La necesidad de terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE)

El Gobierno, tal como fue una de sus promesas de campaña, tiene un plan para terminar con el Crédito con Aval del Estado (CAE) para el financiamiento del acceso a la educación superior. En su momento el CAE fue una solución para dar acceso a la universidad a miles de jóvenes chilenos cuando no existían el consenso político ni los votos para avanzar en gratuidad como existe hoy, sistema que por cierto debe mejorar aún. Sin embargo, las condiciones cambiaron, así como las virtudes en el acceso que pudo haber generado el CAE en un momento. Para su sostenibilidad, se requerían reformas continuas a las reglas de la participación de la banca en el financiamiento de la educación, para gradualmente ir equilibrando el sistema y evitar colapsos en el endeudamiento. Pues bien, tales reformas no se hicieron, a pesar de muchos avisos, y hoy la mochila de esa deuda se vuelve un pesado lastre.

Actualmente, existen más de dos millones de endeudados por este sistema y poco menos de la mitad se encuentra en morosidad. Los problemas que ello tiene impactan en la vida de los endeudados, que con dificultad logran cumplir estos compromisos en un país donde los salarios son bajos y no crecen lo suficiente. Al mismo tiempo, el problema repercute en las arcas fiscales, ya que se deben ejecutar las garantías financieras de quienes no pagan, corriendo un alto riesgo de desequilibrio fiscal en educación por esta causa. Así, la deuda del CAE se ha vuelto altamente tóxica y es urgente abordarla de manera racional.

La condonación de esta deuda en sí misma no es una solución, sino que es necesario cambiar el sistema. Los primeros anuncios sobre la reforma que plantea el Ejecutivo, al parecer, no incluyen una condonación general o un “perdonazo” como base del nuevo sistema, sino solo una parte y de forma gradual y justa para quienes han pagado regularmente. Si la propuesta está bien calculada y los números calzan, en realidad resolvería tres problemas: el de los endeudados, al desbancarizar su deuda; el de los acreedores, al terminar con una deuda tóxica y resguardar sus inversiones; y el del Estado, al evitarse una crisis fiscal mayor en el mediano plazo.

Es importante que la política y sobre todo la oposición tomen este proyecto con altura de miras, pues los profesionales endeudados tienen bajo consumo y necesitamos dar mayor dinamismo a nuestra economía. Por otra parte, la política necesita en sí misma mayor dinamismo y confianza de los ciudadanos. Si esto sale bien, no es solo el Gobierno el que será bien evaluado, será toda la política. Esto debe ser parte de los acuerdos de Estado que necesitamos urgentemente después que resolvamos la incógnita constitucional.