El golpe de Estado y una de sus principales secuelas: la tragedia del campo chileno

Los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en los fundos El Morro, Carmen y Pemehue en Mulchén, una caravana de la muerte compuesta por carabineros, uniformados y civiles (varios de ellos mencionados en este enlace) inició una cacería humana que dejó 18 víctimas fatales, todos trabajadores de Conaf de las reservas forestales Malleco y Melipeuco.

La nómina de trabajadores, en su mayoría entre 20 y 30 años y sin militancia política, la habrían confeccionado a partir del allanamiento a una sede sindical en Mulchén, donde encontraron un registro de socios. Efectivamente, las víctimas estaban en proceso de sindicalización para así poder acceder a los beneficios de la posesión de tierras que ofrecía la reforma agraria.

Se relata que en el caso de los hermanos Rubilar Gutiérrez, cuya causa aún está en la Corte, fueron golpeados y humillados y obligados a pelearse entre sí, además de cavar sus propias fosas, mientras permanecían secuestrados en las oficinas de administración del fundo. Cuando llegó la noche y el frío se sentía en los huesos, se abrazaban unos con otros para capear el frío intenso. Se cuenta que el hermano mayor, José Lorenzo, padre de Marina, se puso encima de José Liborio y Manuel Lorenzo para darles algo de calor. Por la noche se sintieron ráfagas de disparos.

La comitiva cívico-militar permaneció tres días en el fundo, donde dieron lugar a una orgía de sangre y dolor. Los familiares de las víctimas fueron obligadas a permanecer en sus casas, so riesgo de ser fusilados. Cuando se fueron, los familiares –en particular las viudas, madres o hermanas de los ejecutados– salieron a buscar sus cuerpos. Con la ayuda de un parcelero, dieron en la ribera del río Renaico con los cadáveres de Gerónimo Sandoval, los hermanos Alberto y Felidor González, y Fernando Gutiérrez. Estaban semitapados y “presentaban visibles huellas de torturas y numerosos impactos de bala. Perros y roedores, habían mutilado y desgarrado sus cuerpos”, lo que se estima sucedió entre el domingo 7 de octubre y el miércoles 10 de ese fatídico mes. Un poco más allá, internándose en el bosque, encontraron solo la parte inferior del cuerpo de Juan de Dios Roa. En el contexto de la operación “Retiro de Televisores” ordenada por Pinochet, sus cuerpos fueron removidos para perderse por siempre.

Similar situación se vivió en Paine, donde el alcalde de Mostazal, Felipe Marchant, recibió la petición de unos curas para facilitar un coloso, para retirar de la orilla sur del río los cuerpos de ejecutados de esa comuna que “se los estaban comiendo los perros”. En las ejecuciones de Neltume, el fusilamiento de José Liendo se retrasó porque el general Arellano Stark exigió estar presente en su ejecución.

Del total de 3.227 víctimas reconocidas en el Informe Rettig, cerca de 400 –más precisamente, 383 (el 12%)– son sacrificados del agro. De ellos, 250 (el 66%) permanecen en calidad de detenidos desaparecidos, mientras que 131 (el 34%) fueron ejecutados o muertos, y dos suicidios, una cifra espeluznante.

Si queda alguna duda sobre el revanchismo de los protagonistas del 11 de septiembre con el mundo campesino, que 77 de las víctimas fueran dirigentes sindicales (el 20% del total) reafirma la purga que hizo el régimen sobre las organizaciones campesinas y sus líderes. Otros eran agricultores, estudiantes, docentes de escuelas rurales, trabajadores agrícolas trashumantes, estibadores o trabajaban en alguna faena agrícola.

Los funcionarios públicos de agencias del Ministerio de Agricultura (Minagri) asesinados son 54; es decir, el 14% del total de mártires del agro: 20 de Conaf, 13 de Indap, 12 de Cora, 4 del SAG, 2 del INIA, 2 de la Empresa Comercializadora de la Reforma Agraria (ECA) y 1 de la Sociedad Comercializadora de la Reforma Agraria (Socora), lo que pone de manifiesto, además el objetivo de entregar señales contundentes de castigo hacia aquellos funcionarios que habían participado y apoyado desde el Estado los procesos de cambio del agro. Varios de ellos, además, como sucedió con algunas de las víctimas de Indap, o con Jorge Araya Mandujano y Juan Molina Mogollones en Maule, con un claro compromiso político y militante.

De las 54 víctimas de agencias del Minagri, 42 (el 78% de ellas), vivían en las regiones que van de Maule al sur, lo que pone de manifiesto que desde allí se desató la furia civil-militar sobre los profesionales del agro que habían desempeñado roles significativos en el proceso de reforma agraria, sea a través de Indap, Cora, Conaf, SAG y otras. La región con más víctimas de agencias del Minagri es, sin duda, la del Biobío, con 21, seguida por La Araucanía, con 12.

Para el caso de campesinos, hayan sido obreros agrícolas, madereros o agricultores, la situación es igual de dramática. En regiones como la Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos el balance aún es más devastador, ya que, por sí solas, suman cerca de 271 víctimas; es decir, prácticamente el 71% del total de las víctimas civiles del campo.

