Fortalecimiento del control interno y externo de gobiernos regionales

El 14 de julio se cumplieron dos años de la histórica elección de gobernadores regionales en Chile. Este primer periodo de gobierno regional democráticamente electo no ha estado exento de dificultades, tales como la baja participación electoral de su primera elección, las pocas atribuciones originales para el ejercicio del cargo, las tensiones con el nivel central de gobierno por proyectos de ley de descentralización y, últimamente, cuestionamientos sobre el uso de recursos regionales.

El proceso se ha dado como muchos lo planteamos: con tensiones, frenos, contrapesos y avances, porque en sí misma la distribución del poder implica que alguien pierde y otros ganan al compartir el poder de decisión sobre recursos públicos. Con todo ello, no cabe duda de que ha valido la pena, por el solo hecho que se está configurando un proceso inédito de descentralización política para nuestro país.

Una de las polémicas que se ha levantado, en mi concepto con un poco de intención de entorpecer el proceso de descentralización, ha sido generalizar y cuestionar la ejecución presupuestaria que hacen los gobiernos regionales, especialmente a raíz del caso de Democracia viva, que, dicho sea de paso, ocurrió en una institución desconcentrada y no en una descentralizada.

¿Es genuina la actual preocupación por la ejecución del presupuesto regional de los gobiernos regionales? Por supuesto. Es una preocupación genuina y sustantiva, pero también algo injusta y oportunista, dado que, si no se dimensiona en su justa medida, puede dar lugar a argumentos “mañosos e infundados” para frenar las demandas de descentralización, en vez de orientar estas preocupaciones a propuestas concretas para mejorar y fortalecer la política subnacional.

No obstante, creo que es una gran oportunidad para avanzar del diagnóstico (que comparten Contraloría, Ejecutivo, Congreso, y los propios Gobiernos Regionales), hacia las propuestas sobre el fortalecimiento del control externo e interno de la gestión presupuestaria en los niveles subnacionales de gobierno.

¿Preocupa el control de la gestión presupuestaria a nivel regional? A todos nos preocupa lo anterior y el que las políticas públicas, a través de la descentralización, se transformen en una respuesta oportuna, pero también eficiente y transparente a la ciudadanía. Entonces, si esa preocupación es compartida y honesta, hay a lo menos dos caminos muy concretos y rápidos para resguardar aquello.

El primero se refiere a que, en la Ley de Presupuestos de este año, se fortalezca con recurso humano a la Contraloría General de la República, para robustecer específicamente la capacidad fiscalizadora y proactiva de las Contralorías Regionales. No hay duda del buen trabajo que realiza esta repartición pública, pero también es cierto que le falta recurso humano. Pues, aprovechemos de reforzar este servicio para garantizar el control externo de la gestión pública subnacional, sea regional, municipal y desconcentrada subnacional.

Segundo, es el momento para que también a través de la Ley de Presupuestos se permita fortalecer a las Unidades de control interno de los respectivos gobiernos regionales. En cada gobierno regional, en promedio, no existen más de dos personas trabajando en esta unidad; es decir, del total de funcionarios de gobiernos regionales (poco más de 2.000), son muy pocos los dedicados a esta importante función de control interno de la gestión regional.

En síntesis, los problemas de falta de control en la ejecución presupuestaria se expresan en los gobiernos subnacionales, pero la solución no está únicamente en ellos, sino que depende también del Congreso, del Ejecutivo y de la propia Contraloría General de la República. Es por eso que tenemos una buena oportunidad para alcanzar consensos y fortalecer el control interno y externo a nivel subnacional.

Así, podemos evitar darle fuerza al argumento, muy conservador por lo demás, que “dado que estas experiencias son riesgosas”, no se puede profundizar el incipiente proceso de descentralización en Chile. Esto resultaría mañoso, antojadizo, porque incluso basan sus argumentos sobre investigaciones en curso sin tener resultados concretos de dichos procesos.

Hay argumentos válidos para corregir o perfeccionar el proceso de descentralización, pero no se puede hacer una generalización a partir de problemas aislados, ni menos transformarlo en un motivo para ralentizar el proceso de descentralización. Muy por el contrario: es necesario avanzar, proponiendo, fortaleciendo y corrigiendo los problemas que se han detectado a tiempo.

Este es el momento. Es nuestra oportunidad para pasar del relato de hacerlo bien a las propuestas para hacerlo bien.