje alcanzaba a un 46,76%.
Frente a esta delicada situación propia de un mundo distópico e indeseable, son altamente valorables dos importantes anuncios realizados por el Gobierno. En primer lugar, el compromiso de US$ 1.500 millones en régimen para destinarlos a enfrentar esta crisis, y en segundo término el plan “Calles Sin Violencia”, que abarcará, por ahora, 46 comunas del país, incluidas las capitales regionales con el fin de disminuir los homicidios y delitos violentos.
El referido aumento presupuestario –que supone un incremento aproximado de un 40% real del gasto que el Estado realiza en materia de seguridad ciudadana y administración de justicia– busca acelerar una agenda que incluye acciones operativas, además del fortalecimiento en equipamiento y las capacidades de las policías –entre ellas, el aumento de la dotación de Carabineros y de la PDI, así como de las Fiscalías, entre otras instituciones, siendo esto último clave para el éxito de la referida agenda–.
En efecto, en materia de equipamiento, qué duda cabe de la necesidad de blindar puertas y ventanas de radiopatrullas, adquirir chalecos y cascos antibalas matapolicías, cámaras corporales para todo el personal que efectúe despliegues operativos, armas no letales, y pistolas subcompactas de precisión. Además, estos fondos deben focalizarse en la recontratación de personal en retiro y, en lo posible, evaluar el establecimiento de un bono a la permanencia, para los funcionarios entre los 30 y los 35 años de servicios, de naturaleza imponible, con el fin de retener a un personal altamente capacitado, y, por ende, evitar que disminuya la planta funcionaria de Carabineros.
En cuanto a la implementación del plan “Calles sin Violencia”, es dable señalar que el aumento de los homicidios en Chile ha significado un cambio en la dinámica de la perpetración de este delito, aumentando el uso de armas de fuego y de imputados desconocidos, lo que imprime mayores dificultades y desafíos a la investigación y persecución penal. Las formas delictuales exigen nuevas respuestas, desde luego más sofisticadas por parte del Estado. “Calles sin Violencia” es una de ellas, y comprende a las comunas con mayor concentración de hechos delictuales de este tipo. En lo atingente a la estrategia de intervención, el diseño para cada territorio ha sido elaborado a partir de un trabajo coordinado entre Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.
Los recursos comprometidos para las iniciativas anunciadas se deben invertir rápidamente, pero es clave que, al mismo tiempo, estas medidas vayan acompañadas de una rigurosa planificación, del establecimiento de indicadores, plazos, y metas, pues lo que no se mide, no se mejora. Asimismo, debe estar presente el escrutinio ciudadano, la auditoría de la Contraloría General de la República y la fiscalización parlamentaria, a fin de asegurar no solo una adecuada rendición de cuentas o accountability, sino, además, la correcta utilización de los recursos públicos, y la efectividad de las medidas, ya sea para su continuidad, mejora o su eventual cancelación. En suma, para verificar si estas medidas movieron o no la aguja.
En esta línea, y previo a la aprobación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, se torna muy aconsejable además que exista una autoridad responsable, con facultades y obligaciones, a cargo de la implementación de estas iniciativas en tiempo y forma, así como de su correcta ejecución presupuestaria y, por cierto, que esté en condiciones de rendir cuenta al país de los avances registrados.
Asimismo, es valorable el anuncio efectuado por la Fiscalía Nacional de conformar una “Fuerza de Tarea de intervención rápida” para hacer frente a los homicidios perpetrados por el crimen organizado, a cargo de fiscales altamente especializados. Hablamos de una medida muy anhelada que funcionará bajo la lógica de trabajo de focos investigativos, interregionales, integrados y que fortalecerá el levantamiento de antecedentes probatorios relevantes desde los primeros momentos de ocurridos los hechos delictuales, y cuya planta funcionaria a cargo será financiada, en parte, por la precitada inyección de US$ 1.500 millones anunciada por el Gobierno.
No es discutido que el complejo momento delictual exige actuar rápido, con unidad de propósitos y de acción. Crímenes por encargo, secuestros, tráfico de migrantes, descuartizamientos y decapitaciones, muerte a plena luz del día, nos indican que este mundo tétrico y distópico se ha vuelto una triste realidad, en tanto la seguridad se erige como una de las utopías del siglo XXI en toda sociedad democrática.
No podemos bajar los brazos y permitir que nos colonice el pesimismo. La lucha contra la delincuencia no es asunto de izquierdas contra derechas, sino de democracia contra la amenaza de la criminalidad.
Es tiempo de acción que genere cambios. Es clave avanzar y aprobar de una vez por todas el Ministerio de Seguridad Pública; dar vida a un nuevo sistema de inteligencia; reformar la Ley de Extranjería con el objeto de facilitar el procedimiento administrativo de expulsión de extranjeros en casos justificados; sancionar el proyecto que tipifica el delito de sicariato, y sin duda aprobar y elevar a rango de ley las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), lo cual es una deuda que tiene nuestro país tanto en materia de DD.HH., por un lado, como de protección del buen ejercicio de la función policial, por otro.
Basta de recriminaciones añejas, falsos dogmas y combates ideológicos artificiales. Es sano remirar posiciones, aquí no hay izquierdas de derecha, ni derechas de izquierda. La crisis en seguridad es de tal magnitud que de ella solo salimos si remamos juntos, todos para el mismo lado. No se trata de quedar pasados con la dosis y convertir a Chile en un Estado policiaco que vulnere derechos fundamentales; se trata de concordar cómo somos capaces –con toda la fuerza y el imperio del Estado de derecho– de dar un paso hacia una nueva era en materia de seguridad, que comience a revertir la negra tendencia en materia delictual y de crimen organizado que nos agobia.
