Opinión
Tal parece ser que lo impensable muchas veces sucede, pese a que cuando mayormente avizoramos su posibilidad, es en nuestros sueños y pesadillas. Lo que era inimaginable hace 17 meses, ocurre hoy en Chile como una realidad dura, destructiva y frustrante para millones de chilenos y chilenas, hayan o no votado por este gobierno.
El poder solo es demostrable cuando se usa y en política no usarlo equivale las más de las veces a haberlo perdido.
La actual crisis ha remecido el alma nacional. Tocó un elemento de absoluta sensibilidad, la credibilidad y la confianza. Este efecto y sus alcances no ocurrieron con la corrupción de SQM y el financiamiento ilegal la política. No ocurrió con el MOP-GATE. No ocurrió con La ley de Pesca y la compra de votos, no ocurrió con las colusiones de las tres grandes cadenas de farmacias y no ocurrió con la colusión del papel higiénico, ni con La Polar, ni con el caso Caval. Ningún gobierno vio amenazada su continuidad y su debilidad nunca fue tan evidente.
Aquí lo que se traicionó fue la confianza y la esperanza. Que la vieja política siga atrapada en sus vicios, es comprensible; que los mandatados y juramentados para cambiarla hagan lo mismo frustra, irrita e indigna. Que, además, esto se haga con recursos destinados a los pobres entre los pobres, destruye la razón y a la misma posibilidad de creer.
Y lo peor está por venir. No eran sólo los ministerios asignando a dedo cientos y miles de millones. Ahora se constata que también lo hacían los gobiernos regionales y los municipios, con cifras siderales y un elemento siempre presente: es desde y hacia militantes de Revolución Democrática.
Tal es el daño causado, que dicho partido no debiera continuar en el gobierno. No hay otra señal que pudiera venir desde el gobierno, que lo ayude a salir de esta caída libre al vacío.
A este respecto, el ministro Giorgio Jackson debería saber que lo que está en juego no es la permanencia de un partido político en el gobierno, sino la sobrevivencia del propio gobierno.
El Caso Fundaciones es hoy denominado Caso Convenios, así rebautizado. ¿Por qué? Porque es sin duda la derecha y no el Frente Amplio la que ha creado cientos de ellas al alero de una legislación débil, con nula supervisión y rendición de cuentas.
Lo más lejano en escándalos con fundaciones son Colonia Dignidad y Cema-Chile en virtud de sus liderazgos y oscuro funcionamiento.
Y no son sólo las fundaciones las que están cuestionadas, también la duda se extiende a las donaciones, por la discrecionalidad de su uso.
Las universidades privadas han recibido por años “donaciones” de empresas, que descuentan de impuestos miles de millones de pesos anualmente. Los empresarios deciden a quien donar, y con ello, dirigen la política educativa de acuerdo a sus intereses y no desde la perspectiva del bien común.
Durante la década pasada algunas recibían hasta 14 mil millones anuales y estos últimos años, el promedio no baja de 7 mil millones al año. Conocidos empresarios las financian, no con sus recursos sino con fondos públicos bajo el mecanismo de las “donaciones con rebaja de impuestos”, mientras las universidades públicas reciben rastrojos.
Nadie tuvo entre sus proyecciones y escenarios de futuro la crisis por la que el gobierno del Presidente Boric se debilita tan tempranamente. No por los excesos del Estado, sino los excesos de los privados, que de común acuerdo con funcionarios del Estado, usaron fondos supuestamente para causas de bien común y han terminado investigadas por corrupción.
Aún hoy están operando con escasas regulaciones, propias de un Estado obsoleto que permite figuras híbridas, que como rémoras se le adhieren, sin capacidad para librarse de ellas. Una crisis siempre marca un antes, pero también un después, y por lo mismo, ofrece una oportunidad insoslayable.
Ha llegado el tiempo de evaluar su verdadero aporte al bien común con la misma rigurosidad que se le exige al Estado. El que nada hace nada teme.
Las fundaciones son organizaciones intermediarias entre la ciudadanía y el Estado. Autónomas, privadas, colaborativas, técnicamente especializadas, financiadas con fondos públicos pero que no son parte del Estado. Lo subsidian en la ejecución de políticas públicas, que no son políticas privadas, ello por limitaciones del mismo Estado.
¿Cómo llegamos a esta figura? ¿Por qué no lo hace el Estado con sus atributos y con funcionarios públicos y opta por ciudadanos pagados por el Estado de mucho mejor manera que su planta funcionaria, sin control directo y con asignación directa de fondos por parte de las autoridades intermedias de turno, designadas a dedo, como lo son los cargos de quienes aprueban dichas asignaciones a las fundaciones?
