Opinión
Las áreas protegidas son la principal herramienta con la que cuentan los países para proteger su patrimonio natural y, como tal, el desafío de este nuevo servicio es enorme, así como también lo es la oportunidad de llevar a Chile al siguiente nivel en materia de conservación de su biodiversidad, y de trabajar en forma conjunta con instituciones científicas, académicas y ciudadanas para lograrlo. En ese contexto, desde el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, ponemos a disposición nuestras capacidades y experiencia en investigación científica y técnica, para seguir aportando a la tarea de mejorar el estado de conservación de las áreas protegidas del país, con énfasis en aquellas de la Patagonia chilena.
Se aprueba en el Congreso Nacional la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y somos muchos los que aún aplaudimos que, después de trece años de discusión parlamentaria, por fin esta incitativa vea la luz. Contar con un servicio público independiente, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que concentre las funciones de gestión de las áreas protegidas terrestres y marinas que actualmente suman el 37% de la superficie nacional, será fundamental para situarnos como un país alineado con las necesidades mundiales de conservación de biodiversidad y de mitigación y adaptación al cambio climático.
El manejo o administración de las áreas protegidas públicas y privadas actualmente está fragmentado en distintos servicios pertenecientes a ministerios que van desde Medio Ambiente a Cultura, pasando por Economía y Agricultura, conformándose un mosaico de instituciones con intereses esencialmente diferentes que difícilmente podrían haber confluido en una estrategia integrada de áreas protegidas con un enfoque ecosistémico. El SBAP, en cambio, permitirá planificar la conservación con esa mirada, además de promover la implementación transversal de estándares de gestión exigentes para que las áreas protegidas realmente aporten a la conservación de la biodiversidad y a la generación de beneficios para las comunidades locales y para los visitantes.
Gestionar efectivamente un área protegida requiere de un fuerte compromiso, porque involucra acciones amplias y diversas que van desde la generación de un plan de manejo para establecer lo que puede o no hacerse en su interior, con tal de garantizar la conservación de los recursos naturales, biodiversidad y servicios ambientales (lo que supone el previo levantamiento de una línea base de biodiversidad, la identificación de objetos de conservación, la definición de usos actuales y potenciales dentro del área, etc.), hasta el establecimiento de mecanismos efectivos de participación de las comunidades locales cercanas al área, entendiendo que la conservación se da en un contexto social del que se beneficia, y al que beneficia.
Esto último ha cobrado cada vez más importancia, porque las comunidades locales deben ser los principales socios en la conservación de un área protegida, y sus principales beneficiados: una relación virtuosa para la
conservación y del desarrollo socioeconómico local.
Afortunadamente, la creación del Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas se da cuando en Chile ya está implementado el programa Lista Verde de UICN que, justamente, apunta a colaborar con gobiernos o actores privados para mejorar la gestión de las áreas protegidas y, de esa forma, garantizar la conservación de su biodiversidad. Es más, la aprobación de la ley que crea el SBAP ocurrió cuando el director mundial de Lista Verde, Thierry Lefebvre, estaba de visita en nuestro país sosteniendo reuniones con Conaf, principal promotor y socio en la implementación del programa Lista Verde en Chile, y con el Ministerio del Medio Ambiente para reforzar el valor de esta herramienta frente a la necesidad de manejar correctamente las áreas protegidas y asegurar su conservación.
De hecho, al ser el estándar de gestión de áreas protegidas más exigente a nivel mundial, Lista Verde ha sido reconocido por la Convención de Diversidad Biológica (CBD) como una de las herramientas formales para reportar el cumplimiento de metas, como la meta 30×30 suscrita también por Chile. Representa, por lo tanto, una gran oportunidad para alcanzar parte importante de los objetivos de la institucionalidad ambiental que ahora suma este nuevo servicio.
Las áreas protegidas son la principal herramienta con la que cuentan los países para proteger su patrimonio natural y, como tal, el desafío de este nuevo servicio es enorme, así como también lo es la oportunidad de llevar a Chile al siguiente nivel en materia de conservación de su biodiversidad, y de trabajar en forma conjunta con instituciones científicas, académicas y ciudadanas para lograrlo.
En ese contexto, desde el Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile, ponemos a disposición nuestras capacidades y experiencia en investigación científica y técnica, para seguir aportando a la tarea de mejorar el estado de conservación de las áreas protegidas del país, con énfasis en aquellas de la Patagonia chilena.
