PAÍS
Luego de reunir todos los antecedentes relativos a la forma en que el juez Héctor Barraza accedió a entregar 57 identidades que habían sido celosamente protegidas a los defensores del Tren de Aragua, el pleno de ministros de Arica inició una investigación en contra del magistrado y dejó en manos del comité de jueces decidir si se investiga a los funcionarios. Ayer, el Ministerio Público abrió una investigación penal por los mismos hechos y al recurso de protección que presentó el Ministerio Público se suma otro del gobierno.
El pleno de ministros de la Corte de Apelaciones de Arica se reunió hoy de forma extraordinaria y ordenó la apertura de una investigación administrativa en contra del magistrado del Juzgado de Garantía de la ciudad, Héctor Barraza, la que busca establecer la forma en que se desarrolló la audiencia en la que el juez accedió a la solicitud de las defensas de entregar la identidad de los testigos protegidos y agentes encubiertos que figuran en la acusación en el marco de la causa abierta contra integrantes del denominado Clan “Los Gallegos”, brazo operativo con el “Tren de Aragua”.
La decisión fue adoptada tras reunir todos los antecedentes recopilados ayer, luego que el ministro visitador del Juzgado de Garantía, José Delgado, se constituyera en el tribunal para verificar el procedimiento desarrollado durante la audiencia de cautela de garantías desarrollada el miércoles 13 de septiembre pasado. Con ese antecedente, el pleno se reunió y acordó pedir informes al juez Héctor Barraza y al comité de jueces de ese tribunal, que en forma previa había autorizado la comparecencia remota del fiscal titular de la causa, dada la situación de seguridad en que se encuentra, lo que fue desconocido por el magistrado. Con toda esa información, el pleno adoptó la apertura de la investigación administrativa.
“Al mismo tiempo, se ordenó al comité de jueces del Juzgado de Garantía para que, en el uso de sus facultades, determine si abre una investigación administrativa a los funcionarios y al administrador del tribunal, para determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza, que autorizaba el acceso a las defensas al nombres de los testigos protegidos o agentes encubiertos”, informó la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, Claudia Arenas González.
