Opinión
El pacto fiscal puede ser un mecanismo promotor de crecimiento económico y desarrollo productivo. Permite un espacio para incentivar la inversión, promover la formalización de la economía, o incentivar sectores estratégicos como el hidrógeno verde. No está demás recordar que la productividad en Chile se encuentra estancada desde 1997. Mayores recursos, acompañados de una estrategia de desarrollo productivo, apuntan a una agenda de recuperación económica y por sobre todo avanzar hacia el desarrollo. El pacto fiscal es necesario, debe ser ambicioso en lo recaudatorio, en lo redistributivo y con una visión de largo plazo.
La semana pasada, el ministro Mario Marcel presentó 36 medidas para aumentar el crecimiento, la inversión y la productividad, en un esfuerzo por concretar el aclamado Pacto Fiscal. En esta materia es necesario profundizar sobre el espacio para aumentar la carga tributaria, y al mismo tiempo hablar de redistribución, gasto social, eficiencia en el uso de los recursos, inversión y crecimiento económico sostenible e inclusivo, razones suficientes para impulsar un acuerdo tributario.
Como primera idea, Chile tiene espacio para aumentar la carga tributaria. Hay dos lecciones que se desprenden de datos comparativos con otros países de la OCDE.
Uno, la carga tributaria nacional es baja: Chile, con un 22%, se encuentra 12 puntos porcentuales por debajo de la recaudación tributaria del promedio de la OCDE (34.1%).
Dos, la reforma tiene que ir por el lado de renta. ¿Qué tan lejos estamos de otros países en recaudación tributaria de la renta (ingresos, utilidades y ganancias de capital) como porcentaje del PIB? Considerando el año 2021, Chile está 3.3 puntos porcentuales por debajo de la OCDE, dos puntos porcentuales por debajo de Irlanda (que se usa como ejemplo de país de bajos impuestos), 9.6 puntos porcentuales por debajo de Australia y Nueva Zelanda, y 12 puntos porcentuales por debajo de los países nórdicos.
Adicional a la función recaudatoria de los impuestos, estos tienen un componente distributivo. La desigualdad en Chile es abrumante, los mecanismos tradicionales como los impuestos y transferencias no están dando el ancho. El pacto fiscal es necesario para garantizar una mayor redistribución.
Para poner en contexto, el índice de Gini (valores más cercanos a uno indican mayor desigualdad) antes de impuestos y transferencias es 0.5 en Chile y 0.48 en la OCDE para el último año disponible, siendo bastante similar entre ambos. Esta cifra cambia a 0.46 y 0.33 respectivamente después de impuestos y transferencias. Lo anterior ilustra que los impuestos y transferencias cumplen un rol activo en disminuir la desigualdad en la OCDE, y no así en Chile.
Cuando se habla de gravar a los más ricos, no es una idea al azar. Ya lo dijo en 2020 el ex economista del Banco Mundial Branko Milanovic, un investigador dedicado a estudiar la desigualdad en el mundo:
“Los más ricos en Chile ganan como los más ricos de Alemania y los más pobres como en Mongolia”.
Los datos de World Inequality Database muestran que en Chile el 1% de más ingresos se queda con 23% del total de ingresos, y más grotesco aún es en el caso del patrimonio, donde el 1% se queda con el 49% del total. Razón suficiente para promover un pacto fiscal que propicie redistribución.
Por el lado del gasto público, garantizar una mejor educación, salud, infraestructura, pensiones, seguridad, desarrollo productivo, entre otros, requiere más recursos. Parte fundamental de llegar a un acuerdo fiscal está en tener más recursos para garantizar mayores o mejores servicios y bienes públicos.
Como ejemplo, Chile es el tercer país de la OCDE con menor gasto de gobierno como porcentaje del PIB. Para una noción de la brecha del gasto público entre Chile y el promedio de la OCDE, esta última tiene un 55% más gasto en salud que Chile, un 67% más gasto en defensa y órden público, y un 800% más gasto en investigación y desarrollo (I+D). Como país necesitamos más ingresos permanentes para garantizar mayores gastos permanentes.
El caso de Democracia Viva vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de mejorar el buen uso de los recursos públicos. En esta materia, sería erróneo encaminarse a una reducción del gasto público o menor recaudación fiscal. Como se mostró anteriormente, la recaudación y el gasto público son bajos en Chile.
El camino es mejorar las instituciones, mayor transparencia, fortalecer la legislación, sanciones y mecanismos de fiscalización, elementos que deben ser parte del acuerdo fiscal.
Ahora, ¿es Chile un país ineficiente en el uso de recursos?
Comparativamente no lo es. Afonso, Tovar y Venâcio estudian el desempeño del gasto público a PIB para países de la OCDE hasta 2017, donde Chile (junto a Corea, Irlanda y Austria) se encuentra entre los más eficientes. No obstante, en base a la metodología WGI -basada en percepción de la calidad de los servicios públicos- Chile presenta una disminución de un 10% en el ranking de la eficiencia del gasto público entre 2018-2021.
Por último, retomando los puntos presentados por el ministro Marcel, el pacto fiscal puede ser un mecanismo promotor de crecimiento económico y desarrollo productivo. Permite un espacio para incentivar la inversión, promover la formalización de la economía, o incentivar sectores estratégicos como el hidrógeno verde. No está demás recordar que la productividad en Chile se encuentra estancada desde 1997.
Mayores recursos acompañados de una estrategia de desarrollo productivo apuntan a una agenda de recuperación económica y por sobre todo avanzar hacia el desarrollo. El pacto fiscal es necesario, debe ser ambicioso en lo recaudatorio, en lo redistributivo y con una visión de largo plazo.
