Opinión
Si Chile ofrece alternativas acotadas y al mismo tiempo alcanzables a quienes, por ejemplo, necesitan reunirse con sus familiares, se estará abordando el origen de la migración irregular. Esto no va a terminar con todos los movimientos por pasos no habilitados, pero puede disminuirlos sustancialmente. Lo anterior permite, por una parte, que quien ingresa regularmente al país se integre con mayor facilidad y, por otra, controlar la frontera de manera más efectiva y focalizada.
Durante los últimos meses, el debate en torno a la migración se ha centrado en los riesgos que ésta podría suponer para la seguridad de la población chilena, teniendo un lugar preponderante la preocupación por los delitos cometidos por extranjeros y su presencia en las cárceles del país. Sin embargo, los datos no muestran que en Chile los extranjeros cometan más delitos que los chilenos. El porcentaje de personas extranjeras condenadas por un delito, que están privadas de libertad, es un 7,6% del total en Chile, lo que es proporcional con el número total de inmigrantes que viven en el país. En cuanto a la cantidad de extranjeros denunciados o detenidos por delitos, faltas o infracciones, la proporción también es similar a la presencia de migrantes en Chile (8%).
Lo anterior no quiere decir que no se deban atender situaciones como la mayor presencia de extranjeros en las cárceles de algunas regiones, su sobrerepresentación en la comisión de determinados delitos, o la aparición de bandas criminales vinculadas al tráfico y trata de personas. El narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de migrantes se potencian cuando las personas deciden ingresar por pasos no habilitados al país, por lo que las políticas del Estado deben apuntar a los factores que motivan la migración irregular.
Con todo, pareciera que en el debate político se estuviera poniendo el énfasis en enfrentar la migración irregular desincentivándola a través de sanciones cada vez mayores. Ejemplo de esto son proyectos de ley que apuntan a tipificar como delito el ingreso irregular al país o que amplían el uso de la prisión preventiva. Sin embargo, otros casos de desplazamientos masivos, como la crisis de Siria o los países del triángulo norte en Centroamérica, muestran que los desincentivos legales no son suficientes para detener la migración irregular. La solución difícilmente va a estar dada por la expulsión de migrantes: sólo entre enero y marzo de este año se registró el ingreso irregular de más de 10.000 personas por pasos no habilitados, mientras que en los últimos cinco años se expulsó a menos de 1.500 por vía administrativa. Tampoco se ve auspicioso ampliar la prisión preventiva convirtiendo en ley el “criterio Valencia”, considerando que nuestras cárceles ya están sobrepasadas en su capacidad.
Medidas como el refuerzo del control fronterizo, la coordinación internacional para perseguir el crimen organizado y el empadronamiento de migrantes en situación irregular deben ir de la mano con políticas que hagan viable la migración regular, especialmente para personas que se desplazan de manera forzada. Si Chile ofrece alternativas acotadas y al mismo tiempo alcanzables a quienes, por ejemplo, necesitan reunirse con sus familiares, se estará abordando el origen de la migración irregular. Esto no va a terminar con todos los movimientos por pasos no habilitados, pero puede disminuirlos sustancialmente. Lo anterior permite, por una parte, que quien ingresa regularmente al país se integre con mayor facilidad y, por otra, controlar la frontera de manera más efectiva y focalizada.
Chile tiene el desafío de avanzar en una migración más segura para chilenos y extranjeros, que no empuje a quienes migran por necesidad hacia las redes criminales, sino que ofrezca alternativas de migración regular y facilite el control de nuestras fronteras. Esto requiere un esfuerzo importante por llegar a acuerdos que equilibren medidas de control y prevención, con políticas migratorias adecuadas a la realidad de nuestro continente.
