Opinión
En la búsqueda de una mayor recaudación fiscal, haciendo uso de un derecho otorgado por la Constitución y la ley, mediante el control, explotación y comercialización del litio, se generarían más ingresos para el Estado que el modelo de negocios actual. En un escenario donde el sesgo ideológico impide implementar un modelo tributario similar al que tenían el promedio de los países de la OCDE, con ingresos per cápita similares al que tiene hoy Chile, aumentar los ingresos para el Estado a través de un mayor control de la industria del litio parece justo y necesario.
La decisión del actual Gobierno de crear una empresa estatal como parte de la Estrategia Nacional del Litio, ha desatado un amplio debate, con posturas ideológicas, comparaciones a veces absurdas, omisión de datos y argumentos que no permiten evaluar correctamente cuál es la mejor opción para el país.
La primera postura ideológica que ha destacado en los titulares y en las cuñas de los interesados locales, es que una empresa estatal es sinónimo de ineficiencia y, en consecuencia, menos ingresos para el fisco y menos creación y captura de valor para los dueños del recurso.
Internacionalmente, se interpretó la estrategia presentada como una nacionalización del litio.
Recordemos que, respecto del litio, por ley y constitucionalmente, es considerado como una sustancia estratégica, no concesible, cuya exploración y explotación puede ser llevada a cabo por empresas del Estado, a menos que el Presidente de la República, a través de un decreto supremo, ceda este derecho vía una concesión administrativa a una empresa privada.
En un mercado capitalista de libre mercado, el objetivo central de la plana ejecutiva de una empresa es maximizar las utilidades para sus accionistas, es decir, sus dueños. La pregunta es entonces: ¿cuál es el modelo de negocios que captura más valor para los dueños del litio?
En el modelo actual, el Estado, dueño del recurso, traspasa a una empresa contratista la responsabilidad de explotar y comercializar, por un tiempo limitado, un volumen de litio y otros minerales asociados, que se encuentran, por ejemplo, en el salar de Atacama. Terminado el periodo del contrato, el Estado tiene el derecho exclusivo y la facultad unilateral de decidir si lo extiende o termina, de acuerdo a su conveniencia.
Si tomamos como ejemplo el caso de SQM, de un total de ingresos de US$ 10.711 millones en el año 2022, US$ 8.152,9 millones se obtuvieron por ventas de litio y derivados (76%). De estas ventas, las utilidades reportadas en el mismo periodo fueron de US$ 3.906 millones, de los cuales US$ 2.969 millones serían por la explotación de litio.
De acuerdo a lo informado por el gerente general de la empresa, en el mismo año, SQM, a través del contrato que mantiene con Corfo por la explotación del salar de Atacama, habría aportado cerca de US$ 5.000 millones al fisco.
En resumen, el acuerdo vigente de Corfo con SQM por el arriendo de sus pertenencias mineras, para que explote y venda el litio y sus derivados en nombre de los dueños del mineral, implicó un reparto de US$ 2.969 millones entre los dueños de la empresa, que son del orden de 1.158 accionistas, y US$ 5.000 millones para el dueño del mineral, el Estado, 19,7 millones de personas, aproximadamente.
Cuesta imaginar a los dueños de una empresa frutícola cediendo a una empresa contratista la responsabilidad de cosechar y comercializar su fruta, con una distribución de las utilidades de estas características.
¿Cuál es la necesidad que tiene el Estado para ceder este valor? ¿Es un negocio de muy alto riesgo?, ¡no! ¿No tiene capital de inversión?, ¡no! ¿No tiene capacidades técnicas?, ¡no! ¿No tiene acceso a alguna tecnología específica?, ¡no! ¿No tiene un marco regulatorio ni capacidades de gestión?, ¡no!
Si ninguna de las razones anteriores justifica esta transferencia de valor, ¿cuál es entonces la justificación para sostener este modelo de negocios y extender los contratos vigentes, siete años antes de su término?
Una empresa estatal que explote el litio con el objetivo de maximizar las utilidades para sus dueños, es un acto apegado a la Constitución y la ley y no constituye la nacionalización de algún recurso en manos de privados.
La postura ideológica en contra de este modelo arguye que una empresa estatal lo haría tan mal, que ni siquiera podría capturar más de US$ 2.969 millones para sus dueños.
Los datos comparativos que se señalan como referencia no ayudan a entender el negocio de la explotación de las salmueras con litio que existen en los salares del norte de Chile.
La minería del litio es radicalmente distinta a la minería del cobre, oro, plata o molibdeno. No son comparables.
La explotación minera del cobre es una industria intensiva en capital, con altas tasas de fracaso y que requiere, primero, de capital de riesgo para, mediante aproximaciones geocientíficas y de ingeniería, descubrir una acumulación anómala de metales como cobre, que nadie conoce su ubicación ni su existencia en volúmenes económicamente explotables. En muchos casos, las empresas desarrollan conocimiento geocientífico propio, para disminuir el riego exploratorio y de ingeniería, para minimizar los costos de explotación y producir de manera rentable.