La izquierda desde siempre ha reivindicado el rol del Estado, siendo un distintivo fundamental que lo diferencia con la derecha, que busca que el Estado tenga el menor tamaño posible para permitir el libre juego del mercado, presentado como el modelo de construcción de sociedad y ciudadanía. Disminuir, achicar, jibarizar al Estado es la tarea constante de la derecha, poniendo como alternativa al mercado en la asignación de recursos como para la generación de los mismos.
Al Estado en la Constitución del 80 le está prohibido la creación de empresas, tal que, aunque sean mixtas, requieren de ley de quorum calificado.
Y sabemos que al disminuir el Estado no disminuyen sus responsabilidades, puesto que si no las realiza este, alguien debe hacerlo y en esta caso fueron las fundaciones creadas por Revolución Democrática.
¿Quiere decir esto que sólo ellos advirtieron este vacío y lo llenaron?
No, la derecha y su modelo de primacía del mercado, que permanentemente opera para reducir al Estado, generó una ausencia y una restricción creciente de las capacidades y facultades del Estado. La derecha también diseñó y creó cientos de fundaciones privadas, muchas de ellas hoy utilizan las franquicias de la devolución de impuestos para transferir estos como “donaciones” a sus propios y relacionados intereses comerciales.
Investigar otras aristas o situaciones similares no es empatar la corrupción de las hoy cuestionadas fundaciones cercanas al gobierno, sino transparencia activa y efectiva de instituciones financiadas por todos los contribuyentes que pagan sus impuestos.
El país así lo exige. ¿Cuál es, entonces, la responsabilidad política por omisión o por acción? ¿No quería la izquierda más Estado y menos mercado? ¿Qué hizo? ¿Cuánto luchó por ello ?
Está claro que tanto la derecha como la izquierda descuidaron el mejoramiento mínimo del Estado, que cuando falla afecta a todos por igual
Creo que, desde hace muchos años, la izquierda dejó de valorar al Estado y en la práctica aceptó y fortaleció su rol subsidiario. Y no supo o no pudo doblarle la mano a la derecha en su trabajo de demolición constante del Estado y lo inaceptable es que quienes han jibarizado y demonizado al Estado, cada vez que hay una catástrofe natural o un desastre nacional, exigen del Estado apoyo y preocupación.
Crisis en la pesca y el Estado se hace cargo de la capacitación y apoyo social de sus trabajadores. Quiebra la Universidad del Mar y el Estado debe reubicar a sus estudiantes, quiebra una empresa constructora y el Estado debe otorgar nuevos subsidios, hay sequía y el Estado debe subsidiar a los agricultores. Quiebran las Isapres por sus propios abusos y el Estado debe salvarlas, quiebran las empresas grandes y el Estado debe condonar impuestos para salvar parte de su deuda morosa. Compran empresas zombis y se les rebajan los impuesto por ellas, con la anuencia del SII.
Se desprecia la alianza estratégica público-privada en las regiones y cualquier crítica al mercado es rechazada, mientras que los errores públicos son duramente denunciados.
¿Por qué no hay más Estado que apoye a los más pobres entre los pobres, los habitantes de los campamentos en Chile?. La derecha se niega desde el retorno a la democracia a una mayor planta funcionaria de los servicios públicos, ideologizando el debate al señalar que no se necesita del Estado.
Empuja para privatizar los servicios públicos como bandera y han avanzado y desarticulado en estos años al Estado.
En Chile existen más de 235.000 organizaciones sin ánimos de lucro, vigentes y legalmente registradas.
Y esto es muy significativo, por cuanto el fortalecimiento de la democracia participativa, en momentos del agotamiento de la democracia representativa, es una opción necesaria y urgente, si queremos mantener un mínimo de cohesión social ante la desesperanza y desconfianza de la ciudadanía con la institucionalidad.
Hay una ausencia perceptible del trabajo político y social en la base organizacional. No están los partidos de izquierda. No está la UDI Popular. No está la Iglesia Católica y cada día es más real la baja de la acción social de la Iglesia Evangélica, que no es apoyada por el Estado. Los clubes deportivos no tienen infantiles, pero están las escuelas de fútbol. Los municipios más instrumentalizan que apoyan a los dirigentes sociales, cada día de mayor edad, las juntas de vecinos se activan con participación alta en emergencias sociales y tienen baja asistencia, siendo la única excepción de alta participación los clubes del adulto mayor. Se ha abandonado la base social.
