Opinión
Es importante que los recursos fiscales se utilicen en docentes calificados, que provean educación pública de calidad. Si no existen consecuencias negativas para los docentes que no cumplan con el nivel de desarrollo esperado, no hay incentivos para que los profesores fortalezcan sus aprendizajes y se permite que aquellos que no cumplen de manera óptima su función permanezcan en el sistema de educación pública. Esto puede tener fuertes impactos sobre la calidad de la educación ya que, en promedio, existen 13 estudiantes por docente en establecimientos públicos y 20 estudiantes por docente en dependencias particulares subvencionadas y de administración delegada (Mineduc, 2020). De esta forma, si 15 mil docentes no cumplieran con las competencias exigidas, cientos de miles de alumnos se verían afectados.
La evaluación de los docentes en un sistema educativo es de máxima importancia para proveer enseñanza de calidad. Para el diseño de una evaluación de este tipo es fundamental que, en el caso de aquellos docentes que repetidamente no cumplan con los mínimos de calidad en competencias pedagógicas, la desvinculación se utilice como medida de última ratio. Esta medida está diseñada para proteger a los niños, niñas y adolescentes de una enseñanza de calidad insuficiente. Sin embargo, actualmente casi 15 mil docentes estarían siendo privilegiados, al no estar sujetos a dicho tipo de consecuencias sobre su propio desempeño.
El Sistema de Desarrollo Profesional, más conocido como Carrera Docente, se basa en la progresión del docente a lo largo de cinco tramos de desarrollo. Cada vez que los docentes avanzan de segmento, acceden a mayores ingresos y responsabilidades. Por otro lado, si los profesores no alcanzan el nivel esperado de desarrollo acorde a su experiencia, existen consecuencias negativas para ellos, siendo la desvinculación el último paso. Estos incentivos son fundamentales para lograr una educación pública de calidad, ya que ofrecen una trayectoria laboral atractiva para los docentes y detectan necesidades de reforzamiento de competencias pedagógicas o de desvinculación del sistema.
Este último punto está en riesgo para un grupo particular de docentes. La Ley 20.903 establece que los profesores que, perteneciendo al segundo tramo de la Carrera Docente (Temprano), no sean capaces de avanzar al tramo esperado de trayectoria (Avanzado), deben ser desvinculados del sistema. Luego de dos años, estos docentes pueden ser contratados nuevamente, pero deben evaluarse y lograr avanzar hasta el tramo esperado, o ser desvinculados de forma definitiva.
El sexagésimo segundo transitorio de la mencionada ley, sin embargo, plantea que esta sanción solo aplicará a los docentes que ingresen a la Carrera Docente a partir del año 2025. Es decir, para todos los actuales profesores del sistema y los que entren hasta ese año, no tiene ninguna consecuencia no avanzar del tramo Temprano. De esta forma, hay un grupo de docentes que se encuentra completamente protegido de eventuales despidos, aun cuando no cumpla con los estándares mínimos exigidos en competencias pedagógicas. Este grupo consiste en aquellos docentes que, entre el año 2016 y el año 2025, no hayan avanzado en algún proceso de evaluación del sistema y pertenezcan al tramo Temprano. Si estos profesores son mal evaluados nuevamente y no avanzan de tramo, están protegidos por la regulación, la cual impide que sean desvinculados aun cuando no cumplan con los estándares de desarrollo exigidos.
Hoy en día existen 29.565 docentes que no han avanzado en alguno de los procesos de evaluación de la Carrera Docente desde el año 2016, según datos del Mineduc. La gran mayoría de ellos (49%) pertenece justamente al tramo Temprano. Esto quiere decir que, al día de hoy, existen 14.523 docentes que están protegidos y que no serán desvinculados del sistema, sin importar los resultados que obtengan en su próximo proceso de evaluación. Esto es de suma gravedad, ya que aun cuando dichos docentes son financiados por el Estado, no se les exige el estándar de calidad mínimo que la regulación impuso.
Es importante que los recursos fiscales se utilicen en docentes calificados, que provean educación pública de calidad. Si no existen consecuencias negativas para los docentes que no cumplan con el nivel de desarrollo esperado, no hay incentivos para que los profesores fortalezcan sus aprendizajes y se permite que aquellos que no cumplen de manera óptima su función permanezcan en el sistema de educación pública. Esto puede tener fuertes impactos sobre la calidad de la educación ya que, en promedio, existen 13 estudiantes por docente en establecimientos públicos y 20 estudiantes por docente en dependencias particulares subvencionadas y de administración delegada (Mineduc, 2020). De esta forma, si 15 mil docentes no cumplieran con las competencias exigidas, cientos de miles de alumnos se verían afectados.
