Opinión
Se hace necesario visibilizar la problemática femenina asociada al delito desde una manera más amplia, integradora y de corresponsabilidad social. Necesitamos, a la luz de los hechos, políticas públicas penitenciarias con perspectiva de género.
Se ha desarrollado un muy interesante conversatorio sobre encarcelamiento femenino y Ley de Drogas, organizado por la Fundación Mujer Levántate –que preside con gran dedicación la Hermana Nelly León–, con la participación activa del ministro de Justicia, Sr. Luis Cordero. Este es un tema de gran trascendencia y repercusión social, en especial cuando existe una importante crisis de seguridad en nuestro país. Según la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), conocida la semana pasada, la percepción de inseguridad alcanza un muy alto nivel, debido al aumento de delitos violentos, secuestros y alza en la tasa de homicidios. Esto sin duda impacta a todo el sistema carcelario, con una mirada más severa y castigadora de todas las personas privadas de libertad, independiente de sus causas e implicancias.
Por otra parte, hace solo algunos días, el Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento en América Latina lanzó el informe titulado “Liberarlas es justicia: Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento en América Latina”, un documento que analiza casi diez años de investigación sobre este tema y que aborda los desafíos y oportunidades para el futuro en la persecución del objetivo de reducir de manera significativa el número de mujeres privadas de libertad en América Latina.
El informe señala que en la región el porcentaje de mujeres encarceladas por delitos de drogas oscila entre el 40 y el 80% de la población carcelaria femenina, con un notorio aumento en los últimos años. En Chile, cerca de la mitad de las mujeres encarceladas está privada de libertad por delitos de drogas, muy por encima del 17% en el caso de los hombres. Así también, la quinta edición de la “Lista mundial de mujeres encarceladas”, publicada el año 2022, muestra que el número de mujeres y niñas detenidas en todo el mundo aumentó en un 60% desde el año 2000, mientras que el de hombres aumentó en un 22%. Chile no es la excepción a esta tendencia. Lo que se debate entonces es si la cárcel o diversas penas alternativas son la vía más adecuada para abordar el tema del encarcelamiento de mujeres por microtráfico.
Las cifras muestran que la mayoría de las mujeres privadas de libertad tienen escasa educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de personas dependientes –en especial niños(as), jóvenes, personas de mayor edad o con discapacidad motora y sensorial, entre otras labores–. En Chile, el 89% de las mujeres privadas de libertad tiene en promedio tres hijos, por lo que, al ser encarceladas, su entorno familiar, niños menores incluidos, queda en situación de abandono.
Por otra parte, se ha observado que su encarcelamiento escasamente contribuye a desmantelar los mercados ilegales de drogas y a mejorar la seguridad pública, lo que requiere otro tipo de medidas. Por el contrario, la prisión suele empeorar la situación, dado que reduce la posibilidad de que las mujeres encuentren un empleo decente y legal cuando recuperan la libertad, lo que perpetúa el círculo de pobreza de toda una familia, de vinculación a mercados de drogas y encarcelamiento. Esto, sin analizar lo que significan los años de abandono en el desarrollo de los(as) niños(as) en esta condición.
La Fundación Levántate Mujer, desde hace quince años ha venido realizando un trabajo notable en la promoción de la dignidad de la mujer privada de libertad y en resaltar su derecho a tener una nueva oportunidad. En la actualidad apoya a cerca de 300 mujeres al año, desde que son encarceladas, durante su proceso de transición y hasta su integración a la comunidad. Es importante destacar que las cifras muestran que el 94% de las mujeres que egresan del programa de la Fundación no reincide. Esto es un logro mayor, al considerar los resultados de quienes egresan sin este apoyo. Por esto, se hace muy necesaria la implementación de iniciativas legales que avancen en este sentido, junto a medidas de apoyo y rehabilitación.
Por todo lo descrito, se hace necesario visibilizar la problemática femenina asociada al delito desde una manera más amplia, integradora y de corresponsabilidad social. Necesitamos, a la luz de los hechos, políticas públicas penitenciarias con perspectiva de género. Es necesario abrir espacios de diálogo sobre el tema y la posibilidad de explorar la implementación de posibles penas alternativas a las que están en vigencia hoy. Al analizar los datos y nuestra situación actual, se hace necesario plantear reformas al actual sistema penitenciario, de manera de abordar la perspectiva de la prevención y también el uso racional de las penas privativas de libertad en las mujeres que están en estas condiciones. Una gran tarea, a la que podemos aportar desde las universidades.