Este vacío de apoyo fue detectado por la embajada de Estados Unidos en Chile, que está promoviendo y financiando proyectos de apoyo económico en ese nivel social.
Ese es un indicador importante de la ausencia de trabajo de los partidos de izquierda y la política en general. Todo esto contribuye a la desorientación y la confusión.
No se trabaja en la promoción de la partipación. Salvo en contadas y reconocidas municipalidades, la relación allí es de clientelismo social y electoral.
La ausencia de autoridades en terreno se constata en todos los niveles de estratificación de la sociedad.
Por ello la delegación de representación, elegir directamente autoridades, supera lejos a la participación ciudadana directa en la gestión social. No hay voluntad política ni instrumentos reales de participación social y cultural masivos e integradores.
Esto genera distanciamiento creciente a las autoridades de todos los niveles, reflejado por la pérdida de respeto y admiración al poder de la institución que más lo concentra en Chile, la figura del Presidente de la República. La contribución personal del propio Presidente a esto ha sido evidente.
Es entonces que la contradicción en el seno del gobierno se hace más evidente.
O se concentra en solo terminar el gobierno el 2025 con la estantería de pie, fortaleciendo la autoridad del Presidente aún cuando prometió ceder poder, es decir desconcentrar el poder y traspasarlo a la ciudadanía, especialmente a través de los emergentes y nuevos liderazgos en las regiones con sus gobernadores electos por primera vez en 223 años en Chile e integrar más a la ciudadanía como cuando señaló “cuando me vaya tendré menos poder”.
O derechamente acepta la crítica situación de debilidad y lo inoportuno del minuto político e intenta mantener, cueste lo que cueste, el centralismo y el poder presidencial, léase nulo traspaso de facultades a regiones, para estabilizar un debilitado gobierno que pierde día a día capacidad de decisión.
Pero lo grave y un dato de la causa concreto, es que si hoy la derecha en el Congreso decide acusar a un ministro lo puede destituir. Tienen los votos para hacerlo y también para acusar constitucionalmente al Presidente Boric. Así lo hicieron quienes están hoy en el gobierno siendo oposición a Piñera. Se debe reconocer y asumir el riesgo de una salida anticipada de La Moneda, como ocurrió en Argentina con Fernando de la Rúa, huyendo en helicóptero, ante una ingobernabilidad manifiesta.
Que el presidente Piñera haya logrado sortear el estallido social de octubre del 2019 con el Acuerdo del 15 de noviembre, firmado por el mismo Presidente Boric, es un inevitable análisis en esta coyuntura. Pues de acuerdo al ex director general de Carabineros de Chile Mario Rozas, nombrado por Piñera, “salvamos al gobierno y al Congreso de haber caído y con eso puedo morir tranquilo”.
Creo que no hay en la derecha y la ultraderecha de hoy una magnanimidad de esa altura. Es decir, lo que hicieron todos los que hoy están en La Moneda fue perdonar a Piñera, y para ello firmaron un Acuerdo para una salida política y no exigir su renuncia junto a la de todo el Congreso e ir a elecciones presidenciales anticipadas, aún sin contar con un precepto constitucional que legitimara la salida, tal como ocurre hoy en Ecuador y en España, es decir, permitir que el pueblo decidiera su futuro en elecciones anticipadas y libres. Si el resultado concreto del Acuerdo fue la consolidación del actual escenario político institucional, solo una visión retrospectiva de la historia podrá determinarlo. Y estamos demasiado encima para apreciarlo.
No hubo dimensión del momento histórico, ni cojones en la política para debatirlo y menos para hacerlo.
Pero la crisis y la derrota en que estamos, más la renuncia a los objetivos del estallido social, la instalación de una ultraderecha que redacta hoy la nueva Constitución y la renuncia del gobierno a todo el programa de cambios con el que triunfó electoralmente, no son sólo escenarios, es ya una dura la realidad.
El Presidente Boric es la figura presidencial de más rápida pérdida de poder desde retorno de la democracia, ya sea por causas estructurales, como un Congreso con mayoría adversa, un proceso constituyente fallido y extendido al infinito, un gobierno con dos coaliciones distintas, crisis por errores no forzados como los del ministerio de Relaciones Exteriores, la liviandad en la revisión de los indultos o el hecho político de tener que asumir la mochila con los dos más graves problemas que explotaron en el gobierno de Sebastián Piñera: la migración desenfrenada, así como la instalación del crimen organizado y la violencia delictual que afectan gravemente la seguridad pública, una crisis nunca experimentada por el país, junto a una economía altamente endeudada por la pandemia.
