CULTURA|OPINIÓN
Sebastián Beltrán/AgenciaUno
Se trata de salir de confrontaciones artificiales y ofrecer a la ciudadanía un nuevo ciclo de estabilidad democrática con un sello de progreso social y de sostenibilidad económica y ambiental, que sea claramente alternativo a las opciones autoritarias y socialmente regresivas de la ultraderecha.
El PPD, según la prensa, está manifestando un descontento con el Partido Socialista (PS) porque no aprobó en su Congreso reciente una “Federación Socialdemócrata”. Hay quienes al parecer no entienden que el PS nunca ha sido un partido socialdemócrata tradicional y menos en lo que en Chile se entiende por tal; es decir, una variante social-liberal de tipo blairista.
El PS ha sido siempre un partido de izquierda, sui-generis pero de izquierda, lo que se volvió a expresar en el Congreso de 2023. El hecho de que después de la masacre de muchos militantes y de sus direcciones enfrentara a la dictadura con distintas opciones, que se produjera la división de 1979 con una parte que decidió recorrer un camino de alianzas con el centro para lograr una salida política y de masas a la dictadura y se alejara del PC, no lo llevó a perder su condición de partido de izquierda.
Las alianzas de la salida de la dictadura y los años posteriores, con el PS reunificado en 1989, ya son parte de la historia. Hay distintos balances, como es lógico. Personalmente, califico esa etapa como globalmente positiva y necesaria para recomponer la democracia, la izquierda en ella y la economía. Pero fue insuficiente para el objetivo de lograr una democracia plenamente soberana y una reducción drástica de las desigualdades, objetivos a los que el PS no puede renunciar. Por ello, el esquema de la Concertación, nostálgico para algunos, no puede reproducirse en la actualidad.
La realidad política es otra, marcada por la necesidad de agrupar a todas las fuerzas transformadoras para gobernar y enfrentar el bloqueo extremo de las derechas. Cabe lograr, votando en contra de la propuesta constitucional de la extrema derecha, que sigan avanzando cambios institucionales que establezcan el principio de mayoría para gobernar y legislar, por el momento, después del 17 de diciembre, con más reformas a la Constitución vigente. Y con una persistente propuesta económico-social de reversión de la apropiación privada de los recursos naturales y de la seguridad social.
El plan progresista de más largo plazo debe seguir siendo la reducción de las desigualdades, incluyendo una negociación colectiva más allá de la empresa y una reforma tributaria progresiva. Por ello, no está en el ADN del PS renunciar a prestar apoyo a una administración de izquierda, por muchos defectos que pudiera tener. Las propuestas de alejarse del Gobierno con una coalición centrista, de cierto tono opositor, es lo que ha rechazado el Congreso del PS.
El PS se siente más bien parte plena de la coalición de gobierno del Presidente Gabriel Boric y ha subrayado su compromiso con el éxito de su administración. De ese éxito dependen el presente y futuro de la izquierda y el progresismo en Chile y sus luchas por la transformación de la sociedad chilena, sin perjuicio de dar a conocer sus puntos de vista en los espacios de diálogo y articulación entre el Gobierno y sus partidos de apoyo. Retroceder ante las dificultades que enfrenta el Presidente Boric, en un escenario sin mayoría parlamentaria y de profunda desconfianza de la sociedad en las instituciones, sería un error.
Su Gobierno ha logrado avances en la semana de 40 horas, el aumento del salario mínimo, el aumento de la pensión básica universal, el copago cero en la salud pública, la seguridad para las mujeres en la pensión alimenticia, el aumento del presupuesto para las policías y la seguridad ciudadana, junto con definir una política nacional del litio de alcance estratégico, entre otros temas altamente valorados por la mayoría social. Está en condiciones de consolidar otros, o al menos debe luchar por ellos, a pesar de los bloqueos, como una reforma solidaria de las pensiones y del sistema de salud y una reforma tributaria que permita que la tareas gubernamentales y los avances sociales no sean pagados por los que menos tienen.
Esto supone seguir apoyando los compromisos de programa en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres, de expansión de los mecanismos sociales de cuidado, de ampliación del Seguro de Cesantía, de negociación colectiva más allá de la empresa, de educación y formación para el trabajo, de vivienda y urbanismo integrador, de protección ambiental, de transición energética acelerada, aunque la derecha persista en bloquearlos. En especial, habrá que seguir insistiendo en una reactivación económica dinámica que conduzca a más creación de empleos y a mejorías de las remuneraciones.
Seguramente el PS va a buscar contribuir a una nueva derrota de la derecha en 2024 en las comunas y regiones, y acordará candidaturas comunes a gobernadores y alcaldes de todo el espectro democrático y progresista. Esto no habrá de impedir que diversas listas a consejeros y concejales expresen en simultáneo la pluralidad del campo progresista, cuyo peso respectivo debe ser dirimido, como siempre, por la ciudadanía. Dentro de ese campo, una lista deberá agrupar a la izquierda comprometida con la democracia, el cambio social, la protección del ambiente, las luchas por la igualdad y el respeto por las diversidades. Esa coalición no deberá limitarse al centrismo PPD-PR-PL, sino incorporar al Frente Amplio y a Apruebo Dignidad, para hablar claro.
Este núcleo de acción política de largo plazo no tiene por qué, tampoco, excluir acuerdos con el centro político (la DC y otros) y, desde luego, en el corto plazo en las candidaturas a gobernadores y alcaldes, y articulaciones con las diversas expresiones de la sociedad civil progresista.
Esa estrategia unitaria en la pluralidad debe buscar la prolongación de una opción que se proponga volver a derrotar a los conservadores y a la ultraderecha en la elección presidencial y que, para ello, dirima democráticamente en 2025 sus liderazgos en primarias y asegure una mayoría parlamentaria cohesionada para un Gobierno transformador, abierto, dialogante y plural en el período 2026-2030.
Se trata de salir de confrontaciones artificiales y ofrecer a la ciudadanía un nuevo ciclo de estabilidad democrática con un sello de progreso social y de sostenibilidad económica y ambiental, que sea claramente alternativo a las opciones autoritarias y socialmente regresivas de la ultraderecha que hoy domina el campo conservador en la sociedad chilena.
