“Yo apoyo al tronco Torrealba”

Los ciclos en Chile están siendo cada vez más cortos. Pese a la amnesia que parece haberse apoderado de nuestro país, lo cierto es que estamos repitiendo los mismos síntomas que fueron acumulando una fuerte energía –corrupción, desprestigio de las instituciones, partiendo por los partidos políticos, colusión, engaño a los consumidores, etc.– que terminó por explotar en octubre de 2019, en el estallido social, del que hoy muchos recuerdan solo los hechos de violencia.

Hoy La Polar está nuevamente en la primera plana, luego de vender ropa falsificada a sus clientes –que, según ellos, les compraban a los dueños de Hites–. Recordemos que, en el inicio del ciclo anterior, esta empresa fue el primer eslabón en el proceso de desconfianza de los consumidores, gracias a que les hacían cargos abusivos a sus clientes, personas de sectores medios-bajos que tienen acceso al crédito a través de estas tiendas.

Hace unos pocos años, la crisis de la política empezó en el Parlamento. Con un efecto dominó, fuimos comprobando cómo nuestros parlamentarios –de todos los colores– pedían recursos ilegales a empresas como SQM o Penta, para financiar sus campañas. Vergonzosos correos con “raspados de la olla”, figuras condenadas –Novoa, Orpis– dejaron a los partidos políticos en el último lugar en confianza de las instituciones, posición que ocupan hasta hoy.

El nuevo ciclo parece ahora partir en las municipalidades. En unas pocas semanas, se ha extendido un manto de sospechas en Santiago y Recoleta (ambos PC), que se suma a la detención de dos alcaldes UDI por corrupción y cohecho, y el acto delictual mayor de Torrealba en Vitacura (RN cuando era alcalde). Algo huele mal en las municipalidades, a un año de las elecciones.

La situación de Torrealba se arrastra desde 2021, cuando el Ministerio Público inició una investigación, luego de la denuncia de una persona cercana al exalcalde que dirigió Vitacura por 25 largos años, pese a que lo investigado solo incluye 10 de esos años, ya que los otros prescribieron –¿cuánta más plata podría haber “desviado”?–. Con reserva por parte de la Fiscalía, muy escasa cobertura de prensa –en comparación con el caso Sierra Bella– y Torrealba refugiado en una de sus propiedades en el sur, el caso parecía enterrado. Hasta que la Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de su investigación en el municipio. El documento no solo concluye la “infracción grave al principio de probidad” –la sanción más alta contemplada por la CGR– contra Torrealba, sino también contra otros dieciséis funcionarios de ese municipio, todos ligados al exjefe comunal y su partido político, Renovación Nacional.

A fines de 2022, el caso salió a la luz pública gracias a La Tercera, que reveló que la defensa del imputado –acusado por desfalco de 2.300 millones de pesos a la Municipalidad de Vitacura– señalaba a otro exalcalde e intendente en el Gobierno de Piñera, del mismo partido, Renovación Nacional, Felipe Guevara, como el autor del sistema de recaudación ilegal. Los dos exalcaldes de RN habrían triangulado plata en efectivo a través de varias organizaciones de la comuna (las “Vita”), dineros que iban a parar directamente al bolsillo de ellos y también, según los abogados del tronco, a varios concejales del mismo partido.

Aunque RN ha tratado de bajar el perfil al caso Torrealba, e incluso algunos líderes de Chile Vamos han contraatacado con el caso Sierra Bella y las licitaciones de Recoleta –que se deben aclarar lo antes posible–, respondiendo a una evidente estrategia comunicacional para mitigar la crisis, lo cierto es que Raúl Torrealba era una especie de ícono de Renovación Nacional y toda la derecha. De hecho, al abandonar Torrealba el cargo de alcalde –luego de 25 años–, el concejal del Partido Republicano, Felipe Ross, presentó la moción de levantar una estatua al tronco, bajo el aplauso del resto de los concejales de la comuna más rica de Chile, casi todos de derecha.

Poco antes, para la campaña de 2016, en que Torrealba resultó electo con un 56.1% de los votos, numerosos dirigentes de Chile Vamos grababan un delirante video, “Yo apoyo al tronco”, en que lo catalogaban casi como un hombre sobrenatural y lo responsabilizaban de los “inmensos logros” de Vitacura. La mayoría de los rostros aseguraban vivir en dicha comuna, por cierto, como Andrés Chadwick, Felipe Kast o Luciano Cruz-Coke. Otros, como De la Maza o Evelyn Matthei hablaban del “hombre republicano y probado”, no probo, por lo visto, y el actual comisionado experto, Hernán Larraín, llamaba a votar otra vez por él, para que el tronco “cierre su gran obra” (sic) con la nueva reelección. Bueno, todos y todas metieron las manos al fuego por el tronco y se quemaron.

Lo complejo es que el caso puede ser, nuevamente, la punta del iceberg de un problema que cruza de manera transversal a nuestra clase política. ¿Por qué no ha existido una condena frontal, no solo de Chile Vamos, sino incluso de los partidos oficialistas al desfalco de 2.300 millones de pesos en la comuna de Vitacura? ¿Será que muchos municipios han utilizado o utilizaron el mismo sistema de los “sobrecitos” que van a diversas cuentas corrientes personales, como las de Torrealba?

De ahí que es fundamental que la justicia avance de manera rápida para aclarar todos los casos que he mencionado en esta columna y, por supuesto, determinar cómo fue posible un robo de tal magnitud. ¿Hasta dónde es posible rastrear el origen de este escándalo? ¿Desde cuándo “opera” el mecanismo y el alcance de los involucrados? ¿Desde cuándo funcionaba “el negocio”, considerando que fue alcalde durante 25 años, entre 1996 y 2021? ¿Cuántos concejales son parte de esta asociación ilícita? ¿Qué responsabilidad tienen los dieciséis investigados por la Contraloría General de la República en el caso? ¿Qué rol cumplía el controvertido Guevara? ¿Podría haber hecho extensivo el sistema a Lo Barnechea u otros municipios dirigidos por alcaldes de RN u otros partidos? A poco más de un año para las próximas elecciones municipales, la ciudadanía merece transparencia y respeto.