La “Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria” -tal como fue anunciada por ODEPA- corre en paralelo y se suma a la “política” económica y comercial actual, por lo que no puede aportar mucho a la “seguridad alimentaria” y casi nada a su “soberanía”, y tampoco al cumplimiento de objetivos medioambientales e inclusividad.
Las inundaciones y destrucción que vimos estas últimas semanas pusieron de relieve -una vez más- la discusión sobre seguridad alimentaria, que estuviera muy de moda durante los días de preparación del fracasado texto de la nueva Constitución. Al momento de “desempolvar” unas Columnas que escribí sobre ese tema el año pasado (El Mostrador, 4 mayo, 2022; 10 junio, 2022; y 21 julio, 2022) recordé que, en junio de 2022, fue inaugurada la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria (CNSSA) en La Moneda, con el mandato de proponer una Política y Acuerdo Nacional sobre Soberanía Alimentaria y Nutricional.
Ya ha corrido mucha agua bajo el puente, y se realizaron consultas ministeriales y consultas ciudadanas, hubo sesiones de la Comisión Nacional y charlas varias, y se contrató consultorías, entre otras actividades relativas a este tema. En mayo, ODEPA publicó la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria. Destaco que al menos en el título, hubo cuidado para no dar la impresión de “autarquía”. Y, con esta publicación, hubo bastante menos “bombos y platillos” que con la Estrategia Nacional del Litio. Sin sorpresas ahí. Después de todo, MINAGRI ha sido el pariente pobre de todas las administraciones.
Según ODEPA -donde está radicada la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional- la publicación de la Estrategia Nacional corresponde al trabajo realizado durante la segunda fase de la Comisión, fase en la que habrían participado representantes de instituciones del Estado, sociedad civil, así como académicos y diversas otras instituciones. Su objetivo era preparar una “… estrategia que orientase el accionar del Estado hacia el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, a través del fortalecimiento de la soberanía alimentaria (Pág. 10).
Y, en el Prólogo a esta Estrategia Nacional (“Seguridad alimentaria: la necesidad de un nuevo paradigma”) el Ministro de Agricultura adelantaba que “… Enfrentamos un momento crucial en nuestra historia, el complejo escenario político y económico a escala global, la creciente dependencia de alimentos importados, la degradación de los patrimonios naturales y de la biodiversidad, la fuerte migración campo-ciudad y la malnutrición que afecta a la población, exponen la necesidad de repensar nuestro sistema alimentario y las políticas que hemos impulsado desde el sector público en las últimas décadas para asegurar el derecho a la alimentación” (Pág. 4). Y -creo- faltó decir acceso a una alimentación adecuada.
Luego, el documento de la Estrategia Nacional justifica la necesidad de dicha Estrategia presentando muy brevemente, aspectos del proceso de apertura económica que hemos vivido en las últimas décadas y sus efectos en la agricultura e industria de alimentos.
El documento señala correctamente, que todo ello nos ha llevado a la especialización productiva, alejándonos del cultivo y/o producción de alimentos básicos, para centrarnos en productos más competitivos y de interés del mercado mundial, en “desmedro de los rubros destinados prioritariamente al consumo nacional y local” (p. 11). Es en consideración a este contexto que el MINAGRI se embarcó en el proyecto de “… fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, incorporando la dimensión ambiental, social, económica y cultural, a través de la introducción del concepto de soberanía alimentaria” (p. 12). En mi opinión, “fortalecer” la “seguridad alimentaria y nutricional” es ciertamente necesario y prioritario, y MINAGRI lo ha intentado.
Por motivos que no logro entender -de ahí en más- la publicación de la Estrategia Nacional se desmorona: me parece que adolece de un componente esencial en una economía tan abierta y dependiente del mercado global como la chilena: las variables internacionales.
Creo que es lamentable e incomprensible, por lo menos para mí. Ya mencioné arriba que esta Estrategia Nacional fue preparada -entiendo- luego de numerosas consultas públicas y con instituciones del Estado, y la realización del estudio titulado “Definición de un marco conceptual, análisis crítico de la situación nacional, gobernanza y líneas de acción en seguridad y soberanía alimentaria”, estudio realizado por la Corporación Actuemos y el Centro Ceres, con el objetivo de “… desarrollar la definición de un marco conceptual, realizar un análisis crítico de la situación nacional, proponer una estrategia de gobernanza y sugerir líneas de acción en seguridad y soberanía alimentaria que permita facilitar la elaboración de una estrategia nacional” (Estrategia Nacional, Anexo II, Metodología). Estrategia que finalmente no incorpora acciones de política a nivel internacional. Ello, ni en este Estudio, ni en la Estrategia que fue publicada por ODEPA en mayo de 2023.
