Opinión
Cuando enfrentamos la tormenta perfecta en los 90 (interrupción del suministro de gas argentino, sequía y alza muy significativa del precio internacional de los combustibles), la reacción no fue abandonar el modelo ni congelar los precios, sino más bien hacer las adecuaciones requeridas.
Estos años he hecho consultorías en diversos países como Sudáfrica, Albania, Jordania y Uzbekistán. Me han invitado porque en el exterior a Chile lo tienen catalogado como un ejemplo a seguir, por la rigurosidad con la que se diseñaban e implementaban las políticas públicas, asegurando, incluso en las crisis más profundas, la consistencia de las intervenciones con el funcionamiento de largo plazo del modelo, proveyendo los incentivos, la certeza jurídica y el respeto de los contratos para que el mercado funcione y los privados inviertan.
Uno de los elementos que nos ha destacado históricamente ha sido el asegurarse de que los precios reflejen los costos, lo que es fundamental para incentivar las inversiones y también el uso eficiente de la energía. Cuando enfrentamos la tormenta perfecta en los 90 (interrupción del suministro de gas argentino, sequía y alza muy significativa del precio internacional de los combustibles), la reacción no fue abandonar el modelo ni congelar los precios, sino más bien hacer las adecuaciones requeridas, para que el modelo operase correctamente frente a shocks de tal envergadura.
Fue así como se legislaron las Leyes Cortas I y II. Con dichas modificaciones, las señales se corrigieron y las empresas retomaron las inversiones después de varios años de parálisis e incertidumbre.
Es verdad que fue necesario complementar con medidas de emergencia destinadas a mitigar los efectos de la crisis mientras los resultados de la reforma se materializaban en nuevos proyectos. Entre esas medidas estuvo la operación del decreto de racionamiento, las campañas de ahorro energético, la construcción de los terminales de GNL, las leyes para asegurar la continuidad de operación ante posibles quiebras (conocida como Ley Gas Atacama), las negociaciones de swaps con Argentina y el fast tracking de proyectos, pero nunca se intervino la señal de precios. Los precios subieron fuertemente reflejando la escasez.
Todas las medidas se tomaron entendiendo que eran para lograr pasar la transición hasta que los perfeccionamientos de la regulación permitiesen la recuperación de las inversiones. En tan solo unos años desapareció la amenaza del racionamiento.
En otros países que comenzaron con crisis en los mismos años que Chile, y que decidieron tomar solo medidas de emergencia, sin corregir el funcionamiento del marco regulatorio y congelando los precios, la crisis se convirtió en estructural y debieron enfrentar racionamiento durante muchos años más por falta de inversiones. Dejar que los precios suban reflejando las alzas de los costos no es fácil. Los incentivos políticos son bastante perversos: es más fácil postergar las alzas de precios hasta que haya nuevas autoridades y que estas sean las que asuman el costo político. Mientras más se postergue el sinceramiento de los precios, más fuerte será la corrección que deberá hacerse en el futuro y más se resentirán las inversiones. Se requiere responsabilidad y mirada de largo plazo.
Veo con preocupación cómo desde hace algún tiempo hemos ido perdiendo la disciplina de asegurar que los precios reflejen los costos. Esto no es algo que esté ocurriendo solo con el actual Gobierno. Un primer paso en esa dirección ocurrió durante el Gobierno de Piñera 2, al establecer el primer mecanismo de “estabilización” de precios, lo que significó no solo congelar los precios, sino que además implicó la intervención de los contratos, atentando contra la certeza jurídica y contractual que nos ha caracterizado y destacado. El Gobierno actual ha continuado por la misma senda con los nuevos instrumentos para seguir postergando el sinceramiento de las tarifas.
Es fundamental avanzar en ello y dictar los decretos correspondientes cuando corresponde, lo que se debe complementar con subsidios focalizados en las familias de menores ingresos. No hacerlo es como hacerse trampa en el solitario y, lamentablemente, se erosionan las señales de precios, las certezas jurídicas y la fortaleza de los contratos, que son esenciales para el funcionamiento adecuado del sector.
