Corrupción municipal: ¿la historia sin fin?

“Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”. La célebre frase de George Santayana, que hemos escuchado muchas veces, tiene un significado claro: aquellas sociedades u organizaciones que desconocen u olvidan hechos del pasado que alteraron la paz, la unidad o el bien común, inevitablemente caerán en lo mismo una y otra vez.

Es lo que pasa desgraciadamente con las municipalidades. Desde las grandes ciudades hasta el último rincón de Chile, representan el vínculo más directo entre la institucionalidad pública y los ciudadanos, mandatadas a resolver sus problemas cotidianos más urgentes. Son la cara más visible y cercana del Estado.

El problema es que en los últimos años también han sido la cara de la corrupción que se extiende como una mancha en el país, donde los municipios y los abultados presupuestos que manejan son un campo especialmente fértil, recursos públicos que –como lo confirmó el contralor Jorge Bermúdez, a propósito de las irregularidades detectadas en los traspasos a fundaciones desde seremis y gobiernos regionales– la falta de regulación permite que se sigan dilapidando a medida que se multiplican los casos.

El enorme sobreprecio que pagaría la Municipalidad de Santiago por la exclínica Sierra Bella o las graves irregularidades que investiga la Fiscalía en la adquisición de 10 inmuebles para la construcción de un Cesfam en Las Condes son los últimos exponentes de una historia que parece demasiado conocida.

Y es que, según una reciente publicación de Ciper, de los 345 municipios que hay en Chile, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se ha querellado por irregularidades en 135 de ellos, cerca del 40% del total. Los hay de derecha, centro e izquierda; independientes; hombres y mujeres; alcaldes nuevos y reelectos; municipios grandes y pequeños. En total, 32 alcaldes aparecen como imputados en procesos judiciales.

En todos ellos se repiten delitos como malversación de caudales públicos, cohecho y negociación incompatible, entre otros, e incluso en algunos hasta la presunta existencia de asociaciones ilícitas entre funcionarios y particulares.

En Vitacura, el exalcalde Raúl Torrealba está en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. Tierra Amarilla tiene a dos exalcaldes (uno ya fallecido) imputados por sobornos para adjudicar licitaciones, millonarios viajes al extranjero sin fundamento y contratación de parientes.

En Viña del Mar la exalcaldesa Virginia Reginato está querellada por supuestos pagos irregulares a funcionarios municipales en el caso “Horas extras 2”, y el caso “LED” tiene a 11 municipios investigados de norte a sur por soborno y cohecho para favorecer la adjudicación de la empresa Itelecom en licitaciones de proyectos de recambio de luminarias.

Es cierto que en la última década se hicieron importantes esfuerzos para mejorar la transparencia y probidad en los municipios. En 2012 se fortaleció el rol del concejo municipal, que recibió mayores facultades para tomar decisiones y fiscalizar la gestión del alcalde. En 2013 la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obligó a todas las municipalidades a publicar información relevante sobre su gestión y responder las solicitudes de información de la ciudadanía. En 2015 se puso límite al financiamiento de campañas electorales y aumentó la transparencia de los recursos utilizados en estas, mientras que en 2020 se limitó la reelección de autoridades para favorecer la renovación de estas y, en 2021, la Contraloría dictaminó que las corporaciones municipales están regidas por la Ley de Compras Públicas, por lo que debían subir a la plataforma de Mercado Público la información de sus transacciones de productos y servicios.

¿Por qué, entonces, siguen destapándose casos de corrupción municipal? ¿Por qué los municipios no son capaces de prevenirla o detectarla antes de que esta ocurra?

Porque la institucionalidad con la que se rigen aún es débil y la fiscalización de cómo las corporaciones municipales y las propias alcaldías gestionan sus presupuestos es insuficiente. Los concejos municipales, por ejemplo, muchas veces no tienen los recursos ni las competencias para ejercer cabalmente la acción fiscalizadora que la ley les confiere.

Por eso es clave que a las municipalidades se les exija implementar programas de compliance, tal como se le impone al sector privado. Y que las normativas, políticas y procedimientos internos establecidos para prevenir delitos, potenciar buenas prácticas y detectar irregularidades, se cumplan efectivamente.

Por ejemplo, ¿cuántas de ellas han transparentado sus procesos de compra de bienes y servicios? ¿Cuántas han implementado canales de denuncia internos y externos, así como mecanismos de protección a los denunciantes? Vale la pena preguntarse, de la totalidad de las alcaldías que están siendo investigadas hoy por la justicia, cuántas cuentan con controles cruzados, registran rigurosamente sus reuniones por Ley de Lobby o tienen contratadas auditorías externas.

Con cada nuevo escándalo que se destapa, surgen voces indignadas pidiendo reforzar los controles y auditorías para resguardar recursos que son de todos los chilenos, pero que, por lo mismo, al final no son de nadie, la responsabilidad por cuidarlos se diluye y nuevos escándalos se destapan una y otra vez.

Apretemos fuerte –y rápido– las tuercas que sean necesarias para evitar que la mancha de la corrupción municipal siga extendiéndose hasta el punto de perder la capacidad de asombro. Si la historia ya es archiconocida, hagámonos cargo para dejar de estar condenados a repetirla.