La seguridad en los establecimientos educacionales es urgente, y si bien exige el esfuerzo de todos en su condena y en la legitimación de la autoridad, necesitamos un Estado garante de la seguridad y del derecho a la educación, que todavía no vemos actuar.
La violencia escolar copa las noticias semanalmente y, sin embargo, lo que vemos en los medios, es sólo la punta del iceberg de un problema que tiene a los establecimientos educacionales del mundo, impedidos de avanzar en aprendizajes, preocupados por la salud mental de los alumnos y profesores, y dificultados en la consecución de profesional docente. Incluso, un artículo reciente del Washington Post, señala que la falta de seguridad en los establecimientos es la principal razón de por qué los padres eligen el homeschooling.
Así mismo, en nuestro país, según una encuesta de la Universidad del Desarrollo, un 78% de los apoderados considera como primera prioridad educativa reducir la violencia escolar. No obstante, el Gobierno permanece bastante mudo frente a un problema tan preocupante para las familias. Sólo con fecha 24 de octubre, en sesión ante el Congreso para analizar el presupuesto, la subsecretaria Arratia frente a una pregunta de los parlamentarios señaló que están trabajando en un Consejo que aborda temas relativos a la violencia escolar. Nada más sabemos al respecto.
Si bien, la violencia escolar no es propiamente un asunto escolar, sino social – parafraseando a Zygmunt Bauman, pareciera que los colegios se han convertido en el basurero de los problemas engendrados socialmente –; el Estado en su rol de garante del bien común y particularmente del derecho a la educación, tiene un rol en la coordinación de las políticas públicas que no puede soslayar.
Esto exige medidas en dos ámbitos: por un lado, a nivel de prevención de los factores de riesgo conducentes a acciones de violencia, y por otro, a nivel de herramientas para que los establecimientos puedan lidiar y evitar las consecuencias de la violencia escolar.
A nivel de prevención, una revisión de literatura en la materia elaborada por el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, señala que dentro de los factores que protegen contra la violencia escolar, destacan la empatía, la preocupación y seguimiento de los padres, la pertenencia escolar, el apoyo social y las relaciones solidarias estudiante-maestro.
La promoción de políticas públicas en este sentido exige por un lado repensar el ejercicio de la autoridad tanto de padres como maestros, de manera de volver a validar el rol que estos tienen en el desarrollo y bienestar de los niños, y por otro, contar con el apoyo transversal de instituciones públicas y privadas, porque los problemas de violencia exceden el ámbito propiamente educacional de los establecimientos. En Chile requeriría coordinar, al menos, a los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social.
Esta transversalidad es necesaria también respecto a condenar absolutamente todo tipo de violencia. Los matices o abusos del lenguaje, como cuando se intenta identificar injusticias sociales con violencia estructural, no permiten avanzar en la erradicación de la violencia como forma de actuar en sociedad. Por ejemplo, en la Estrategia para la prevención de la Violencia en Estonia (2015 – 2020), se explicita el rol fundamental que desempeñan las campañas y los espacios mediáticos que sensibilizan en contra de toda forma de violencia, con el objeto de cambiar las actitudes generales frente a ella, educar a la población, y aumentar la conciencia sobre la prevalencia y la naturaleza de la violencia.
En cuanto a las herramientas con que se debe proteger a los establecimientos, el mismo análisis norteamericano muestra que algunas de las medidas que ofrecen perspectivas positivas son el uso de evaluaciones de amenazas, la facilitación de denuncias de amenazas por parte de pares, aprovechar los contactos de los potenciales perpetradores con los sistemas de salud mental y de justicia juvenil como puntos de intervención y, el freno al acceso y posesión de armas. Sin duda, se requiere, por tanto, contar con el apoyo de los ministerios de Justicia y de Interior para lograr coordinar acciones de esta naturaleza.
La seguridad en los establecimientos educacionales es urgente, y si bien exige el esfuerzo de todos en su condena y en la legitimación de la autoridad, necesitamos un Estado garante de la seguridad y del derecho a la educación, que todavía no vemos actuar.
