Opinión
Es importante analizar la propuesta presupuestaria antes de las modificaciones que se originan en el Parlamento, dado que expresa más fielmente la intencionalidad que el Gobierno les asigna a las distintas tareas, pues todo presupuesto tiene ítems de continuidad derivados de las leyes permanentes.
En la propuesta presupuestaria 2024 del Gobierno para el sector Educación, este vuelve a ser la principal prioridad en esta materia (representando el 18,7% del total del Presupuesto de la Nación), acusando un aumento superior al presupuesto nacional total. En este marco, la propuesta del Ministerio de Educación para la Nueva Educación Pública (NEP), que comprende la unidad central del ministerio, la Dirección de Educación Pública y la gestión de los Servicios Locales de Educación (SLEP) –excluye a sus establecimientos educacionales que en materia operacional se financian vía subvención escolar–, conlleva cambios políticos sustantivos.
Es importante analizar la propuesta presupuestaria antes de las modificaciones que se originan en el Parlamento, dado que expresa más fielmente la intencionalidad que el Gobierno les asigna a las distintas tareas, pues todo presupuesto tiene ítems de continuidad derivados de las leyes permanentes, por lo que no es una propuesta escrita en una hoja en blanco.
A raíz de la polémica detonada por lo ocurrido en el Servicio Local de Atacama, desde la política educacional es muy importante poner mayor atención a esta iniciativa en desarrollo, la Nueva Educación Pública (NEP), dado que la transformación del sistema de educación pública heredado de la reforma de 1981 ha tenido dificultades de cierta relevancia en su implementación –algunas previsibles–, derivadas de la improvisación inicial a raíz del calendario político de su aplicación, a tres meses de finalizar el Gobierno de Bachelet II y, por tanto, de su avance por el Gobierno de derecha que le sigue, el que, más allá de la obligación de atender dicho proceso, claramente este no estaba en su propuesta central de gestión de la educación.
A ello se suman los efectos de la pandemia y de la complejidad generada por un escenario de la educación pública –pareciera– no lo suficientemente diagnosticado en todas las dificultades respecto de lo que significaba el traspaso operacional del sistema desde los municipios a los Servicios Locales, por lo cual –posiblemente–, de no mediar cambios sustantivos en el futuro próximo, esta innovación puede tener una data de muerte próxima.
Esta línea programática equivale al 2,4% del total del presupuesto del Mineduc, la cual no es una de las principales materias presupuestarias, pero sí es importante en cifras y más aún en lo político, para sus creadores de tendencia progresista.
La propuesta plantea un aumento de recursos de 1,3% neto respecto al año 2023. Dicho registro es menor al total del incremento del Ministerio, pero se explica en parte porque se ha reducido el ritmo de traspaso de los establecimientos a los SLEP por las dificultades anotadas. No obstante, busca atender problemáticas que son muy relevantes en la actualidad.
Una, las dificultades de recursos para resolver cuestiones urgentes de operación de los Sistemas Locales, incrementándose, por lo tanto, los Fondos de Apoyo a la Educación Pública en un 11,1%, lo que permite atender cuestiones muy diversas, incremento que se explica por el aumento de 42,3% de los Fondos de Apoyo para los Servicios Locales, los que a la fecha han mostrado ser insuficientes para garantizar la operación virtuosa del sistema, al fusionar unidades territoriales con importantes diferencias salariales, de personal, de estilos y de capacidad de gestión, de tamaño, etc., y también con vacíos relevantes de información sobre la situación financiera al momento de sus traspasos, sin incluir, además, los déficits de capacidad de gestión local y central del sistema que se han evidenciado en estos años en diversos estudios y sucesos, como el del SLEP de Atacama.
También se registra un alza de un 25,4% en los recursos destinados a la reactivación educativa. Esta materia ha demostrado ser muy importante y claramente fue subestimada en los presupuestos anteriores, por lo cual en parte se corrige. Ello debió haberse realizado previamente con mayor decisión y su impacto es determinante para el país, lo que no implica que su recuperación sea pronta, pero sí que es imprescindible.
Adicionalmente, si bien el presupuesto para infraestructura de establecimientos públicos disminuye en un 6,2%, destaca la creación de una nueva asignación para la mantención y reparación contingente de infraestructura escolar, necesidad que el servicio de Atacama dejó en evidencia.
En materia de disminución presupuestaria, respecto del mejoramiento de la calidad de la educación pública, este fue del 4,7% del presupuesto de la línea programática, correspondiendo a una merma en sus principales asignaciones: asesoría y apoyo a la educación pública (-14%), educación técnico profesional pública (-11,8%), formación de los profesionales de la educación pública (-17,8%) y apoyo al deporte y la recreación pública (-20%).
El análisis de la política educacional delineada por el presupuesto de la NEP atiende materias fundamentales, una destinada a reforzar su implementación, esencialmente desde el impacto de la política educacional en diversos aspectos sustentados, cuya finalidad es responder a situaciones más urgentes que las de mediano plazo, pero que pueden ser decisivas para su vigencia de corto y mediano plazo. Pero no queda claro si las fisuras más profundas de construcción del nuevo sistema público se están atendiendo con la dedicación y recursos necesarios.
No obstante, hay cuestiones estratégicas que deberían ser reposicionadas, una de las cuales es el apoyo efectivo y oportuno de la Unidad Ministerial central respectiva (Dirección de Educación Pública – DEP) a la tarea señalada, esencialmente en las competencias y capacidades del personal de los SLEP para llevar a cabo la operación del inicio del sistema sin enfrentar situaciones críticas, aspectos que podrían suplirse con el incremento de los gastos operacionales y administrativos de los SLEP en un 52,7% para personal y en 51,2% para bienes y servicios.
Siempre hay que considerar en esta materia la rivalidad de los recursos producto de la incertidumbre de los cambios y la escasa evidencia de nuevos resultados esperados por las transformaciones, versus las demandas por nuevos recursos, que son difíciles de estimar por la falta de experiencia en las nuevas situaciones a que ha llevado la transformación en curso.
Un análisis más profundo de la política en esta materia requiere revisar una serie temporal más amplia, pero ya que nuestra política –por lo general– se juega en algo menos de cuatro años por la duración de los gobiernos nacionales y subnacionales, el presente análisis presenta interrogantes que se podrían revisar.
