¿En qué se parecen las isapres y la Constitución?

Ante todo en que con ninguna se puede hacer mermelada de alcayota. Pero también en que nuestros políticos han fallado en ambos casos rotundamente y sería un bonito detalle ponerse serios de una vez. Veamos por qué:

El problema de las isapres está claro hace muchos años, desde 2010 si queremos llegar solo a los hechos “ejecutoriados”. Sobre la virtual quiebra del sistema, el problema es prístino desde el año pasado, en que se emitió el famoso fallo de la Corte Suprema.

Escuché al presidente de la asociación de Isapres decir que sus socias habían cumplido a cabalidad las leyes que regulan el sector y no supe si reír o llorar. Dicho ejecutivo, realmente no sabe dónde está parado. Solo cabría preguntarle qué cree que piensan los 40.000 clientes anuales que recurrieron a la Suprema por las alzas de sus planes y los centenares de miles de clientes a los que les niegan el pago de sus licencias médicas sin siquiera verlos. Es posible que el susodicho haya sido convencido por algún “experto” de aquello, pero alguien debe decirle que esa afirmación es como una bofetada en la cara de los chilenos. Con eso, el calificativo de desfachatez que se les asignó, se queda realmente muy corto.

Otros expertos, en vista de que el Gobierno pidió y consiguió más plazo a la Suprema, y envió una “ley corta” al Congreso, a sabiendas de que la deuda que deben pagar ahora es pagable, entonces han dicho que la aplicación del fallo también significa una pérdida de ingresos por $30.000 millones y que eso hace el negocio de las isapres un mal negocio.

Por partes.

1. Es obvio que un negocio regulado (este caso, porque se trata de seguros obligatorios, no está de más recordarlo), siempre está en manos de la autoridad política que viva o muera y es evidente que el Gobierno, a pesar de sus propias convicciones (que comparto), está haciendo lo que pueda por salvarlos. Entiende que es un problema de todos. La cuestión de fondo es que ellos mismos debieran, al menos, insinuar quién paga la cuenta. No lo han hecho, porque el escándalo que han promovido solo conduce a que pague Moya. Mala idea, ni siquiera en tiempos de dictadura se hizo algo como eso, pues hasta la cartera vencida de los bancos el año 1982 se debió pagar y los accionistas bancarios de la época no vieron un dividendo mientras eso no ocurrió. Es que es impresentable la pretensión.

2. La pérdida del negocio a futuro deben explicarla un poco más, porque no se entienden sus cuentas. Los precios de los seguros son actuarialmente justos y, cuando se elimina un factor de la tabla, el costo de dicho factor se transfiere a los demás asegurados. De hecho eso, tan obvio, lo vivimos en Chile cuando se prohibió la discriminación por sexo. Eso solo significó que los seguros de los hombres se encarecieran y los de las mujeres bajaran. En promedio, los ingresos del asegurador se mantuvieron y apareció una especie de subsidio cruzado de hombres a mujeres.

Por supuesto, y aquí peca nuestro Gobierno, se debe reconocer que el problema es grave y compromete al Estado, porque hay tres millones de asegurados involucrados. Ya hemos visto lo que ocurre cuando quiebra una isapre, se puede imaginar lo que sucedería si se les ocurre quebrar a todas. Eso se llama captura y sería bueno que el Gobierno reconociera que está capturado.

Por supuesto, hay muchas maneras de abordar ese problema. Ante todo, porque en verdad lo que interesa es lo que ocurra con los prestadores médicos y los usuarios que son acreedores (por ejemplo, a los que les deben el pago de sus licencias médicas). A los primeros, las isapres deben una cifra estimada en unos US$ 400 millones. A los segundos, según cifras de la Superintendencia de Salud, se les debe unos US$ 330 millones. Estas cifras son cerca de la mitad de lo que deberían pagar las isapres a sus afiliados y, creo, debieran ser prioritarias en caso de quiebra del sistema.

Fenomenal. Pero lo interesante es la actitud de los políticos. Por una parte, todos reconocen que esto debió haberse solucionado por la vía legislativa hace más de 10 años. De esa manera, no hay sectores políticos inocentes. Pero, por ahora, lo único que se escucha es a la oposición que solidariza con las isapres, porque sabe que el que debe dar la cara es el Gobierno. Les sale gratis. Los partidos oficialistas hacen mutis por el foro, solo señalando lo perversas que son las isapres, con lo que, de pasada, le hacen más complicada la tarea al Gobierno.

De la misma manera que en la crisis bancaria de los 80, el problema es demasiado grande para dejar que se solucione por la vía “normal” y es obvio que el Gobierno deberá ayudar a solucionar el problema con recursos públicos. Todos debiéramos estar disponibles para aceptar parte de ese costo, lo contrario solo es oportunismo. Me atrevo a proponer una intervención administrativa de las isapres, regularizar deudas y devolverlas sujeta a convenios de pago.

Y ¿qué tiene que ver esto con la Constitución? Pues en la actitud política. Quizás valga la pena recordar lo ocurrido desde octubre de 1988 con la Carta Magna de la dictadura. Esa Constitución era un mamarracho y los partidos de la época acordaron modificarla. Lo hicieron, fueron muy básicos los cambios, derogación del artículo 8° (prohibía el Partido Comunista), incluir la obligación del respeto a los derechos humanos, se disminuyeron algunos quórum en leyes orgánicas, se aumentó el número de senadores (con lo que los senadores designados perdían importancia relativa) y otros. Para la mayor parte de la oposición a la dictadura, los cambios eran demasiado menores (quedaban los senadores designados, el Consejo de Seguridad Nacional y otras que aseguraban las normas creadas por la dictadura).

Pero los partidos de oposición de la época (la Concertación), decidieron aprobar el mal menor. Los partidos de gobierno entendieron que su derrota (mucho menor que la actual) los obligaba a negociar, aunque había muchos que no lo estimaban necesario ni seguro (entre ellos, el propio Jaime Guzmán).

El resultado fue el plebiscito de julio de 1989 en el que la Constitución reformada se aprobó por el 91,2% de los electores, con un respaldo de 6,6 millones de votos. En la perspectiva de los años, era evidente que lo prioritario era tener paz y algo de orden aunque imperfecto.

En la actualidad estamos en una situación parecida en muchos sentidos. La crisis política no permite avanzar en ninguna dirección y el péndulo electoral lleva más tiempo que la dictadura.

Sin embargo, aún no veo figuras políticas dispuestas a llegar a acuerdos con el adversario; ningún partido se ha fijado como meta llegar a un acuerdo del 90% del electorado; ningún partido se ha visto dispuesto a aceptar costos para llegar a un acuerdo. Desde 2019 estamos en una situación de incertidumbre constitucional y eso tiene costos de convivencia, económicos, etc.

Es parecido al problema de las isapres. Nuestros políticos no enfrentan el problema y se limitan a esperar que algo (que puede ser muy malo) precipite los acontecimientos.

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