Opinión
Victor Huenante/AgenciaUno
La crisis medioambiental que sacude al planeta es una realidad local y global, que para Chile también implica el poder ser parte de la solución y de las oportunidades de negocios que se generen. Contar con certeza jurídica es claramente un activo.
Pese a los cuestionamientos que diversos sectores le hacen a la Constitución actualmente vigente, al promulgarse, Chile introdujo una innovación que pocas cartas fundamentales de la época contemplaban: “El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
Décadas después, y luego de intensas discusiones, el Consejo Constitucional opta por profundizar el cuidado de la naturaleza. En la Carta Fundamental que será votada en diciembre próximo se afirma que “la protección del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo están orientados al pleno ejercicio de los derechos de las personas, así como al cuidado de la naturaleza y su biodiversidad, considerando a las actuales y futuras generaciones”.
A esto se suma que se especifica que el Estado debe “implementar medidas de mitigación y adaptación, de manera oportuna, racional y justa, ante los efectos del cambio climático”. Sin duda, esta es una buena noticia, ya que demuestra que en Chile prima una visión moderna de cómo relacionarnos con la naturaleza.
La nueva Constitución debe dar las señales para encuadrar nuestro modelo de desarrollo en el respeto de los límites planetarios, incorporando un deber constitucional general de protección del medio ambiente. Tiene que incorporar el concepto de desarrollo sostenible, que busque un equilibrio entre los aspectos sociales, ambientales y económicos, y que sea un facilitador para alcanzar mejoras de bienestar para nuestro país.
Chile es altamente vulnerable al cambio climático, pero a su vez tiene un gran potencial para contribuir a combatirlo. Ahí recae la importancia y necesidad de transitar hacia una economía carbono neutral.
Abordar el desafío del cambio climático como parte de la sostenibilidad le da un claro eje orientador a la acción del Estado. Si la emergencia climática se aborda desde la Carta Fundamental, eso tiene un efecto más profundo en el mandato de una nación y sienta las bases para una gobernanza acorde a la magnitud de los desafíos que nos impone el calentamiento global.
El Estado debe asumir como un deber una acción climática ambiciosa y coordinada, que apunte a promover responsabilidades de adaptación, mitigación y transición justa frente al cambio climático, encaminando así el modelo de desarrollo hacia una economía carbono neutral y resiliente al clima.
La institucionalidad debe responder al sentido de urgencia en relación con la implementación de acciones concretas de mitigación y adaptación para enfrentar el cambio climático. Los riesgos climáticos no solo están impactando a los grupos más vulnerables, sino que también a los negocios, a la capacidad de acceso a financiamiento y al valor de las empresas.
La crisis medioambiental que sacude al planeta es una realidad local y global, que para Chile también implica el poder ser parte de la solución y de las oportunidades de negocios que se generen. Contar con certeza jurídica es claramente un activo para el impulso de negocios que se desarrollen en el marco de la economía verde.
La Constitución que votaremos en diciembre debe responder a estos desafíos medioambientales y adaptarse a los cambios que está experimentando el planeta.