Están también los errores reiterados, crecientes y permanentes, producto de la inexperiencia en el ejercicio del poder. Se ha perdido completamente el respeto a la autoridad presidencial en un país presidencialista en extremo y ello genera un vacío de poder adicional, esto con una indiscutible contribución del propio Presidente Boric
Lo prometido ha sido completamente abandonado, sin brindar lucha alguna. No ha llamado Boric a salir a la calle para buscar apoyo popular y terminar con las AFP, como lo hace Gustavo Petro en Colombia, sea para aprobar las leyes que permitan terminar con la pobreza o para fortalecer los derechos de los trabajadores. No pide apoyo popular para defender el programa por el cual la gente lo eligió. Esto ha provocado frustración, pero mucho más confusión, en la ciudadanía, que observa que el Presidente Boric, sin buscar su apoyo, negocia sin límites, en la total desinformación de quienes tienen sus intereses en juego, sean medioambientalistas o afiliados a Isapres, cuya defensa estuvo en manos del poder judicial y no del gobierno.
Todo esto solo apresura un proceso creciente de fortalecimiento de un populismo nacionalista encabezado por José Antonio Kast, que ya derrotó a la propia derecha tradicional y atrajo para sí a una derecha económica que olfatea el hastío ciudadano con los partidos, que insisten en un encasillamiento de izquierdas o de derechas, una definición muy estrecha para el siglo XXI, donde más del 95% de su población no milita en ningún partido y los 5 millones de nuevos votantes obligados a concurrir a las urnas, tienen un comportamiento más cercano al populismo que a la democracia, y así duramente lo hemos constatado.
En la última elección presidencial, en la que ganó Boric en segunda vuelta, la ultraderecha llegó primera y la derecha tercera. Todo esto pavimenta el camino para que en las elecciones del 2025, la segunda vuelta sea entre Kast y Evelyn Matthei. El acierto de Kast es haber ganado y conquistado las emociones de la gente, y el error de Boric es haber frustrado dichas emociones.
Apelando a ellas, los republicanos ganaron 23 de 50 consejeros constituyentes, aún cuando su discurso oficial fue “no queremos cambiar la actual Constitución”. La paradoja democrática es que son mayoría y tienen poder de veto. Y lo más duro, la redactan en completa ignorancia del pueblo, que en medio de esta crisis de las fundaciones, está confundido y desinformado sobre cómo se consolida el próximo futuro de Chile.
¿Cómo llegaron los republicanos allí? Por la ausencia del gobierno y los partidos, que hicieron del plebiscito constitucional una elección sobre seguridad pública y migración. El gobierno no hizo campaña para el plebiscito, y cuando habló, fue para decir que “puede haber otra oportunidad” constitucional, relativizando dicha votación.
Luego en la de elección de consejeros, se auto-inhibió y el gobierno no existió. Las fuerzas de izquierda se dispersaron entre votos nulos, en blanco y la abstención. Sin liderazgo claro y con opciones diversas, entregó las llaves a 24 expertos elegidos por los partidos y una amplia mayoría conservadora de derecha y populista, que hoy escribe la nueva Constitución, sin contraloría ciudadana, ni escrutinio de la prensa, ni nada.
Aunque sea masoquismo político decirlo, la alternativa para Chile en noviembre es votar por la Constitución de Pinochet con la firma de Lagos o la Constitución de Kast con la firma de Boric. Si eso no es una derrota política, entonces, ¿qué es una derrota política?
Ésta, como todas las derrotas, aún está huérfana de padre y madre, pero tiene un resultado ineludible: la derecha puede instalarse por la vía democrática en Chile por dos o más periodos presidenciales y con una Constitución conservadora por 20 años a lo menos.
Todo en medio de la incomprensible continuidad en el cargo del ministro Giorgio Jackson y la lentitud de tortuga para comprender la magnitud de la crisis por parte de Revolución Democrática, el principal partido responsable de ella.
Mientras más se dilate un golpe de timón del Presidente Boric, más cerca está de una crisis con las coaliciones que lo acompañan. Las señales son evidentes, están pagando un alto precio con el daño colateral y serán indefectiblemente castigadas en las próximas elecciones.
Cuando se tiene poder y no se usa, este inevitablemente deviene en tu contra.
Nadie quiere dejar solo al Presidente, como le ocurrió a Salvador Allende hace 50 años, pero el Presidente Boric debe dejarse ayudar y poner las razones de Estado por sobre sus razones personales, antes que sea demasiado tarde.
