Opinión
Basta prender la televisión para advertir que estamos ad portas de una conflagración mayor, no solo de más guerras, sino también de peores escenarios económicos.
La incertidumbre es un rasgo predominante en nuestras sociedades, pero tiene varios niveles. Para la mayoría de la población, el presente y el futuro cercano están dominados por la sobrevivencia económica. La inflación demuele las certezas, el desempleo más aún. La situación más extrema la vivimos en Argentina, donde la inflación supera el 100% y el precio del dólar se disparó hace rato. Pero no es el único. En Chile el valor del dólar se acerca a los mil pesos. A inicios de la década oscilaba en los 700.
En materia de crecimiento del PIB, según Cepal, Argentina tendrá este año un decrecimiento del orden del 3% y Chile de un 0.3, mientras que Perú, Colombia y Uruguay crecerán alrededor del 1%. Bolivia y Ecuador lo harán en torno al 2%. Brasil, por su parte, estará arriba del 2%. En suma, un panorama de mediocre a malo.
Si consideramos otro aspecto, el del grado de informalidad existente en nuestra región, veremos que cada día alcanza mayores volúmenes. Junto a la migración, la informalidad es una válvula de escape a la presión del desempleo. No es casual que la migración alimente la informalidad.
Junto a la incertidumbre económica, buena parte de la población está atemorizada por el nivel de delincuencia imperante, en especial en las grandes urbes. Miles de familias viven la incertidumbre de salir a un entorno hostil y peligroso. No es seguro caminar por las calles, menos hablando por celular. Tampoco andar en auto otorga muchas garantías, diversas organizaciones criminales proliferan en la región. Algunos destacan que Sudamérica es una zona de paz. Tienen razón si se refieren a conflictos entre Estados, pero América Latina es la región más peligrosa del planeta. Veamos un solo indicador: los homicidios.
El número de homicidios por cada 100 mil habitantes bordea los 25 en los casos de Colombia y Ecuador, mientras que Chile y Perú oscilan en torno a los 6. Brasil alcanza 18. En la mayoría de nuestros países estas cifras han aumentado, comparadas con el inicio de siglo.
La incertidumbre para buena parte de la población es muy concreta, pues cada día es más difícil sobrevivir, llenar la olla y, a la vez, cada día salir a la calle es más peligroso.
En los actores económicos la incertidumbre tiene otro perfil. La inestabilidad política que caracteriza a varios países de la región, la debilidad del Estado, la corrupción y, en algunos casos, la incertidumbre jurídica, atentan contra los planes de inversión, especialmente los de largo plazo, que muchas veces son indispensables para romper cuellos de botella en infraestructura que limitan el crecimiento.
Así, se mezclan las insuficiencias de la democracia latinoamericana con las condiciones necesarias para la inversión. Sumemos a lo anterior que, en la mayoría de los países de la región, muchos gobiernos carecen de apoyo en el Congreso, por lo cual se produce una guerra de trincheras entre ambos poderes, unido esto no pocas veces a una enconada polarización.
La mayoría de los estudios de opinión en la región muestra que la población desconfía de las autoridades, en especial de los gobiernos y de los parlamentarios. De pilón, de los partidos, que son quienes generalmente los tripulan.
Ojo, en la mayoría de los casos se trata de autoridades legalmente constituidas, pero que carecen de legitimidad para buena parte de la población. Según estudios del Instituto de Estudios Peruanos, más del 80% desaprueba la gestión de gobierno, mientras que el rechazo al Congreso llega a un 90%. En buena parte de la región estos números expresan un mínimo común denominador: los representantes no resuelven los problemas de los representados.
Muchas veces el juicio es más duro, la población desconfía de las autoridades, las percibe como una élite desconectada de su realidad. Peor aún, para parte importante de la población, la autoridad se asocia al privilegio y, muchas veces, a la corrupción. Justa o injusta esta apreciación, tomemos solo un indicador: la cantidad de exmandatarios que después de dejar el cargo han debido enfrentar procesos judiciales.
La desconfianza no es solo un tema de transparencia, alude también a la eficacia del sistema –y de sus operadores– para resolver los principales problemas de la población. La demanda de seguridad, junto a la de reactivación económica y lo que ello conlleva, predominan en la mayoría de nuestras sociedades. Ello podría explicar en parte la popularidad que despierta la gestión del presidente salvadoreño. No me cabe duda alguna de que si visitara alguna ciudad de nuestro norte, sería calurosamente acogido.
Si la incertidumbre y la desconfianza son dos rasgos que modelan el sentir de amplias mayorías de nuestras sociedades, asumamos de que su solución es cosa de largo tiempo y no fácil. La construcción de confianzas requiere constancia. Reemplazar la incertidumbre requiere de certezas. La calidad de la democracia latinoamericana está en cuestión.
Nuestro país no escapa a las tendencias reseñadas en esta columna. Población atemorizada ante el incremento de la delincuencia –o el fracaso de las políticas de orden y seguridad–, estancamiento económico, una “grieta” creciente entre ciudadanía y elites, lo que explicaría lo volátil de su conducta electoral y, agreguemos, la “fatiga constitucional” que ya se encamina a un segundo rechazo.
El panorama político no es promisorio: un Gobierno agotado en su proyecto inicial, al igual que su principal fuerza originaria, el Frente Amplio. Una desgastante guerra de trincheras en el Congreso, y del Congreso con el Gobierno. Un Arauco con Estado de Emergencia y lo mismo la frontera norte. En ese contexto, asistiremos probablemente a la emergencia de movilizaciones y demandas de diversos sectores golpeados por la crisis e impulsados por la necesidad.
¿Es posible revertir esta tendencia? Siempre es posible, pero se requiere redefinir objetivos, ajustar estrategias y reorganizar equipos. En definitiva, es un campo propio de la política, lo que deseamos destacar es la necesidad de afrontar este desafío, por dos grandes razones.
La primera es el preocupante clima internacional. Basta prender la televisión para advertir que estamos ad portas de una conflagración mayor, no solo de más guerras, sino también de peores escenarios económicos. Pensemos solamente en lo que sucedería con nuestra economía si subiese súbitamente el precio del petróleo. A lo menos, subiría el precio de la gasolina y, por ende, ese costo se trasladaría a toda la economía y, al final, el precio del pan y del transporte crecería más, por decir lo menos.
Chile es un país abierto al mundo, especialmente en el plano comercial. Un desorden mayor en la economía global producto de la profundización de los conflictos nos afecta casi de forma inmediata. Tarea para nuestra Cancillería es el sumarnos a todos los esfuerzos por la paz y la estabilidad global.
En segundo término, porque esta situación no va a variar en el corto plazo en nuestra región. Las elecciones argentinas no resolverán la crisis, probablemente creen un nuevo escenario eso sí. Igualmente sería injusto suponer que en el año y medio para gobernar que, en la práctica, tendrá el nuevo Gobierno ecuatoriano, este va a ordenar todo de una vez. Perú, por su parte, se mantiene sobre una gran disconformidad de buena parte de su población, y ese malestar se expresa cíclicamente. Suponer que esto puede sobrevivir hasta las elecciones del 2026 es una arriesgada apuesta.
Para finalizar, es bueno recordar la vieja máxima: hay que ayudar a ordenar el barrio, y quizás la primera medida es poner orden en nuestra propia casa. Junto con ello, requerimos proactividad en la cooperación, menos ideología y más diplomacia.
