Opinión
En Uruguay no falta agua y solo la lluvia no traerá la solución a esta crisis. Estas afirmaciones pueden causar sorpresa, pero esta crisis va más allá de la falta de agua en los reservorios o de la salinidad del agua que sale del grifo. Nos muestra, por un lado, la insistencia de las mismas respuestas gubernamentales en cuanto a la ampliación de la oferta de agua a través de proyectos hidráulicos. Y, por otro lado, evidencia los problemas con la participación social y la ampliación de la discusión de una crisis que afecta aproximadamente a 2 millones de personas.
Desde fines de abril, más de la mitad de los uruguayos ha venido enfrentando problemas de cantidad y calidad del agua. La población está siendo abastecida por agua con concentraciones oscilantes de salinidad, que proviene de una mezcla de agua dulce del embalse de Paso Severino y de agua salobre del estuario del Río de la Plata. La Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) viene gestionando, junto con el Ministerio de Salud Pública, el aumento de las concentraciones de sodio y cloruro en el agua distribuida como alternativa para evitar los cortes de agua. En medio de la crisis, el discurso oficial culpabiliza a los factores climatológicos, al mismo tiempo que espera que la solución venga de la mano de las lluvias.
Ese discurso también ha conllevado un fortalecimiento de la defensa de proyectos hidráulicos que permitan incrementar la oferta de agua, como el Proyecto Neptuno. Mientras tanto, las medidas de gestión y control de actividades que se emplean en el territorio de la cuenca del río Santa Lucía, de donde se abastece a la zona metropolitana de Montevideo, no han tenido la misma suerte.
Mientras el discurso oficial mencionó que el agua de OSE era “bebible”, pero sin atender los patrones de potabilidad, las sociedades médicas recomendaron que algunos grupos sociales, como los afectados por hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, cirrosis o embarazadas evitasen el consumo. Entre las consecuencias de las medidas adoptadas por el Gobierno, estuvo la promoción del consumo de agua embotellada, lo cual amplió las desigualdades sociales en cuanto al acceso al agua potable y segura al consumo, que está previsto constitucionalmente como un derecho humano.
Inicialmente, la preocupación por la falta de lluvias era, junto con el sector productivo agropecuario, uno de los principales sectores económicos del país, lo que llevó a la declaración de una emergencia agropecuaria. Posteriormente, con la intensificación del problema, también surgió la preocupación por el agua para el consumo de la población. Y varios meses después, se declaró una emergencia hídrica, lo que agilizó las inversiones en obras.
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) dijo que los últimos tres años han sido extremadamente secos y señaló una relación entre este período seco con la fase La Niña del fenómeno de la Oscilación Sur del Pacífico. Además, existen estudios que muestran que esta sequía fue intensificada por las acciones humanas que han implicado un aumento de la temperatura.
Aunque hay factores climáticos en juego, resulta llamativo que el Gobierno no se haya enfocado en otras dimensiones, por ejemplo, las medidas de gestión del agua y del suelo. Tampoco ha escuchado propuestas de actores de la cuenca y la zona afectada. La oposición, por su parte, ha criticado el hecho de no haber concretado proyectos hidráulicos que fueron propuestos por gestiones anteriores. En su lugar, se le dio prioridad al Proyecto Neptuno, una iniciativa que comprende al sector privado y la construcción de una planta que potabilizará agua del Río de la Plata.
La academia y las organizaciones sociales que están vinculadas a la temática consideran que existen problemas de larga data que se encuentran relacionados con la falta de empleo y control de medidas para la reducción del deterioro ambiental de la cuenca. Esto está asociado a diferentes conflictos entre los distintos usos del agua y del suelo en la cuenca. A esto se suma la poca permeabilidad a la participación social en cuanto a la toma de decisiones sobre la planificación, gestión y control del agua.
Otro aspecto que genera preocupación es la pérdida de agua potable en las redes de distribución por falta de mantenimiento. El International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities (2015) muestra que Uruguay posee una pérdida de casi 50% del agua potable producida en las plantas potabilizadoras. Así, se plantea la siguiente interrogante: ¿por qué el Gobierno está optando por la ampliación de la oferta de agua, en lugar de tomar medidas para disminuir significativamente las pérdidas de la propia red de distribución?
Los ámbitos participativos, que se establecieron a raíz de la reforma constitucional de 2004 y que fueron integrados por diferentes sectores, fueron tardíamente convocados para abordar la crisis. La Comisión de Cuenca y el Consejo Regional de Recursos Hídricos sesionaron recién en junio, cuando la crisis ya estaba avanzada y cuando hubo protestas sociales casi a diario.
Sin embargo, no es la primera vez que estos ámbitos son ignorados y su función se ve seriamente afectada. En otros países del Cono Sur, también se ha visto que, en momentos de crisis, los procesos de toma de decisiones tienden a ser más centralizados, menos transparentes y participativos, y explicitan la desigualdad de poder entre los diferentes actores involucrados.
En el caso de Uruguay, hay un sector que salió aún más empoderado: el mercado de agua embotellada. Las ventas de agua se triplicaron tras la reducción intencional de la calidad del agua distribuida a la población. En consonancia con lo planteado por otros investigadores, más allá de discutir el subsidio del agua embotellada para la población con menor renta, se debería cuestionar esta forma de pasar la responsabilidad de abastecimiento público de agua potable al sector privado.
Como conclusión, vale señalar que en Uruguay no falta agua y que solo la lluvia no traerá la solución a esta crisis. Estas afirmaciones pueden causar sorpresa, pero esta crisis va más allá de la falta de agua en los reservorios o de la salinidad del agua que sale del grifo. Nos muestra, por un lado, la insistencia de las mismas respuestas gubernamentales en cuanto a la ampliación de la oferta de agua a través de proyectos hidráulicos. Y, por otro lado, evidencia los problemas con la participación social y la ampliación de la discusión de una crisis que afecta aproximadamente a 2 millones de personas.
Agua no falta en Uruguay, pues incluso frente a la crisis del abastecimiento en la zona metropolitana, no faltó oferta de agua (embotellada). Es decir, no hay dudas de que se observó un déficit cualitativo y cuantitativo de agua dulce que afectó de forma desigual a parte de la región centro-sur del país. Pero la crisis resulta de las medidas adoptadas (o no), lo que produce consecuencias.
El Gobierno optó por disminuir la calidad del agua pública distribuida, sabiendo que, con tal medida, podría haber una reducción de la confianza de la población en la empresa pública y un mayor consumo de agua embotellada (que puede mantenerse). Es decir, se optó por el clima (por las lluvias) y los mecanismos de mercado. El primero no puede ser culpable de decisiones políticas; el segundo, no busca prestar un servicio equitativo a la población y tampoco gestionar un bien común.