Fue precisamente en esas regiones, junto a la de O’Higgins, donde se implementó con mayor fuerza la reforma agraria y en donde la contrarreacción conservadora fue brutal con el mundo campesino. La Región de La Araucanía, donde la tensión por “la recuperación de tierras” y “las corridas de cerco” llevó incluso a instalar allí el Ministerio de Agricultura en algunos meses del verano de 1971, fue otra, con altas cifras de ejecutados y detenidos desaparecidos: 67. Lo mismo sucedió en lo que hoy es la Región de Los Ríos, con el complejo forestal y maderero Panguipulli, empresa estatizada y dirigida por sus propios trabajadores, en torno a cuya actividad se movilizó una industria de proyecciones internacionales con un circuito de negocios muy variopinto. Lo mismo sucedió con la hacienda Rupanco (Osorno), donde laboraban cientos de personas en las más diversas faenas de producción.

Ambas empresas fueron escenario de situaciones de tensión cuando los campesinos gestionaron las faenas como propietarios o trabajadores del Estado, tal como sucedió en el complejo Panguipulli, que se transformó en una empresa estatal administrada por sus trabajadores, presa muy apetecida por los triunfadores luego del golpe. Un dato que no es accidental es que en torno a ambos complejos –Panguipulli y Rupanco– hubiese surgido la leyenda y el origen de la fortuna de Julio Ponce Lerou, quien, como director de Conaf, privatizó las dos empresas.

En consonancia con las esperanzas que despertaron los procesos de transformaciones del agro en los campesinos y en el pueblo mapuche, se incubó allí un activismo militante que fortaleció lo que José Bengoa llamó “la revuelta campesina”. Si bien otros autores (como Jesús Arredondo) señalan que ese activismo fue sobredimensionado por la prensa escrita de aquel tiempo en regiones, en particular el que se asoció al Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), lo cierto es que existió y fue potente, tal como nos lo describen textos como Memorias de la lucha campesina, de Julio Bastías; La tierra para el que la trabaja, de Heidi Tinsman, o De Carranco a Carrán, de José Manuel Bravo, entre otros. Esas obras nos informan sobre la rica e intensa movilización social que generaron los procesos de transformación que trajo consigo la reforma agraria de los gobiernos de Frei y Allende, sucesivamente, en los que, tal como nos lo indicaron Jacques Chonchol y Jaime Gazmuri, protagonistas de ese cambio, hubo mucho más de “continuidad que de ruptura”.

Se trataba de una reforma rápida, drástica y masiva que, en la medida en que se fue implementando, modificó para siempre los patrones sociales y culturales asentados en el campo durante cuatro siglos, por cierto. La temprana muerte de Hernán Mery, en Linares, a manos del grupo Rolando Matus, compuesto por terratenientes locales, resultó ser un claro indicio de aquello. Lo de Linares, visto desde hoy, fue un verdadero spoiler de los fantasmas que se desatarían con mucha más fuerza a partir del Gobierno de Salvador Allende, en especial en las regiones agrarias por tradición, como Maule, Biobío, Araucanía y la hoy Región de Los Ríos.

El Informe Rettig, así como los de la Memoria, dan cuenta de “patrullas de civiles y carabineros” que encabezan las matanzas, y en ellos se repiten también, con mucha fuerza, palabras como “delación”. En el caso de la ejecución y posterior desaparición de Reinaldo Jeldres, de Indap Chillán, Carabineros señala que lo ejecutan por “la presión de agricultores de la zona”. En la tragedia de Jaime Espinoza Durán, el origen de su asesinato es la animadversión de un suboficial, mientras que Adelino Pérez Navarrete y José Orellana Gatica son detenidos por civiles y trasladados a la comisaría de Mulchén.

En Lonquén, Paine, Laja, Mulchén fueron patrullas de civiles, a veces vestidos con uniforme militar (en esta última comuna, los testigos de los asesinatos relatan la acción autoritaria de un civil que dirigió la ejecución) y carabineros, los que salieron a la caza de obreros y dirigentes campesinos, en una orgía de sangre que dejó decenas de muertos y detenidos desaparecidos. José Bengoa ya nos anunció que la persecución al campesinado por la dictadura cívico-militar fue una verdadera venganza, en la cual se hicieron “simulacros de fusilamiento por todas partes, en cuarteles y regimientos que no buscaban información, sino descargar la rabia. Tal como se ha dicho, miles de campesinos fueron lanzados a los caminos; los dirigentes de los partidos políticos se arrancaban o se escondían. Nadie tenía información ni nadie sabía muy bien qué hacer. Muchos fenómenos actuales provienen de esos días amargos”.

No resultó ser un accidente casual del destino que el aniquilamiento de la dignidad campesina hubiese sido acompañado, en paralelo, por la comitiva de Arellano Stark, que pasó simultáneamente por las mismas regiones donde se desplegó una brutal venganza con los habitantes del campo.