Chile: el plebiscito del 17 de diciembre

El próximo 17 de diciembre los chilenos y chilenas deberán votar de forma obligada si están “A favor” o “En contra” de la nueva propuesta constitucional. El Consejo Constitucional que fue electo en esta ocasión tuvo una mayoría abrumadora de la derecha. De 51 escaños, el Partido Republicano, de derecha ultraliberal, obtuvo 23 asientos. La derecha tradicional (UDI y RN) 11 puestos y la centroizquierda 16, más un asiento de los pueblos originarios. La raíz de este resultado es múltiple. Refleja, en parte, el rechazo al proceso de formación constitucional anterior, cuya Convención estaba claramente cimbrada hacia la izquierda de movimientos sociales heterogéneos. La propuesta que emanó de allí obtuvo –en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022– un 61.86% de Rechazo y el Apruebo logró un 38.14%. Se trataba de una propuesta posmoderna, ecologista, de afirmación pluriétnica, de justicias diferentes para chilenos e indígenas y el cometido de un Estado social de derechos y paridad de género.

Pero en una vuelta de campana, la actual propuesta de Constitución representa el “programa” del Partido Republicano. Diseña considerandos contra el aborto –”La ley protege la vida de quien está por nacer”– que abre la puerta a la eliminación del aborto vigente por tres causales. Permite un asunto inédito, la existencia de la “objeción de conciencia” tanto personal como institucional en torno a esta delicada materia. Es decir, un establecimiento de salud –o institución– de cualquier naturaleza puede objetar el aborto en cualquier causal y este no se aplicaría allí.

En el plano de la salud permite la provisión mixta pública y privada que, en la práctica, consagra el actual sistema de salud de seguros privados, altamente costoso, que cubre en torno a un 17% de la población. El 80% restante se atiende en el sistema público, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). En el plano de las pensiones se establece de igual modo la elegibilidad entre un sistema privado o público y deja de lado la posibilidad de alguna forma de reparto o de mayor grado de solidaridad intergeneracional. Sabido es que las pensiones en Chile son de administración privada, cuya tasa de reemplazo bordea el 34% de monto de jubilación en relación con el último ingreso de las personas. Se indica en el apartado sobre Estado, de manera retórica, que este será un “Estado social de derecho”. También se eliminan las contribuciones o impuestos a la primera vivienda en la línea ultraliberal del Partido Republicano.

Se consagra, en definitiva, un texto que señala bien un programa político, más que un acuerdo amplio o “consenso sobre fundamentales”, como diría la expresión anglosajona del derecho y la ciencia política.

Es necesario agregar un telón de fondo clave que explica en este periodo la situación de Chile. En efecto, el triunfo presidencial –con Gabriel Boric– del Frente Amplio, en noviembre de 2021, se funda en la llegada al Gobierno de una nueva generación política de izquierda que se instala al calor de los movimientos estudiantiles y de la amplia protesta social de octubre de 2019. Este grupo generacional de distintos partidos pequeños, que suma el apoyo de la izquierda clásica en segunda vuelta, promete un proyecto refundacional e igualitario en contra del neoliberalismo.

Sin embargo, a corto andar, el nuevo Gobierno se enfrentó a la impericia de gobernar, mostrando serias torpezas. Se jugó a fondo por la nueva Constitución y su Convención, que mostraba un jacobinismo poco informado e ideologizado. La durísima derrota ya señalada de este proyecto de Constitución deja en muy mal pie al actual Gobierno y prefigura el segundo proceso donde triunfa el Partido Republicano.

El mar de fondo es el crecimiento de la inmigración ilegal, la penetración del narcotráfico y de bandas criminales, las amplias tomas de terrenos de parte de mafias organizadas y el aumento exponencial de la criminalidad y la inseguridad, señalada como primer problema por los chilenos. Y, por cierto, el crecimiento, como verdadera hemorragia de la corrupción en gobiernos regionales y locales. Es decir, como con precisión señala un libro muy leído en estos días del arquitecto Iván Poduje, estamos ante un “Chile tomado” por estas mafias y por el crimen organizado y corrupción.

Mientras tanto, la elite, en un club cerrado, discute otros asuntos, muy tranquila en sus distritos y comunas de privilegio, pero lo que está en juego, en verdad, más allá de un documento jurídico, es la hegemonía en la derecha y la apuesta en las próximas presidenciales del Partido Republicano y su líder José Antonio Kast. Este partido se ha jugado a fondo por el proyecto de Constitución actual como su propio programa político. Con ello, arrastra a la derecha más clásica, como la UDI y Renovación Nacional y otros grupos menores de “centro”. Con una divisa tradicional en torno al orden, la autoridad, la nación y la seguridad, los republicanos buscan con toda energía ganar las presidenciales de 2025.

Todo parece incierto en un país fragmentado, con malas cifras económicas –una contracción del 0.4– y con una amargura por la mala política, la inseguridad y la precariedad en todo sentido. La política es vista como algo muy ajeno, en la que dice confiar un escaso 2% de los chilenos. Una amplia y mayoritaria franja de la población, un 62%, no se identifica con ningún partido político.

Todo parece indicar que en Chile se replican los síntomas epocales de cansancio y hastío con las elites políticas tradicionales y quizás con una vicaria identificación con símbolos tradicionales del orden, la seguridad y el nacionalismo. Muchos estudios recientes nos llevan a pensar que la democracia liberal está en retroceso y que la ciudadanía busca respuestas rápidas a problemas complejos. Los canales institucionales actuales no parecen contener las pasiones, las rabias y pulsiones de la población de muchos países y en especial de las nuevas generaciones. Así están las cosas.