Opinión
Un mineral clave para la transición energética y la electromovilidad, que, además, tiene alta demanda por diversos actores tecnológicos en los mercados mundiales, siempre será atractivo para los inversionistas privados y la clave –en este caso en que tendremos empresas mixtas donde pactan sector público con actores privados– es diseñar adecuadamente las reglas, los incentivos, así como las fórmulas de gobernanza que permitan una gestión eficiente y transparente como está demandando la opinión pública.
En marzo pasado la Comisión de Minería del Senado realizó un seminario con autoridades, pueblos originarios, productores actuales de litio y expertos sobre “los desafíos futuros para aumentar la producción”.
En esa conversación se concluyó que la Estrategia Nacional del Litio requería que el Gobierno conversara previamente con los actores de este ecosistema, para así avanzar más rápido en su implementación, considerando que existe un ancho consenso en que se debe aumentar la producción con urgencia sobre la base de impulsar una fuerte colaboración público-privada.
El jueves pasado, el Presidente de la República anunció su Estrategia Nacional del Litio con una visión de Estado con políticas de mediano plazo, donde se propone un rol más protagónico del Estado en el ciclo productivo, pero también propuso una fuerte colaboración público-privada que le permita alcanzar la meta de “ser primer productor mundial de litio”.
Este anuncio generó diversas reacciones: desde “la desconfianza” en algunos gremios empresariales hasta la solicitud de mayor precisión sobre la manera en que operará la alianza público-privada en los diversos salares, en especial en el salar de Atacama, que reúne casi el 90% de las reservas de litio en el país.
Para avanzar en este proceso de aumentar la producción de litio es clave despejar las inquietudes que han saltado como reacción al anuncio gubernamental, mediante la multiplicación de los diálogos técnicos entre las autoridades y los actores productivos, tanto de los actuales operadores del contrato de arrendamiento en el salar de Atacama como con los nuevos actores que han mostrado interés en ser protagonistas de esta política del litio en otros salares.
Es urgente que las actuales autoridades den más detalles sobre los pactos de gestión, política de utilidades, control accionario, modalidades productivas sustentables y –a lo menos– política de royalties de estas nuevas entidades público-privadas que operarán en los salares en las próximas décadas. La colaboración publico-privada no puede ser reducida al tema del control accionario de las nuevas empresas operadoras, ya que la experiencia muestra que la organización industrial es más compleja y debe ser más flexible en la industria del litio, de lo que se ha señalado en el debate público.
La afirmación de los gremios empresariales, en orden a que “no habrá interesados” en participar de estas alianzas público-privadas, ha sido descartada por diversos inversionistas extranjeros nuevos, ya que hay diversas empresas australianas, americanas y chinas que han mostrado interés en invertir en este ecosistema productivo del litio.
Un mineral clave para la transición energética y la electromovilidad, que, además, tiene alta demanda por diversos actores tecnológicos en los mercados mundiales, siempre será atractivo para los inversionistas privados y la clave –en este caso en que tendremos empresas mixtas donde pactan sector público con actores privados– es diseñar adecuadamente las reglas, los incentivos, así como las fórmulas de gobernanza que permitan una gestión eficiente y transparente como está demandando la opinión pública.
El país no puede seguir con discusiones ideologizadas sobre el rol del Estado y que eso es incompatible con el rol de los privados y, por eso, propongo que avancemos en fórmulas pragmáticas que nos aseguren impulsar con mayor rapidez la producción de litio, donde hoy somos segundos productores.
Si mantenemos estos debates ideologizados se estancará este impulso, por lo cual insistimos en que las autoridades den más detalles sobre la gobernanza de esta alianza público-privada para el litio.
También es relevante que el Gobierno dialogue sobre la estrategia con los pueblos originarios, en este caso, los pueblos atacameños y collas, como también se acuerden mecanismos de participación y compensación en los salares como ya está ocurriendo con los actuales productores (SQM, Albemarle y MSB).
La política de royalties debe perfeccionarse porque ha permitido al fisco capturar altas rentas de las empresas que tienen contratos con Corfo (US$ 5.000 millones en 2022 y se proyecta un incremento de este monto para 2023); así también, las altas exigencias de estándares medioambientales no deben debilitarse por la participación más activa del Estado en lo productivo.
Es urgente que se den más precisiones a los actores productivos para que se haga realidad en el corto plazo la colaboración público-privada y que eso se convierta en la viga maestra del proceso de ser el primer productor mundial de litio como propuso el Presidente de la República.
No es tarea fácil, pero se requiere más urgencia para concretarla.