Difícil de conciliar, pues el estudio comisionado por ODEPA incorpora secciones que hacen referencias al comercio y su impacto en nuestras políticas alimentarias. Ahí entendí que en las últimas décadas -en lo relativo a seguridad alimentaria- se habría producido un cambio, desde un enfoque “productivista” a uno de “acceso” a alimentos sanos y nutritivos, debido al “… desacople entre la producción y el consumo de alimentos, con la sola excepción de las hortalizas frescas” (Conclusiones Capítulo II; pág. 76).
Si entiendo correctamente esta argumentación, la mayor dependencia del comercio internacional ha conducido a un sistema alimentario más vulnerable por posibles convulsiones del mercado, junto a una alimentación muy poco adecuada, que hoy tiene un gran segmento de nuestra población. En el Capítulo IV, se argumenta: “… Un reto importante para los gobiernos es el desatisfacer la demanda cada vez mayor de alimentos suficientes y adecuadamente nutritivos, que se deriva de los cambios demográficos y en los patrones alimentarios, a la vez que disminuye la disponibilidad y calidad de los recursos naturales” (Pág. 87; mi énfasis). El estudio ofrece diferentes argumentos para “dar respuesta a este reto”, concluyendo con un largo listado de acciones a incorporar en la estrategia. Sin embargo, la respuesta al “reto” -una vez más- parece ignorar acciones de política a nivel internacional. Como anticipé arriba, incomprensible, al menos para mí.
Y, lo reitero. Incomprensible, pues la apertura económica y el grado de integración al mercado internacional al que dicha apertura nos ha llevado, hacen virtualmente imposible dar respuesta a ese reto “por la nuestra”. Afortunadamente, la integración al mercado mundial también ofrece oportunidades -al menos algunas- pero eso lo veremos más adelante. Ahora es necesario preguntarse cómo se llegó a la desafortunada “amnesia” o “destierro” de las políticas económicas internacionales y el comercio: ¿Es falta de prolijidad o un “traspié”? O, un diseño de política agroalimentaria inadecuado y poco claro, o peor aún, incompetencia. Lo siento, pero no logro entender cómo se puede diseñar una política de “seguridad alimentaria” sin la Cancillería y, sin consultar con, e incluir a la SUBREI en el equipo ¿Me equivoco? Durante la pandemia del COVID lo hicimos. Puedo no entender y estar equivocado o no, pero acá -me parece- se excluyó a sabiendas las acciones de política internacional. Pero ¿por qué?
En el contexto económico y geopolítico actual, así como de nuestra “política de apertura económica” al mundo, no parece posible implementar políticas de seguridad alimentarias exitosas que excluyan la arista del componente internacional. Aun cuando se intente dejar de lado la importación de alimentos (dudo que podamos sustituirlos, sin embargo) continuaremos siendo dependientes de tecnologías y de insumos importados. Más importante, sin una política de relaciones económica internacionales que encabece y oriente un cambio en el “modelo” de desarrollo actual, difícilmente modificaremos los patrones productivos alimentarios actuales, para así dar respuesta al “reto” identificado en la Estrategia.
Complicado, sin duda. La “Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria” -tal como fue anunciada por ODEPA- corre en paralelo y se suma a la “política” económica y comercial actual, por lo que no puede aportar mucho a la “seguridad alimentaria” y casi nada a su “soberanía”, y tampoco al cumplimiento de objetivos medioambientales e inclusividad.
Concretamente, tampoco podría ofrecer nada nuevo en el ámbito de la higiene e inocuidad alimentaria, con servicios ya trabajando al límite. La Estrategia, ciertamente no “da el ancho” ni en el mediano ni largo plazo. En el mejor de los casos, el impacto en la producción de alimentos de calidad para el consumo interno será temporal, de no haber medidas que modifiquen la base del sistema productivo. Creo que inevitablemente conducirá a la frustración de consumidores y productores campesinos, y al uso inadecuado de recursos escasos, pues -en el formato actual- parece más un “eslogan” que una “Estrategia” alimentaria nacional.
Por el contrario, sí creo que podemos hacerlo -y deberíamos intentarlo- con una perspectiva regional. Robustezcamos la “seguridad” alimentaria, sin privilegiar la “soberanía”. Hoy tenemos la posibilidad de avanzar de manera real y significativa, si cooperamos a nivel regional. América Latina -especialmente América del Sur- como Región, es para todos los efectos prácticos excedentaria en la producción de los principales alimentos. Robustezcamos la cooperación regional y perfeccionemos los mecanismos de intercambio del comercio agroalimentario y así alcanzaremos la seguridad alimentaria.