Conformación del Consejo Constitucional y subrepresentación indígena

En las pasadas elecciones se escogió a los 50 consejeros constitucionales, aquellos designados para escribir la Constitución que regirá el país. Aquellos no son caras neutrales, son personas con ciertas características que los diferencian entre ellos. Dieciséis integrantes son de Unidad para Chile (PC-PS-FRVS-PL-FA), 11 pertenecen a Chile Seguro (RN-Evópoli-UDI) y la gran mayoría son del Partido Republicano, con 23 consejeros electos.

Dentro de los grupos representados hay uno que vio disminuida casi en su totalidad su representación en el Consejo: los pueblos indígenas. Solamente uno de ellos es indígena, Alihuen Antileo, lo cual marca una diferencia notable con los 17 escaños reservados que obtuvieron en la anterior Convención Constitucional.

Esta noticia es importante para Chile, porque los 50 consejeros serán los encargados de construir la base para el modelo de país que se buscará implementar, un modelo que tendrá diversos efectos sobre la sociedad. Esto, debido a la gran cantidad de problemáticas que se deben regular, pero particularmente porque, al tomar una elección de modelo, no se puede dejar contentos a todos los sectores, ya que se deja otro modelo de lado y se opta por cierta forma de realizar política y de regular la economía. Se establece un camino, uno en el que los intereses resultan claves al momento de guiarlo y estructurarlo en un texto constitucional.

Por ello mismo, la casi nula representatividad de los pueblos indígenas resulta realmente terrible, con una población de 2.185.792 personas (INE, 2017), representan un poco más del 12% del total nacional. Esto significa que los intereses y preocupaciones de este sector no se verán debidamente representados en el proceso constitucional, ya que justamente no estarán aquellos que pueden expresar sus experiencias y, por tanto, sus preocupaciones.

Anne Phillips (2006) resalta la necesidad de que exista una “política de la presencia” más que una “política de las ideas” en los países en general. Esto quiere decir que no debemos basar la representación solamente en ideologías políticas, sino que debe existir una representación visible de aquellos que viven en el país, especialmente cuando se trata de grupos históricamente excluidos, pudiendo así entender sus experiencias, las cuales en una política de las ideas podríamos haber terminado desplazando e ignorando.

Esta idea también surge de un contexto mundial en el que las minorías étnicas han estado ausentes o subrepresentadas en la mayoría de las legislaturas de las democracias electorales (PNUD, 2015), por lo que la búsqueda de una política de la presencia resulta necesaria para que estos grupos entren en la política formal, para que así tengan una participación efectiva en las instancias de toma de decisiones, resultando clave para no quedar excluidos del sistema político (Bloemraad & Schönwälder, 2013).

Podemos observar esto en la problemática actual, donde, al no existir gran presencia de los pueblos indígenas, vemos que dependen de las ideas que puedan abogar por sus intereses. En este caso, la posibilidad de verse representados ideológicamente es bastante improbable, ya que 34 consejeros son parte de la derecha, poseyendo más de 2/3 del Consejo, lo cual les permite imponer sus ideas en la propuesta constitucional sin tener que negociar con nadie más que entre ellos mismos, algo que, bajo la ideología conservadora que tiene este sector, no resulta alentador en materias indígenas.

Es importante entender que esta subrepresentación no es una problemática que nace en la elección actual, es un problema histórico de subrepresentación indígena para Chile, especialmente a nivel nacional, con bajísimos índices de representación indígena en el Congreso, tanto en diputados como senadores. A nivel local (alcaldes y concejales), cabe mencionar que la representación indígena ha tenido una evolución favorable, sin embargo, tampoco resulta una representación favorable a los pueblos indígenas, especialmente cuando se considera el tamaño de su población.

Esta subrepresentación necesita mayores soluciones a futuro. Para ello, debemos identificar y esclarecer mayormente la problemática, pero lo difícil es que justamente es un problema multifactorial, siendo muy complicado realmente conocer el origen específico de esta.

A pesar de no poder determinar de forma exacta el origen del problema, existen al menos dos factores que visiblemente son parte de él:

El primer gran problema resulta de la relación histórica que ha existido entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile. En esta parte, con un legado histórico desde la colonización, pero contrario a lo que se cree muchas veces, los chilenos tuvieron un efecto mucho más negativo que los españoles para los pueblos indígenas, ya que si bien los españoles claramente tuvieron varias tensiones con los pueblos originarios (especialmente con el pueblo mapuche), sí establecieron en cierta medida una relación bilateral en la que se respetaban ciertos límites de territorios, acordados bajo tratados realizados entre las dos naciones o pueblos.

Aquel Estado que rompió los tratados no fue el Estado español colonial, sino el Estado de Chile, el cual empezó a intensificar dinámicas de violencia y ocupación que sucedían en la macrozona sur. Esto ya llegó a su punto cúlmine con la “Ocupación de La Araucanía”, momento en que el Estado invadió estos territorios y los anexó, iniciando una dominación y cooptación que desde ese momento no se detuvo, con altos y bajos en la relación, pero siempre con los pueblos indígenas en una situación de desventaja.

Esto ha generado un rechazo a la política tradicional para los pueblos indígenas, por ejemplo, dentro del pueblo mapuche algunos ni siquiera apoyan la participación institucional de los pueblos indígenas como representantes, considerándolo una traición (Salomón, 2020). Esta puede ser una de las claves de la reticencia de los pueblos indígenas a participar activamente de la política formal: el que no exista una gran confianza hacia el sistema político no motiva la participación electoral.

Ya dicho que el pueblo mapuche y el Estado de Chile no han desarrollado durante su historia una buena relación bilateral, también existe un problema con la posición del pueblo mapuche en la sociedad, específicamente su situación de vulnerabilidad socioeconómica. Esto claramente frena su posibilidad de acceder a diversos servicios básicos, constituyendo un sector de la población que realmente tiene varias deficiencias en cuanto a nivel de ingreso, acceso a agua potable, educación, etcétera.

Todas estas vulnerabilidades generan un gran efecto sobre el pueblo mapuche, ya que varios son conocidos factores negativos sobre la participación electoral en general. Por ejemplo, Alberto Riquelme (2019) estudió el caso de Chile, analizando si el estar en situación de pobreza era un factor importante en cuanto a participación electoral. Utilizando indicadores de pobreza multidimensional, este muestra que, en Chile, un 32,59% del total de las personas consideradas “pobres” efectivamente votó, algo bastante lejano al promedio de participación electoral a nivel nacional, el cual está cercano al 50% en los últimos años. Uno de los indicadores que más diferencias posee entre la población que votó es la educación, existiendo diferencias significativas entre el total de votantes sin educación que votaron en las elecciones presidenciales del 2017 (18% en primera vuelta, 24% en segunda) y aquellos que accedieron a la educación superior (estudios universitarios o institutos técnicos), constituyendo estos un 43,86%. Por lo mismo, el que existan tales vulnerabilidades en los pueblos indígenas puede, realmente, constituir un factor negativo para la participación electoral.

Una baja participación electoral lleva a una baja representación política, con la cual resulta más difícil poder defender de forma efectiva demandas e intereses, y en este caso podría estar conduciendo posiblemente a una Constitución poco favorable para los pueblos indígenas.

Debemos establecer mecanismos que permitan una mayor representación de los pueblos indígenas, en este caso puede ser la Constitución, pero el fondo del problema es que no incluimos sus demandas en el debate, lo cual es peligroso con cualquier grupo que represente un porcentaje importante del país, ya que estas demandas no estarían siendo canalizadas por la institucionalidad, sino fuera de esta, algo menos efectivo y con mayor confrontación.