Opinión
Acá se está cayendo en el mismo error de la Convención, al buscar plasmar políticas excesivamente identitarias y no calcular que existe toda una población diferente a ellos, la cual será la encargada de pensar si aceptan o no esa Constitución, no los electores del grupo mayoritario. Esto podría llevar a la derecha a pagar muy caro en términos electorales, pudiendo perder en el plebiscito de salida y ver rechazado su proyecto constitucional, algo que resultaría irónico, justamente porque la derecha criticó con mucha fuerza la, para ellos, excesiva politización de la Convención y, actualmente, ellos son los que están imponiendo su propia agenda ideológica por sobre los acuerdos.
En el Consejo Constitucional ya se presentaron las enmiendas al Anteproyecto presentado por los expertos, y los representantes de la derecha parecen estar de acuerdo en varias modificaciones, entre ellas, algunas clave que podrían afectar negativamente la protección de los derechos humanos (DD.HH.) para nuestro país.
Las enmiendas son principalmente motivadas por el Partido Republicano. Sin embargo, los representantes de la UDI y RN también están involucrados en algunas. Las más alarmantes en cuanto a protección de DD.HH. se refiere son la búsqueda de que tratados internacionales de derechos humanos posean rango infraconstitucional, la inclusión de un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, la incorporación de la protección de la vida desde la concepción y, por último, el aumento del quórum necesario para modificar la Carta Magna.
Cuando analizamos una a una las modificaciones, observamos los diversos problemas que pueden conllevar. Partamos por la enmienda que establece a los tratados internacionales de derechos humanos como infraconstitucionales, la cual es la que afecta de forma más general a los DD.HH. Acá no hay muchas vueltas que darnos, pues los tratados internacionales de derechos humanos son necesarios para la protección de estos, ya que justamente buscan evitar que ellos dependan del Gobierno de turno o de la legislación nacional, intentando establecer un piso mínimo de DD.HH. dentro de los países firmantes. Estos tratados muchas veces también implican recursos y herramientas para protegerlos. El ejemplo más importante acá en América Latina lo constituye la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual intenta resolver los diversos casos que surgen en el continente. Si algún país establece que los tratados internacionales sobre DD.HH. son infraconstitucionales, tendrían bastante menos poder estos instrumentos, no siendo vinculantes para el país. Por suerte, esta enmienda está promocionada solamente por el Partido Republicano, por lo que si quieren seguir adelante con ella deberán negociar con la UDI y RN.
Otra de las modificaciones busca redactar un capítulo exclusivo para las Fuerzas Armadas (FF.AA.), algo parecido a los capítulos especiales que poseen el Poder Legislativo, el Banco Central y otros poderes autónomos. El problema de realizar un capítulo exclusivo es que, al hacerlo, se equipara a las FF.AA. con otros poderes autónomos del Estado, lo que establecería un conflicto con la subordinación que deben tener las instituciones armadas al poder político. Esta situación es complicada, ya que cuando las Fuerzas Armadas no están sujetas al poder político, pueden actuar de forma impune, lo cual muchas veces conduce a violaciones de DD.HH. e, incluso, quiebres democráticos, algo que ha sucedido en diversos países, incluidos Chile y otros de América Latina. La derecha ha afirmado que se podría hacer un capítulo exclusivo de forma simbólica, estableciéndose en este capítulo especial que sí poseerían calidad de subordinación y que no son autónomos. Sin embargo, el dilema es que ahí no aportaría en nada este capítulo exclusivo, ya que lo importante a definir es cuáles son las funciones de las FF.AA. dentro del orden público y en relación con el poder del Presidente, algo que se podría introducir fácilmente en otro capítulo. Esta enmienda es apoyada por toda la derecha y, debido a su mayoría representativa, podría ser potencialmente incluida en el proyecto constitucional.
También vemos que los republicanos siguen su agenda ideológica al postular la protección a la vida desde la concepción, pretendiendo protegerla a nivel constitucional. En este punto, la UDI y RN se desmarcan por el problema que puede ocasionar en tribunales, debido a que ya existe un acuerdo legislativo anterior en torno al tema (Ley N. 21.030 sobre aborto bajo tres causales). Esto constituiría justamente un gran problema para los derechos humanos de las mujeres, ya que se contrapone a los llamados derechos reproductivos y sexuales, los cuales estarían siendo restringidos en cuanto a la decisión sobre su cuerpo en torno a algo tan importante como tener o no un hijo, especialmente considerando que ya poseen este derecho actualmente (al menos bajo tres causales).
Por último, está la búsqueda de que la Constitución solamente pueda ser reformada si se aprueban las modificaciones por un quórum de 2/3 de diputados y senadores, en vez de los 4/7 que se necesitan actualmente, algo que, si bien trata sobre un cambio en las reglas constitucionales –y, por tanto, no habla derechamente de derechos humanos–, sí blinda los cambios constitucionales actuales, siendo aquellos los que modifican el estado político actual dentro de la protección de los DD.HH., por lo que resulta un factor bastante importante a considerar en esta discusión.
Al explicitar el análisis político de esta situación, se torna incorrecto el no mencionar el posible impacto negativo que estas medidas tendrían sobre los derechos humanos del país, ya que todos estos factores desprotegen no solamente ciertos derechos conseguidos a nivel nacional, como el aborto en tres causales, sino también nos dejan desprotegidos a nivel internacional, pues aquellos tratados internacionales que buscan proteger los DD.HH. podrían ser invalidados a nivel nacional, y más importante, las cortes que nos protegen tendrán menos capacidad de acción, ya que sus dictámenes no serán vinculantes.
Acá se está cayendo en el mismo error de la Convención, al buscar plasmar políticas excesivamente identitarias y no calcular que existe toda una población diferente a ellos, la cual será la encargada de pensar si aceptan o no esa constitución, no los electores del grupo mayoritario. Esto podría llevar a la derecha a pagar muy caro en términos electorales, pudiendo perder en el plebiscito de salida y ver rechazado su proyecto constitucional, algo que resultaría irónico, justamente porque ese sector criticó con mucha fuerza la, para ellos, excesiva politización de la convención y, actualmente, ellos son los que están imponiendo su propia agenda ideológica, por sobre los acuerdos.
Por mucho que se esté seguro de un camino, se debe de pactar con otros para que las personas se vean representadas en la constitución, no debe ser solamente de aquellos electos. Veremos qué enmiendas efectivamente terminen plasmadas en la Carta Fundamental, pero estando la derecha representada en más de los 2/3 necesarios para llegar a acuerdos, depende solamente de ellos el tomar las decisiones, por lo que es probable que aquellas enmiendas actualmente apoyadas por toda la derecha sean plasmadas en la nueva Carta Magna, lo que sería un grave peligro para los derechos humanos de Chile.
