Anteproyecto de la Comisión Experta: texto y contexto

Con puntualidad y sin aspavientos, la Comisión Experta terminó (esencialmente) su primera y más importante labor y aprobó el anteproyecto de nueva Constitución que será la materia prima con la que trabajará el Consejo Constitucional (materia prima, eso sí, que puede botarse al tacho de la basura por dos tercios del órgano constituyente).

¿Qué tal el texto?

Tal como lo han declarado algunos de los propios integrantes de la Comisión Experta, el anteproyecto no es el texto “soñado” de ningún sector. No cumple todas las expectativas de la oposición dura: no constitucionaliza el seguro privado de salud, no prohíbe el aborto, no les concede a la Fuerzas Armadas un capítulo aparte (al nivel de los tres poderes clásicos). Tampoco satisface las expectativas del oficialismo más militante: no reconoce los derechos sexuales y reproductivos (incluyendo la interrupción del embarazo), no establece la paridad de género, no modifica las bases del sistema político, no redistribuye poder entre el capital y el trabajo.

Sin embargo, el anteproyecto es claramente mejor que la Constitución vigente y su consagración representaría un avance institucional.

Basta, para fundamentar ese juicio, el constatar que el anteproyecto instituye al Estado social y democrático de derecho (con derechos sociales progresivos y responsabilidad fiscal), reconoce a los pueblos originarios, elimina el control preventivo de constitucionalidad de las leyes (la virtual y disfuncional “tercera cámara” en la que se había en la práctica convertido el Tribunal Constitucional), ordena al menos una paridad atenuada para las próximas dos elecciones parlamentarias (ningún sexo por sobre el 60%), constitucionaliza el concepto del “trabajo decente” y adopta algunas medidas para desincentivar la difícilmente gobernable multiplicidad de partidos políticos que obtienen representación parlamentaria, así como para estimular una efectiva descentralización, solidaridad y mayor igualdad entre las regiones y para mejorar el decimonónico sistema de nombramiento y control de los jueces. Adicionalmente, no se trataría de una Constitución “pétrea”, porque las normas sobre reforma constitucional no exigen quórums exagerados, y establece algunos mecanismos de democracia directa. Hay más temas y, también, claroscuros. Limitaciones de espacio impiden ampliar este listado y profundizarlo. Pero este podría ser un buen resumen de los (modestos) avances que contiene.

El texto del anteproyecto es, entonces, razonable. Dadas las circunstancias, la Comisión Experta hizo un buen trabajo. Y se agradece.

¿Qué tal el contexto?

El entorno social, cultural y político para el anteproyecto no es halagüeño, eso sí. Como se sabe, el Consejo Constitucional estará completamente dominado por la derecha y, dentro de esta, por la derecha más extrema. Y, en este contexto, la expresión dominado suena a eufemismo: subyugado sería más preciso. La derecha alcanza por sí misma no solo la mayoría para aprobar un texto distinto, sino que el derecho de arrasar sin contrapeso en el Consejo, incluso en contra de los reparos y observaciones que eventualmente efectúe la Comisión Experta (cuando le toque revisar el proyecto que elabore el Consejo), ya que los dos tercios que logró en el Consejo son todopoderosos (salvo, claro, si pretenden saltarse alguna de las 12 Bases Institucionales, que estarán fiscalizadas por el Comité de Admisibilidad, y salvo también que la anunciada renuncia del consejero republicano que fue formalizado por abusos sexuales los deje sin esa supramayoría, por un pelo… noticia en desarrollo).

En este entorno, entonces, si es que el anteproyecto que esta semana han aprobado los expertos consigue sobrevivir siquiera, es bastante probable que su contenido migre hacia la derecha económica (debilitando el rol que le reconoce al Estado y descafeinando al Estado Social) y/o hacia la derecha política, cultural y valórica (relevando el rol de las Fuerzas Armadas, restituyendo los quórums supramayoritarios para ciertas leyes y el control preventivo del Tribunal Constitucional, eliminando aun esa paridad atenuada y transitoria que el anteproyecto tímidamente contempla, limitando o prohibiendo el aborto, etc.).

¿Podría pasar eso? Aunque sería muy miope (ya explico por qué lo sería), sí podría pasar. No debe olvidarse que los republicanos, hoy dominadores sin contrapeso en el Consejo, fueron la única fuerza política que votó en contra de este nuevo proceso constitucional y que reconoce sin ambages que no desea cambios constitucionales, que la Constitución vigente los representa ciento por ciento y que incluso son abiertamente contrarios a algunas de las 12 Bases Institucionales (por de pronto, la del Estado Social). De hecho, un connotado dirigente republicano ya afirmó que, si tiene que elegir entre el anteproyecto y la Constitución actual, prefería sin ninguna duda a esta última.

Puede, entonces, pasar esto, pero la derecha moderada actuaría de una manera demasiado miope si lo permitiera. Podría pensarse que migrar hacia la derecha el texto es una estrategia tipo “ganar-ganar” (mal entendida, claro): si al fin se aprueba en el plebiscito de salida, miel sobre hojuelas; si se rechaza, se mantiene la Constitución vigente, mermelada sobre hojuelas. Sin embargo, el fracaso de este nuevo proceso constituyente sería malo para todos, incluyendo la derecha, y si se rechaza porque la ciudadanía advirtió en ese sector político una mera estrategia cortoplacista, destinada a imponer su visión país, sin una verdadera opción por el consenso, entonces la derecha perderá más todavía.

Quizá el Consejo nos sorprenda y mantenga a raya a quienes se apegan irracionalmente al statu quo y se oponen a todo avance. Quizá migre el contenido del anteproyecto de una manera equilibrada, sin sesgos evidentes. Quizá el Consejo tenga la visión de mantener un texto balanceado y más bien minimalista (respetuoso de las futuras decisiones legislativas). Quizá eso permita que este proceso culmine exitosamente.

Dos fueron los motivos principales para llevar adelante estos procesos de cambio: uno, subsanar de una vez la evidente e hiriente deslegitimidad de origen de la Constitución actual, y dos, cambiar el estado de cosas, cambiar la manera en que nuestras instituciones reparten el fruto de la colaboración social, hacerla más humana e inclusiva, con mayor igualdad sustantiva y con mayor respeto a las distintas identidades. Si el plebiscito de salida aprueba, el primero de esos motivos debería quedar satisfecho. Y si el borrador que finalmente se apruebe es semejante al anteproyecto de los expertos (o igual), el segundo motivo no quedará satisfecho, no habrá un antes y un después en la manera en que Chile distribuye los bienes sociales y las oportunidades, pero se habrá comenzado a transitar, sin duda, en la dirección correcta. El Estado Social empezaría a reemplazar al Estado Subsidiario. Un avance modesto, claro, pero un avance siquiera.

Lo anterior, si el contexto lo permite. Como diría Jacques Derrida, no se puede aislar al texto de su contexto: al fin, todo está en el texto. Texto y contexto.