Opinión
AgenciaUno
Los votos de minoría existen y han existido siempre, no solo en este órgano sino en cualquier cuerpo colegiado de estas características, pero su actual frecuencia y la distancia argumentativa entre mayorías y minorías resultan decidoras de algo más profundo.
El papel del Panel de Expertos de Energía en Chile ha sido un hito en la evolución del sector, expandiendo su influencia desde el ámbito eléctrico hacia la regulación de la distribución de Gas Natural y emergiendo como un pilar en la resolución de controversias regulatorias. Sin embargo, y como pudimos constatar en un reciente seminario realizado en la Universidad Adolfo Ibáñez, enfocado en la litigación ante este panel, hoy existen grandes desafíos para este órgano que parecieran no estar suficientemente relevados.
Este órgano, que históricamente se benefició de la experiencia técnica de ingenieros y economistas para arbitrar en materias tarifarias, se encuentra ahora cada vez con más frecuencia ante escenarios que demandan una interpretación normativa más refinada y compleja sobre temas de regulación. La transición ha sido tal que el panel ha empezado a dilucidar aspectos regulatorios que superan cada día más las simples discrepancias numéricas, evidenciando así dificultades no solo para definir con precisión su ámbito competencial, sino también para mantener una línea argumentativa coherente entre sus miembros.
Los votos de minoría existen y han existido siempre, no solo en este órgano sino en cualquier cuerpo colegiado de estas características, pero su actual frecuencia y la distancia argumentativa entre mayorías y minorías resultan decidoras de algo más profundo. Obviamente, los votos de minoría no constituyen el problema central, sino que son el reflejo de un problema subyacente mucho mayor: la falta de criterios unificados y la impredecibilidad que caracteriza actualmente a los dictámenes del panel. De hecho, una de las palabras que más se repitió en el citado seminario fue “el panel hoy es impredecible en materias regulatorias”, concordando entre ellos en que ello representa un desafío crítico para la estabilidad regulatoria del sector energético.
Un caso paradigmático es el reciente dictamen sobre el tratamiento de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGDs) durante los procedimientos de curtailment ordenados por el CEN. La decisión mayoritaria se alineó con el CEN, a pesar de la existencia de normativa expresa que sugeriría una resolución distinta. Esta situación se agrava cuando se contrasta con la argumentación de dos votos de minoría, que, a pesar de no ser emanados de juristas, presentaban un razonamiento no solo económico, sino jurídico más robusto y fundamentado que los del voto de mayoría. Estos votos ilustran una preocupante divergencia interpretativa frente a una normativa que debería ser clara y predecible.
La imprevisibilidad y la falta de coherencia interpretativa en los últimos fallos del panel sin duda erosionan la confianza de los operadores del mercado, cuestionando la predictibilidad requerida para un ambiente de inversión sano. Es fundamental que se reconozca que la imprevisibilidad y los votos de minoría frecuentes no son meras anécdotas procesales, sino síntomas de una dificultad más profunda que afecta la seguridad jurídica y regulatoria del sector energético.
Se impone, por tanto, una reflexión crítica sobre el funcionamiento del panel, buscando estrategias que fortalezcan la coherencia en la interpretación de la normativa energética y aseguren la transparencia y predictibilidad de sus resoluciones. Esta tarea no es menor, considerando que el sector energético se encuentra en una etapa de cambio y expansión, lo que demanda un marco regulatorio estable que pueda acompañar y facilitar esta transición.