En este caso, es defendible la premisa de que quien descubre el yacimiento, que puso su propio capital de riesgo, sea dueña del recurso y reciba una compensación en valor, superior en proporciones, que los dueños de la tierra. Esta es la lógica de la ley minera en nuestro país.
En Chile, la industria del litio se basa en la simple evaporación de salmueras, que prácticamente no requiere de capital de riesgo, es poco intensiva en capital y se conoce su ubicación y las reservas posibles de comercializar.
El conocimiento actual sobre el litio comenzó el año 1969, con profesionales del Instituto de Investigaciones Geológicas, dependiente de Corfo, que constataron la presencia de salmueras de litio en el salar de Atacama y que contenía, además, potasio, boro y magnesio. Este es el yacimiento más importante del mundo de este tipo y fue descubierto por profesionales del Estado, financiados por el Estado y permitió que Corfo mantuviera la propiedad minera del yacimiento.
De acuerdo a la información disponible por distintas instituciones del Estado, entre las que destaca el Servicio Nacional de Geología y Minería, las Reservas de litio en los salares Atacama y Maricunga serían del orden de los 10.000.000 de toneladas. En otros 9 salares existirían Recursos por unas 3.300.000 toneladas, y en otros 13 salares, Recursos Potenciales de 1.000.000 toneladas de litio.
Chile posee entonces alrededor de 14 millones de toneladas de litio y se conoce su ubicación exacta.
El año 2022, la producción local fue de 39.000 toneladas y, de no mediar un posible reemplazo en las industrias de la tecnología y electromovilidad, con volúmenes de explotación de 100.000 toneladas por año, el país podría asegurar ingresos por la comercialización de este recurso no renovable para los próximos 140 años.
Chile tiene las capacidades para gestionar un modelo de negocios más rentable en la generación de valor para sus dueños a partir de la industria del litio.
Lo ha demostrado, por ejemplo, con el descubrimiento de más de 80 millones de barriles de petróleo que realizó la empresa estatal ENAP, a través de su filial Sipetrol, en Egipto. Ahí se definió una estrategia, se desarrollaron capacidades profesionales, se asignó capital de riesgo y hoy una empresa del Estado de Chile explota de manera rentable, eficiente y competitiva, un recurso intensivo en capital, de alto riesgo y que requiere de alta especificidad tecnológica. En Ecuador, ENAP, en este caso como contratista, explota yacimientos de petróleo porque lo sabe hacer de manera eficiente y competitiva y comparte con el Estado ecuatoriano las utilidades en función del riesgo asociado a la inversión.
Con las capacidades profesionales, científicas y regulatorias que existen hoy en Chile, se puede garantizar que la creación de una empresa estatal para explotar y comercializar el litio y sus derivados, con el objetivo de capturar el máximo valor para sus dueños, es un mejor negocio.
Es ampliamente sabido que el interés por el litio nace de su importancia en el desarrollo de la electromovilidad, almacenamiento energético y artículos electrónicos, esencial para la descarbonización de la economía mundial. Es por esto que, en diciembre de 2015, una Comisión de 20 expertos llamados por el Gobierno de la época propuso una política nacional para la explotación del litio en un informe público: “Litio: Una fuente de energía, una oportunidad para Chile”.
¿Cuáles fueron las recomendaciones del panel de expertos y en que contexto? Como muchas iniciativas de este tipo, el informe contiene un buen diagnóstico, buenas propuestas, pero no ha existido la voluntad política para implementar lo ahí planteado como parte de una estrategia nacional, acordada transversalmente por el mundo político.
La pregunta que subyace a la discusión abierta es si la propuesta presentada por el Gobierno logra el objetivo de maximizar los ingresos para el Estado.
Con siete años para el término de uno de los contratos, existe el tiempo suficiente para un debate abierto, para una planificación adecuada y evaluar, en detalle, si al Estado le conviene renovar los contratos; no renovarlos y hacerlo con una empresa estatal; o llamar a una licitación internacional, competitiva, con el objeto de implementar un modelo de negocios que maximice las utilidades por la comercialización del litio para sus dueños.
Cualquiera sea el modelo, se debe elegir aquel que genere los mayores ingresos para el Estado y debería ser demostrado de manera transparente, de cara a la ciudadanía.
No parece aceptable una negociación a puertas cerradas con la premisa de que los contratos vigentes se renovarán bajo otras condiciones, sin demostrar primero que este es el modelo que le genera más valor al país.
El diagnóstico es compartido, Chile necesita con urgencia más recursos para mejorar las pensiones, la salud y la educación.
En la búsqueda de una mayor recaudación fiscal, haciendo uso de un derecho otorgado por la Constitución y la ley, mediante el control, explotación y comercialización del litio, se generarían más ingresos para el Estado que el modelo de negocios actual.
En un escenario donde el sesgo ideológico impide implementar un modelo tributario similar al que tenían el promedio de los países de la OCDE, con ingresos per cápita similares al que tiene hoy Chile, aumentar los ingresos para el Estado a través de un mayor control de la industria del litio parece justo y necesario.
