Replica al editorial “Ética militar republicana”

Uno de los temas que siempre llama la atención de la opinión pública es el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El monopolio del uso legítimo de la fuerza y de las armas que su rol institucional les otorga, produce algún grado de interés e, incluso, de fascinación. Tampoco se puede desconocer que, varias veces en nuestra historia, el uso del poder de las armas ha sido determinante para el devenir político de la nación, y también existe la creencia de que se puede repetir una acción militar como la del 11 de septiembre de 1973, la cual descarto totalmente. No obstante, es imposible desconocer que las instituciones armadas tienen capacidades que les otorgan influencia y poder.

El 16 de julio de 2023, El Mostrador publicó un editorial titulado “Ética militar republicana”, lo que se agradece, ya que nos permite profundizar en lo que es la ética militar, si es que ella existe separada de la ética general y, de haberla, cómo se entiende su aplicación en el ámbito de conceptos republicanos tales como la democracia representativa, los balances y contrapesos de la organización política de Chile, y las relaciones entre las instituciones militares y los poderes del Estado.

El editorial se construye basado en dos hechos aislados, el documento de reflexiones personales que el general Ricardo Martínez publicó antes del término de su periodo constitucional al mando del Ejército de Chile, en marzo de 2022, y las declaraciones realizadas por el comandante en Jefe de la Armada en la isla Dawson, en junio de 2023.

Las reflexiones del general Martínez son personales, aunque las publica siendo comandante en Jefe, pero no por ello constituyen un documento oficial del Ejército de Chile. Las publica antes de su retiro del servicio activo y valen lo que son, es decir, la opinión razonada de Ricardo Martínez. Si alguien esperaba que pasara a ser material de estudio de los militares en formación, o de la doctrina institucional, está equivocado. Al ser publicadas como reflexiones personales apuntan a otros propósitos, los cuales –como se indicó anteriormente– son dar a conocer lo que piensa el general Martínez de los últimos 50 años del Ejército de Chile. De seguro, serán usadas como material de estudio por aquellos que les interesa la historia militar de Chile o el rol de los militares en política. Es un documento valiente, ya que expresa opiniones que se sabe no serán del gusto de todos, pero que muestran muy bien lo que el general entiende que ha sido la historia más reciente de su institución, a la que perteneció por más de 40 años antes de pasar a retiro.

Las declaraciones del almirante De La Maza buscan cerrar un capítulo. La novedad está en que quien hace las declaraciones es el comandante en Jefe de la Armada y es en el contexto de los 50 años del 11 de septiembre, pero en sí mismas, es decir, en el fondo, no tienen nada de extraordinarias y son bastante obvias. El Ejército, la marina de guerra y la Fuerza Aérea son instituciones no deliberantes, jerarquizadas y obedientes de la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes, y no tienen ninguna intención de repetirse el plato, de estar metidas en la política, ni de dejarse usar para fines políticos por parte de quienes quieran usarlas para acceder o sostenerse en el poder.

El editorial, en su último párrafo, da a entender que las instituciones militares deben tener claro el rol que juegan en la vida política de Chile, siendo ello algo clave en el desarrollo futuro de la República. Es difícil no estar de acuerdo con ello, pero sí discrepo en que esto sea algo que genere tensión al interior de los institutos armados del 2023, los cuales tienen muy claro cuál es su propósito. La única fuente de tensión se produce cuando las tareas y roles que les asignan los conductores políticos de la Defensa Nacional pasan de ser situaciones de excepción, acotadas, del más alto rango constitucional, a situaciones cotidianas de carácter casi permanente y que las desvían de su quehacer profesional principal. Las Fuerzas Armadas están bien prestigiadas en Chile (ver última encuesta CEP), tienen claro cuál es el rol que cumplen como instituciones permanentes de la República, y ese rol profesional lo cumplen muy bien, ganándose la confianza, el respeto e, incluso, el cariño y admiración de la ciudadanía.

Para no enredarnos en la discusión, no olvidemos que la actual Constitución deja muy claros, en su artículo 101, el propósito y los aspectos fundamentales de las Fuerzas Armadas de Chile:

“Las Fuerzas Armadas dependientes del ministerio encargado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”.

“Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

Si las instituciones de la Defensa Nacional y los políticos, especialmente quienes ostentan el Poder Ejecutivo, se remiten a cumplir lo que se indica en los dos párrafos anteriores, no debería haber nunca problemas de ningún tipo. Si los problemas políticos son resueltos por la política en el marco de los balances y contrapesos que establece la Constitución, nadie correrá riesgos de que puedan ser atribuidos a los militares, y este tema no será tema. Otra cosa muy distinta es cuando las FF.AA. son puestas en disyuntivas creadas por situaciones políticas, como fue el caso en los años 1891 y 1973.

Producto de la crisis de inseguridad que vive el país y que afecta a una mayoría de chilenos, hay voces que piden un rol más activo de las instituciones de la Defensa en la solución del problema. En este caso, hay que tener la prudencia y buen criterio de entender la diferencia de problemas de naturaleza política, de vigencia del Estado de derecho o de naturaleza militar. Los primeros se resuelven con las herramientas de poder político que otorgan la Constitución y las leyes; los segundos, dando efectividad al derecho por la imposición de las leyes; y los problemas de naturaleza militar se resuelven quebrando la voluntad de lucha de un adversario.

Dicho todo lo anterior, ¿existe algo que se pueda llamar “ética militar”? Sí, claro que la hay, pero su ámbito de acción es específico a lo que es propiamente militar y a la cultura asociada a esa forma de vida, y no como algunos la interpretan, vinculada solamente a situaciones indeseadas que tienen características delictivas, como son el mal manejo de finanzas, adquisiciones y otras fechorías repudiables. Para los que las cometan, que se les aplique el máximo rigor de la ley, como debiera ser el caso de cualquiera que cometa delitos con platas de los chilenos.

La ética militar de quienes están en servicio activo, en retiro o son parte de la reserva, viene dada por lo que juran cuando hacen su juramento a la bandera. En ese juramento está la esencia de la ética militar y dice:

“Yo (nombre y grado), juro por Dios y por esta bandera, servir fielmente a mi patria, ya sea en mar, en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario; cumplir con mis deberes y obligaciones militares, conforme a las leyes y reglamentos vigentes; obedecer con prontitud y puntualidad las órdenes de mis superiores; y poner todo mi empeño en ser un (soldado – marino – aviador) valiente, honrado y amante de mi patria”.

La ética militar de soldados, marinos y aviadores está en el texto del juramento, en el orgullo y amor patrio, en la veneración por sus símbolos, su historia y su tradición. Las instituciones de la Defensa no tienen el monopolio del patriotismo, de ninguna manera, pero no se puede vivir la vida militar sin patriotismo. También está presente la ética en la voluntaria renuncia a una serie de derechos y beneficios que el resto de la ciudadanía tiene y que los uniformados no pueden ejercer o disfrutar. Lo que sí constituye un error es atribuir a la ética militar la vinculación de las instituciones de la Defensa y la conducta a ser observada por ellas, respecto de la conducción política de la República, tema que está muy bien resguardado y claramente establecido en la Constitución que actualmente nos rige, y en las leyes orgánicas y simples que de ella se desprenden, algo que no se debe perder en la nueva Carta Magna y en los cuerpos legales que la acompañen.