Opinión
El segundo paso es reconocer que la educación nacional en su conjunto está en una crisis de desarrollo que es profunda, compleja y multidimensional y que las respuestas no pueden provenir del marco ideológico-político de los gobiernos de turno u oposición política. En palabras de hoy: necesitamos un pacto nacional por la educación, que considere a todos los niveles del sistema (en caso contrario sería un parche) y a los principales actores institucionales públicos y privados.
La calidad de la educación escolar en Chile es muy inferior a la de países de similares condiciones de vida e ingreso económico per cápita. Ello no es algo reciente: por el contrario, desde hace décadas en diversos rankings internacionales el país ha quedado mal posicionado. Entonces, el estancamiento de los resultados educacionales en todo plano (o su lento avance) es una materia que debiera ser de importancia para los responsables de las políticas públicas del sector. Son muchos y diversos los factores asociados a esta ralentización y que, por lo tanto, son candidatos a ser foco de políticas públicas.
Especialistas de distintos campos sostienen que una de las principales limitantes para que Chille llegue al ansiado desarrollo (económico/social) es su deficitaria educación, siendo relevante decirlo, pero aún más importante evaluar cómo y en qué plazo se pueden introducir cambios. Un diagnóstico inicial del problema nos dice que hoy la política no está funcionando y que las políticas públicas terminan basándose más en lógicas ideológicas y ganancias políticas de corto plazo que en la evidencia acumulada sobre sus potenciales impactos. Entonces, ¿cómo avanzar hacia un camino de solución?
El primer paso es aunar criterios sobre dos considerandos claves para recorrer este camino. Uno es comprender que la educación es una inversión que hace la sociedad (como variable clave) para su desarrollo y la cual genera impactos positivos en el corto, mediano y largo plazo. Segundo, es indispensable que el incremento sustantivo y sostenido de la calidad de la enseñanza escolar vuelva a tener prioridad en la política pública.
El segundo paso es reconocer que la educación nacional en su conjunto está en una crisis de desarrollo que es profunda, compleja y multidimensional y que las respuestas no pueden provenir del marco ideológico-político de los gobiernos de turno u oposición política. En palabras de hoy: necesitamos un pacto nacional por la educación, que considere a todos los niveles del sistema (en caso contrario sería un parche) y a los principales actores institucionales públicos y privados.
Esto nos lleva a un tercer paso: los principales grupos de poder que buscan influir en la educación desde distintos objetivos, a saber, agrupaciones de establecimientos privados, públicos, gremios profesionales de docentes y funcionarios públicos, asociaciones de padres y apoderados y de estudiantes e instituciones de la sociedad civil, a fin de que se comprometan en un itinerario mínimo y común para que se pueda encausar esta tarea.
En cuarto lugar, este es un debate que se debe profundizar. Y si bien no es que no sepamos cuales son las principales medidas que debemos adoptar, un problema muy importante es que históricamente -en estas últimas décadas- las autoridades político/técnicas de turno no han sido capaces de implementarlas, debido a una combinación de factores que explican nuestro bajo desempeño y en cuya trama seguimos atrapados como país.
En esta trama aparece, primero, la mala calidad de la política en general y de la política sectorial en particular, que han hecho que nos centremos en problemas secundarios (que congregan alta visibilidad y permiten oportunismo político), dejando pasar aquellos problemas estratégicos claves que podrían generar la diferencia de calidad educativa que buscamos. Un ejemplo es la solución inadecuada que se le dió al problema de la gratuidad de la educación superior, que terminará siendo un nuevo CAE, pero ahora solamente para el Estado. Otro tema fue el tiempo perdido en la recuperación de los aprendizajes escolares postpandemia, debido a la errónea política inicial que tuvo la iniciativa de volver prontamente a la escuela, sin considerar los cambios ocurridos en ella. Otro ejemplo diferente es la rigidez que introdujo la nueva ley de educación superior a la extensión de las carreras y, por tanto. a su mayor costo, sin correlación explícita en las necesidades del país en materia de nuevos profesionales y técnicos.
Un segundo factor es la imprescindible modernización del Estado en educación, que implica rediseñar un ministerio obsoleto en sus estructuras, al que se le han colgado y descolgado unidades sin una lógica coherente. El Ministerio de Educación es hoy demasiado lento para abordar tareas complejas, que requieren de respuestas más rápidas y efectivas. Un ejemplo es lo que tardó durante la pandemia en la priorización de aprendizajes y sus directrices; al igual que más tarde en el diseño de una estrategia de recuperación de aprendizajes. Por lo pronto, todo el tema Educación Superior debiese ser un ministerio propio, dejando la educación inicial y escolar en el ministerio actual, que fue diseñado principalmente para una lógica de control del aparato público, más que de apoyo al sistema educativo en su conjunto, lo que hoy le hace más inefectivo dado que lo público será -en unos años más- patrimonio exclusivo de la Dirección de Educación Pública (DEP) y lo privado no tiene una unidad referente equivalente a la DEP, que vele por su efectividad. Además, hoy el sector público representa el 36% de la matrícula, por lo cual el privado es mayoría y requiere de unidades especializadas de trabajo ministerial. Asimismo, las unidades regionales del ministerio, secretarías regionales y direcciones provinciales, requieren ser reconfiguradas bajo el nuevo escenario.
En tercer lugar, al tenor de la evidencia debiese cambiarse la reasignación financiera hacia los factores que tienen mayor impacto en la calidad educativa, a saber: soporte tecnológico para los aprendizajes, poblar de contenidos las plataformas, estimular el aprendizaje autónomo, fortalecer el financiamiento para los estudiantes más vulnerables, aumentar los recursos administrados por las escuelas. Y un tema mayor: cambiar el actual sistema de subsidio por asistencia diaria al establecimiento por el de matrícula trimestral, previo estudio de costos de lo que efectivamente cuesta formar a un estudiante según el quintil socioeconómico y acorde con los estándares de calidad del sistema. Esto implicará mejores aprendizajes y calidad del sistema, pero no significa poner los recursos en cualquier aspecto.
Consistente con ello, debemos poner mucha atención al “pariente pobre de la educación”, aquella ligada al mundo del trabajo (enseñanza técnico profesional), tanto a nivel secundario como de educación superior, y también a la capacitación laboral. En el nivel secundario se ha producido una creciente reducción de sus matrículas, asociada además a bajas de empleabilidad, por lo cual se requiere poner inteligencia y recursos para abordarla, lo mismo en el nivel superior, donde los Institutos profesionales han mostrado mejores resultados que las universidades en este campo.
Esta temática además debe tener una atención preferente en materia de género. Chile está 10 puntos por debajo de los valores de empleabilidad promedio femenino de países desarrollados. Esto implica desarrollar facilidades para conciliar la corresponsabilidad parental y políticas de fomento de salas cuna para todas las mujeres que trabajan, y se pueda impulsar un aumento de la participación femenina.
Es altamente posible que la implementación de este pacto implique inicialmente una reasignación de recursos, que esperamos esté basada en criterios de impacto en los resultados de aprendizaje y formativos, seguida de estudios de costos serios sobre los subsidios claves asociados a la calidad de la educación, para finalmente atender aquellas demandas de mayores recursos, con las argumentaciones consistentes con una provisión de recursos permanentes y no solamente eventuales.
